América Latina: Una visión panorámica de logros y avances.

Deseo agradecer al instituto de altos Estudios Latinoamericanos de la universidad Simón Bolívar por la invitación que gentilmente se me ha formulado para dirigirme ante esta audiencia, a fin de sostener un intercambio de ideas relativas a los logros y avances experimentados por América Latina en sus relaciones internacionales. Especialmente, quiero agradecer al profesor Khaldone con quien compartí algunos años de formación universitaria en aquellos tiempos en que su experiencia y madurez servían de ejemplo a muchos jóvenes que acudíamos a las aulas de la Universidad Central de Venezuela.

Se me ha pedido desarrollar el tema de los progresos registrados en América Latina en el año 1997, lo cual me obliga a remontarme a algunos años anteriores a fin de contar con un marco de referencia apropiado que nos permita dar una visión general de los avances y desafíos de la región.

Comparto la visión de que en los últimos años, la región ha experimentado cambios sustanciales tanto en el plano económico como en el ámbito político y social. Sostengo que América Latina ha tenido avances de crecimiento económico, cuando la tasa promedio de hoy alcanza el 45% muy similar a la registrada en algunos países asiáticos. En materia de control de la inflación, en la década pasada la región tenía una tasa de 300%, mientras que en esta década la inflación promedio del continente alcanza el 35%, un caso que ilustra esta descripción es la economía boliviana. Bien conocido por todos es la circunstancia cuando la situación en ese país superaba los tres dígitos y la moneda virtualmente no tenía casi ningún valor. Contrastada la realidad de hoy cuando por varios ininterrumpidos ha logrado controlar en forma efectiva el fenómeno de la hiperinflación luego de aplicación de un riguroso programa de estabilización macroeconómico.

En materia política los progresos no han sido menos significativos. Atrás han quedado los años en donde la presencia de dictaduras y gobiernos de facto, estaban a la orden del día. Hoy todos los países de la región, con una sola excepción, disfruta de gobiernos democráticos libremente electos. Nuestra región se consolida como un continente en donde la práctica democrática constituye un elemento común y un valor en torno al cual nuestras sociedades se aglutinan. De esta manera, tal como lo han reflejado diversos analistas la defensa de la democracia pasó a ser una preocupación interna para convertirse en una prioridad para los países del hemisferio.

Por otra parte, los procesos de descentralización político-administrativos constituyen hoy una práctica en la mayoría de los países de la región. Dichas propuestas se orientan hacia la modernización del estado tanto en su estructura como en su funcionamiento, bajo criterio más eficiente, que apuntan al refortalecimiento de la democracia y a la creación de las condiciones necesarias para superar los problemas de gobernabilidad que se ciernen sobre nuestras sociedades. Se trata de cambios políticos e institucionales de gran alcance que han generado nuevas instituciones, han proporcionado nuevos liderazgos y nuevas formas de relacionamiento social donde la ciudadanía adquiere un mayor protagonismo en la búsqueda a los problemas que le conciernen.

Un ejemplo de esta nueva realidad lo constituye, por citar alguno, los procesos de reforma del estado en materia electoral que se adelantan en varios países de América Latina que han permitido la elección directa de autoridades regionales y municipales. En este mismo proceso de descentralización los niveles regionales y municipales vienen adquiriendo cada vez mayores responsabilidades que antes no tenían. Al propio tiempo, estos procesos de descentralización y reforma del estado han generado un amplio abanico de oportunidades para la participación de la sociedad civil en la gestión pública, en los servicios que directamente le conciernen como los servicios públicos fomentando al propio tiempo una nueva conciencia hacia el administrador quien se siente más comprometido a realizar una gestión pública más eficiente.

En este mismo orden de ideas surge hoy en América Latina una fuerte corriente de pensamiento que ha impulsado la puesta en práctica de programas orientados a la reforma del sistema judicial, conscientes de la importancia que reviste una justicia fuerte e independiente en donde la transparencia, competencia, accesibilidad e integridad son principios fundamentales para la consolidación efectiva del estado de derecho y nuestras sociedad.

Persuadidos de la necesidad de adelantar reformas orientadas al fortalecimiento del sistema judicial, América Latina se ha embarcado en esta empresa y muchos de nuestros países avanzan hacia la puesta en práctica de medidas que rescaten la confianza y la credibilidad del sistema. Ello ha sido asumido por nuestras naciones tanto a nivel hemisférico como en otros mecanismos donde la región participa activamente.

Señoras y Señores:
Nunca como en la hora actual, la región latinoamericana se ha mostrado al mundo con un perfil tan sólido en lo que respecta a la consolidación de espacios políticos dentro de la estructura internacional cada vez más dominada por las fuerzas de la globalización, convirtiéndonos en actores fundamentales de un escenario mundial con tendencias raras a la multipolaridad. Este nuevo crecimiento exógeno que apunta hacia una profundización del diálogo y a la cooperación con vistas a una mayor integración.

