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De Traición a la Patria…..

Y pensar que en este momento hay un juicio por traición a la Patria.

Muchos venezolanos y la opinión pública internacional ignoran que en este momento se está juzgando en la jurisdicción militar al teniente coronel (GN) José Humberto Quintero Aguilar por segunda vez por los delitos de traición a la Patria, abuso de autoridad y faltas al decoro militar por la supuesta entrega del narco-terrorista Ricardo González, alias Rodrigo Granda, a las autoridades colombianas en diciembre de 2004.

Lo “curioso” del asunto y lo que me lleva a escribir estas líneas es que la acusación de la Fiscalía Militar contra el comandante Quintero Aguilar está basada en el apartado 3 del artículo 464 de la Sección I del Código de Justicia Militar de Venezuela sobre los delitos ‘De la Traición a la Patria’ y que establece (que lo es): “Practicar actos de hostilidad contra un país extranjero que expongan a Venezuela a peligro de guerra, ruptura de relaciones diplomáticas, represalias o retorsión”.

El argumento de la Fiscalía Militar es que la captura y entrega de Granda a las autoridades colombianas llevó a Venezuela a una situación de casi ruptura de relaciones y pre-guerra (no intenten buscarle la lógica a que el único país extranjero agraviado en caso de existir sería el país FARC o que fue el mismo gobierno de Chávez el que cerró las fronteras y casi declara la guerra, azuzado por los comunicados de la organización narco-terrorista). La pregunta lógica con lo que está sucediendo en Venezuela al momento de escribir estas líneas, es: ¿No constituyen traición a la Patria, las declaraciones y acciones de Hugo Chávez, Tarek El-Aissami, Nicolás Maduro y los integrantes de la Asamblea Nacional, quiénes prácticamente, sin que medie agresión alguna contra Venezuela, ni directamente ni por mampuesto, han manifestado estar dispuestos a morir por defender “la causa palestina” que igualan a Gaza (que de paso no es la causa de los venezolanos ni de su incumbencia, ni geográfica, ni histórica, ni religiosa, ni culturalmente)?

El gobierno bolivariano ha practicado actos directos de hostilidad contra Israel al menos en dos oportunidades; a saber, el allanamiento por parte de la policía política (DISIP) del Centro Social Cultural y Deportivo Hebraica, que también alberga el colegio Moral y Luces, en noviembre de 2004 y diciembre de 2007, sin que mediara orden judicial o causa aparente alguna (el primer allanamiento después del asesinato del fiscal Danilo Anderson, gran amigo de el ministro Tarek El Aissami y el segundo, horas antes de la derrota en el referéndum por la reforma constitucional). Chávez además ha expulsado a los embajadores y personal diplomático de Israel en Venezuela, también en dos oportunidades, en agosto de 2006 para expresar su “indignación” por los bombardeos del ejército israelí contra Líbano (poniéndose de hecho del lado de Hezbollah) y ayer martes en protesta por la ofensiva en la franja de Gaza (poniéndose esta vez del lado de Hamas), usando siempre de tapadera la causa palestina o la causa de los pueblos árabes.

No conforme con los epítetos a Israel y su gobierno, elegido democráticamente por sus ciudadanos (algo de lo que no pueden presumir la mayoría de esos países musulmanes tan “defendidos” por el anti-semita Chávez), Chávez y personeros de su régimen también anunciaron que establecerán “un puente aéreo humanitario junto a la comunidad árabe y musulmana, para llevar medicinas y alimentos a las víctimas palestinas en Gaza”. Sin consideraciones a lo irreal de ese planteamiento (típica verborrea demagógica del metiche de siempre), el meollo de la cuestión es que Israel bien podría creer que cualquier envío proveniente de Venezuela pudiera contener más que simples alimentos y medicina.

No es una suposición temeraria por cuanto ayer mismo revelaban las autoridades turcas que en diciembre encontraron material de laboratorio para hacer explosivos, en 22 contenedores identificados como «partes de tractor», procedentes de Irán y con destino hacia Venezuela. Si la sospecha o denuncia anónima de la existencia de un arsenal de armas en el Club Hebraica llevó a que decenas de efectivos armados hasta los dientes irrumpiera en sus instalaciones atemorizando a los niños que estaban en clase, ¿podría Israel, tan dado a seguir la bíblica Ley del Talión, estar justificado a tomar medidas ante la sospecha de que Venezuela pueda estar triangulando ayuda bélica de Irán a facciones y grupos terroristas de Medio Oriente, por ejemplo?

Ya esto no es sólo una cuestión de antisemitismo que va desde la descalificación de referirse a la comunidad hebrea como “unas minorías, los descendientes de los mismos que crucificaron a Cristo, se adueñaron de las riquezas del mundo” a la persecución o acoso más fino o menos fino de ciudadanos judíos en Venezuela (caso el director de Secuestro Express, Jonathan Jakubowicz o más recientemente los Cohen, dueños del Sambil). Es mucho más grave y cabría preguntarse si Chávez con esa infantil necesidad de aparecer en los medios como l’enfant terrible y ser aceptado por terroristas contumaces como Mahmoud Ahmadineyad, está exponiendo innecesariamente a Venezuela a “peligro de guerra, ruptura de relaciones diplomáticas, represalias o retorsión”.

Si como todo parece indicar anteriormente la respuesta es afirmativa, me pregunto y les pregunto, ¿por qué la Fiscalía Militar no es tan diligente en este caso para imputar a Hugo Chávez y a su claque por traición a la Patria? Después de todo otro artículo del mismo Código de Justicia Militar (470) establece que sólo “es requisito necesario para incurrir en el delito de traición a la Patria, que el delincuente sea venezolano o que se encuentre en el momento de la comisión del delito al servicio de la República”.

Sí, ya sé la respuesta. La Fiscalía Militar o el Ministerio Público sólo consideran delitos aquéllos que han sido cometidos en perjuicio de Hugo Chávez, sus planes totalitarios o su claque. Mientras, el comandante Quintero cumplirá el próximo 12 de enero cuatro años en prisión

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