La Debilidad del Bolívar Fuerte

Viernes, 19 de octubre de 2007

Para ser fuerte una moneda necesita más que el nombre. Porque si de deprecia interna y externamente, como viene ocurriendo y siguen siendo las tendencias, puede llamarse así todo lo que quiera, pero otra cosa es que adquiera esa cualidad. A menos que ocurra lo peor, el bolívar fuerte va a nacer con plomo con el ala.

La inflación nacional sigue alta y aumentará más hasta fin de año, por las consecuencias inmediatas del alza en el gasto fiscal, la continuidad en problemas de abastecimiento y de oferta interna de rubros alimenticios, y la excesiva expansión monetaria. Las cotizaciones de mercado del bolívar frente a otras monedas se han deteriorado gravemente durante todo el año y continúa la presión, por el exceso de oferta de dinero empotrada en el sistema.

A estos factores técnicos, hay que añadir la expectativa fuertemente negativa creada entre consumidores y productores por el cambio constitucional respecto al régimen de propiedad, monetario y modelo económico, siendo un aspecto puntual pero crucial su implicación sobre el manejo de las reservas internacionales, que aumenta drásticamente la probabilidad de una administración política y no financiera del respaldo fundamental del valor de cambio externo de la moneda venezolana. La perspectiva fiscal, en el mismo sentido, luce fuertemente deficitaria para el próximo año, por la continuada expansión del gasto, incluso en un escenario de mantenimiento del elevado precio de exportación del petróleo. En este contexto de fuerzas inflacionarias que continúan sin rectificación, el bolívar fuerte puede fácilmente terminar siendo un sueño vaporoso.

No deja de llamar la atención que en el cambio constitucional propuesto por el gobierno, la unidad monetaria sea llamada bolívar, a secas. Es decir, sin mención alguna de la terminación "fuerte". Este detalle llevaría a que de aprobarse la propuesta como está, la nueva moneda sería inconstitucional en lo que se refiere al nombre. Es un detalle que puede ser subsanado, ahora que se dio luz verde a cambiar mucho más que los puntos y las comas de la propuesta original, y hasta de cambiar otros artículos, distintos a los originalmente precisados con severidad de cirujano como exactos e inalterables. Pero aún así, deja el sabor amargo de una evidencia más de la falta de seriedad conque se tratan temas tan delicados y medulares para el buen funcionamiento económico.

El las condiciones descritas de dinámica macroeconómica e institucional, y con un detalle como el mencionado, cualquier observador puede concluir que el mismo gobierno no se toma realmente en serio su proclamada reforma monetaria, y que la misma tiene como finalidad objetivos distintos a la pregonada lucha contra la inflación.

Volviendo al tema principal, hay que recordar que la credibilidad de una moneda proviene de muchos factores, que pueden resumirse en la solidez de las políticas económicas globales. Están disponibles en la teoría varios arreglos institucionales diseñados para poner límites a los excesos financieros de los gobiernos, como la autonomía del banco central, la dolarización, y hasta la caja de conversión, en el entendido que por responsables y honorables que pueda llegar a ser el equipo económico, el interés general está mejor servido de manera permanente con instituciones que pongan freno al manejo monetario irresponsable, porque son más frecuentes los intentos de excederse en el manejo financiero. Esto lo saben los expertos y hombres de negocio de todo el mundo.

Sin embargo, en el cambio radical de régimen monetario planteado en la aspiración constitucional oficialista se apunta claramente al manejo discrecional y arbitrario de las reservas internacionales, y por implicación inescapable, al control igualmente discrecional sobre la oferta monetaria, con lo cual el gobierno adquiriría capacidad contable infinita para continuar su descabellada expansión del gasto, fundamentándose en lo que algunos jerarcas llaman las nuevas reglas del manejo macroeconómico socialista, en el cual la emisión inorgánica de dinero para financiamiento fiscal carecería de repercusiones inflacionarias significativas, mientras otorgaría al estado la habilidad de prolongar indefinidamente el crecimiento basándose en la continuada expansión de la demanda interna. Algo parecido se hizo en décadas pasadas en varios países suramericanos, originándose fenómenos de hiperinflación galopante, en la vana creencia de que con "déficit spending" se generaba desarrollo y crecimiento infinitos. En su lugar, se sembraron las semillas de penosos procesos de empobrecimiento y de profundas crisis sociales y políticas, de las cuales tomó también mucho tiempo resurgir.