Ciertamente, este proceso se ha fortalecido gracias a la vigencia de la democracia cada vez más consolidada en la región, la cual entendemos como un modo de vida coadyuva al logro de objetivos e intereses comunes. Estamos convencidos que la democracia se constituye en el vehículo idóneo para la configuración de un orden internacional basado en la justicia social y al respeto de los derechos humanos y a las libertades fundamentales.

Muestra de este apego y compromiso de la región con la democracia y la libertad se expresa en los pronunciamientos formulados en el marco de los mecanismos de consulta y concertación política y organizaciones regionales., como el Grupo de Río y la Organización de Estados Americanos (OEA). Así pues, en la XI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Grupo de Río, celebrada en Asunción, Paraguay, en agosto de este año, se adoptó una declaración que prevé un mecanismo de salvaguarda conocido comúnmente como cláusula democrática que establece la convocatoria de una reunión de Ministros de Relaciones Exteriores de los países miembros en caso de producirse, en cualquiera de ellos, hechos que alteren el estado de derecho o impliquen una ruptura del orden democrático.

Esta Declaración reafirma el alcance del Protocolo de Washington de 1992, el cual entró en vigor el pasado 25 de septiembre, una vez depositado por parte de Venezuela instrumento de ratificación. Este instrumento permitirá sancionar a un estado miembro de la Organización, en casos en que su Gobierno democráticamente constituido, sea derrocado por la fuerza.

A la par de estos avances no podemos dejar de mencionar la importancia de las deliberaciones que tuvieron lugar en el contexto de la VII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno efectuada en Margarita en noviembre pasado, bajo el tema de los «Valores Eticos de la Democracia». En este sentido, la Declaración de Margarita ratificó la voluntad de la comunidad iberoamericana de «continuar en el camino de fortalecer y perfeccionar nuestros sistemas democráticos de progresar cada vez más en el respecto y protección a los derechos humanos de garantizar el respecto al Estado de derecho de lograr un óptimo equilibrio entre equidad y eficiencia en nuestros sistemas económicos con el objeto de la búsqueda de la justicia social y velar por la libertad de expresión como elementos fundamentales de nuestros sistemas democráticos y de incentivar a nuestros pueblos para su participación activa en la consecución de tales propósitos».

Siendo la ética un valor intrínseco al efectivo funcionamiento de la democracia, deseamos subrayar que la región, a iniciativa de Venezuela, se ha dirigido como líder en lucha contra la corrupción al suscribirse en Caracas, en marzo de 1996, la convención Interamericana contra la Corrupción el primer instrumento a nivel hemisférico y mundial de esta naturaleza.

La corrupción se presenta como una de las principales amenazas para las sociedades democráticas. Es al propio tiempo un obstáculo para el desarrollo económico y social que exige se combata de manera integral con el esfuerzo mancomunado y solidario de todos los países. Por ser éste un fenómeno global abrigamos la esperanza de que un día este esfuerzo se vea igualmente materializado en una Convención mundial bajo el influjo de la Organización de las Naciones Unidas, en la cual se refleje la preocupación de todos los países por este problema y la necesidad de concertar estrategias que permitan combatir este delito.

Ya en este sentido, se han aprobado importantes resoluciones en el marco de este foro multilateral que buscan combatir el soborno internacional en las prácticas comerciales. De igual manera, muy recientemente la Organización para la Cooperación y desarrollo Económica (OCDE), que agrupa a las naciones económicamente más desarrolladas adoptó una resolución mediante la cual se sanciona el soborno dentro de las prácticas comerciales.

En el ámbito latinoamericano, varios países han creado organismos gubernamentales de vigilancia, preservación y fomento de la ética pública. Así por ejemplo, Argentina promulgó la Ley de Control y Administración Financiera, Colombia aprobó en 1995 un Estatuto Anti Corrupción y constituyó una consejería Presidencial para la Administración Pública con el mandato de diseñar un programa destinado a sanear la gestión gubernamental basado en la transparencia administrativa. Varios países latinoamericanos cuentan con Códigos de Ética Profesional del Servidor Público, entre ellos Brasil y Perú. Vale igualmente destacar las acciones desplegadas por numerosas Organizaciones. No Gubernamentales, las cuales están cumpliendo un importante papel como entes de la sociedad civil encargados de la vigilancia de la gestión pública y privada.

Conscientes de la importancia de reafirmar la ética en el ejercicio de la política se ha iniciado una importante reflexión en el seno de la organización de Estados Americanos, sobre la urgencia de acordar medidas pendientes a impedir que los partidos políticos sean objeto de manipulaciones por parte de las mafias internacionales del crimen organizado. La corrupción política vía el financiamiento a los partidos y a sus candidatos es un tema que ha generado preocupación en los países latinoamericanos.

A tal efecto, por decisión de la XXVII Asamblea General de la O.E.A de junto de este año y a propuesta de Venezuela se tiene previsto para febrero del próximo año la celebración en Caracas de una Reunión de Representantes Gubernamentales sobre Contribuciones en Campañas Electorales. La celebración de este encuentro busca prevenir la corrupción política vía el financiamiento a los partidos y sus candidatos revalorizar la actividad política.