Sistema de justicia “socialista” paralelo
En ocasiones, el régimen chavista, si no gana la elección de un funcionario del Poder Ejecutivo (gobernador o alcalde), crea una figura paralela que le usurpa parcialmente sus funciones; si pierde la mayoría en la Asamblea Nacional o en los parlamentos regionales, solicita el auxilio judicial para que los declare “en desacato” o anule sus decisiones; si la Constitución que patrocinó ya no le sirve y fracasa en su proyecto de reforma (diciembre de 2007), la viola sin ningún pudor.
No satisfecho con el control del Tribunal Supremo de Justicia (al decir de Alberto Arteaga Sánchez, “ha dejado de ser tribunal, no es supremo, no es de justicia”) y de la provisionalidad de la mayoría de los jueces que, por provisionales, puede nombrar y destituir a su antojo, ahora el Poder Ejecutivo, contrariando nuevamente el sistema constitucional venezolano, ha creado un sistema de “justicia socialista”, que será, sin duda alguna, un sistema de justicia paralelo al existente.
En efecto, en el acto de apertura del Año Judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, Maduro anunció la creación de la “Misión Justicia Socialista”, señalando que “ahora sí podemos decir que habrá justicia para todos”. A tal fin, ha dictado el Decreto Nº 41.090 del 7 de febrero de 2017, en el que se establece “una red primaria de atención jurídica gratuita e integral para las personas, colectivos y sectores sociales desde y en sus propias comunidades y comunas”. Con razón, la Academia de Ciencias Políticas y Sociales, en comunicado público de fecha 10 de marzo, rechazó la “justicia socialista” que ese Decreto “pretende establecer en nuestro sistema jurídico de manera soterrada, al abrigo de un mecanismo de resolución de controversias comunales, atentando contra el sistema de justicia dispuesto en la Constitución”.
Hay más. La Academia también observa que los artículos 178, numeral 7, y 258 de la Constitución establecen que la justicia de paz es una competencia municipal organizada por una ley nacional, que como tal sólo puede aprobar la Asamblea Nacional, nunca por un Decreto ejecutivo que es un instrumento de rango sub-legal. Se desconoce así el principio de la reserva legal y el Poder Ejecutivo arma su propia estructura judicial al servicio de la ideología política que dice profesar, su “Misión Justicia Socialista”, que dictará sentencias que hablarán con voz prestada.
El ventrílocuo va a estar en Miraflores.