El Prof. Stiglitz recientemente de visita manifestó, según la prensa, su inconformidad con la autonomía del Banco Central, muy en línea con lo que es el arreglo estadounidense en la materia donde el gobierno no puede explícitamente imponer una línea al Federal Reserve, pero la presión política puede ser tan colosal como efectiva (como pudo verse en la reciente decisión del Fed de Bernanke de bajar en 0,5 puntos la tasa de interés). En esto, Stiglitz se inmiscuyó en la discusión interna sobre el cambio constitucional que elimina la autonomía del banco central en Venezuela, evaluando el asunto desde el punto de vista americano. Pero ese punto de vista no tiene nada que ver con lo que "aquí" se implica con la eliminación de la autonomía del Banco Central, que consiste en el definitivo y directo manejo de la oferta monetaria por parte del ejecutivo, según sus prioridades políticas, respecto a lo cual dudo que este profesor pueda evitar, si es cuestionado específicamente, expresar un total desacuerdo.

De hecho, Venezuela se ha venido desligando cada vez más en el manejo de las finanzas públicas y de la oferta monetaria de un marco estable y conocido de reglas. Se viene aplicando deliberadamente la tesis de que la práctica en contrario deroga la ley, en esta y otras materias medulares. Lo que en el marco normativo debiera constituir una separación funcional y de objetivos entre los presupuestario, lo monetario y las finanzas de la industria petrolera, ha terminado por convertirse todo en un asunto de carácter fiscal, que incluye el establecimiento de prioridades y hasta el manejo directo de la moneda y las divisas, con escasa transparencia y control en el destino final de los fondos, y virtualmente ninguna atención a la solvencia fundamental de la estructura de capital tanto del Banco Central como de PDVSA, así como a la solvencia sostenible de la misma Hacienda Pública hacia el futuro. Los riesgos financieros y macroeconómicos involucrados en este manejo arbitrario y discrecional de la hacienda pública y de instituciones centrales para la estabilidad económica del país ya comienzan a ser observados con preocupación especial por analistas extranjeros, luego de haber sido abundantemente planteados, denunciados y analizados, desde hace tiempo, por expertos en la escena nacional.

La ligereza y el desparpajo con que se maneja el tema presupuestario es síntoma de un actitud más general frente a lo económico, estructurada ya no en el pensamiento socialista, sino en la más rupestre displicencia frente a la credibilidad de las políticas explícitas y la obligación de rendir cuentas, está última en vías de desaparecer del ordenamiento constitucional. Un ejemplo sirve para ilustrar esta práctica, ya recurrente, pero ahora abiertamente fuera de mesura.

El presupuesto de 2008 que se discute (= se aprueba) en la Asamblea Nacional, en paralelo a la discusión (=aprobación) del proyecto de cambio constitucional, contempla un gasto de Bs. 138 billones (todavía no en BsF, según la prensa), totalmente fuera de lo probable, ya que está por debajo del gasto autorizado en tan solo los 9 meses ya terminados del 2007, y más lejano todavía de las solicitudes presupuestarias iniciales que rondaban los Bs. 200 billones, incluso en las cuales ni siquiera se tomaban en cuenta las implicaciones fiscales de los nuevos costos que tendrán los más recientes aumentos de sueldos, la caída del valor agregado medio por reducción del 25% en la jornada laboral diaria, los efectos del latigazo inflacionario en ciernes, la merma del ingreso petrolero neto (deuda, gastos sociales, aumento de costos, caída de producción, que pueden compensar con facilidad el tan deseado nuevo aumento del precio internacional). Tampoco están considerados los nuevos costos del Estado socialista que emergería del cambio constitucional, desde el poder popular, las nuevas vicepresidencias, regiones militares, entre otros, con las cuales se planea la construcción de toda una nueva burocracia, formal e informal, en paralelo a la ya existente.

Estas fuentes de desbalance en lo fiscal y monetario contribuyen a todo, menos a fortalecer la nueva moneda. Si las mismas políticas dispendiosas se repiten, no cabe esperar resultados distintos en materia de inflación y de presiones sobre el tipo de cambio. No es serio que un gobierno en estas circunstancias esté planteando la conversión monetaria dentro de un supuesto plan anti-inflacionario. A menos que todo sea una cortina de humo, y que en el nuevo estado socialista se tenga programada desde los conciliábulos donde todo se decide, la congelación total de precios y la consiguiente ocupación del aparato productivo y comercial, ambiente en el cual la inflación desaparece de las estadísticas oficiales y es reemplazada por la escasez crónica de bienes y servicios en los anaqueles y almacenes. Fuera de esta consideración, descabellada desde el punto de vista nacional, pero en principio factible en un nuevo marco constitucional como el propuesto, no cabe sino recomendar que la llamada reconversión monetaria sea postergada hasta obtener un contexto menos inflacionario, o que la misma se sincere y deje de ser catalogada como un instrumento de lucha anti-inflacionaria.