Ley de desarrollo agrícola y seguridad alimentaria avance o retroceso

«Es deficiente la elaboración legal y precaria la técnica legislativa, observadas en el Proyecto de Ley de Desarrollo Agrícola y Seguridad Alimentaria, introducido por el Ejecutivo Nacional ante el Congreso Nacional, además adicionalmente, es necesario considerar que la corrección de los defectos legales que pretende este organismo, se hace más difícil cuando es precedida de actos solemnes públicos de gran difusión publicitaria, pues estos son generadores de matrices de opinión y urgencias que, frecuentemente, no se justifican pues se trata de situaciones que han durado años. La precaria calidad jurídica es, en consecuencia, agravada por premuras, aceleraciones y presiones que tienden a gobernar ciertas situaciones. El resultado: se dificulta y hasta se impide el estudio detenido y reposado de un material que, si bien importante, es ya de por sí deficiente. Muy probablemente todo lo anterior desembocará en la sanción de una Ley mediocre. En ese sentido, le conviene al individuo, a la sociedad y al propio Estado, no acentuar más la complejidad de la vida jurídica, sancionando leyes innecesarias, lo cual se reflejará en la vida social lo que se impone como necesario es realizar un orden legal más sobrio, preciso y mejor elaborado».

Aunque comparto en plenitud las afirmaciones del párrafo anterior, las mismas no me corresponden, sino que es opinión de la «Oficina de Investigación y Asesoría Jurídica del Congreso Nacional», según lo reseña el «Noticiero Agropecuario» en su edición de mayo de los corrientes (pag 13). Es necesario destacar que el Consejo Superior de la citada Oficina está integrado por destacados profesionales del Derecho como son: Eloy Lares Martínez, Gustavo Planchart Manrique, José Guillermo Andueza, José Merlich Orsini, Elio Gómez Grillo, Humberto La Roche, Nelson Socorro, Pedro Mantellini González, Arístides Rengel Romberg, coordinados por el Dr. Carlos Leañez.

Entonces si ésta es la opinión de la Oficina de Asesoría del Congreso, y a pesar de ello, las fracciones agropolíticas insisten y presionan, no por aprobar el texto del Proyecto introducido por el Ejecutivo, sino por el contrario, por aprobar un texto modificado que el propio Ejecutivo no se atrevió a considerar, a pesar de su origen: el lobby que el Sr. ExMinistro de Agricultura, Raúl Alegrett, dirigió por más de seis meses, con el fin de complacer a los dirigentes agropolíticos, que, según su opinión, le daban apoyo institucional. ¿Qué esperanza hay entonces de poder lograr una normativa que ciertamente ayude a consolidar un desarrollo agrícola sustentable y competitivo?

Lo cierto es que el Proyecto pretende, sin éxito unificar y consagrar los principios y normas que regulan la actividad agrícola, y deja vigente todo el sistema legal que rige la materia, el cual fue legislado en los últimos treinta años bajo un concepto de economía y relación social. En esa época la abundancia de recursos permitía cubrir cualquier ineficiencia en el sector, sin que ello significara sacrificio social para la sociedad, por cuanto el excedente de recursos garantizaba lograr la conciliación de intereses de los diferentes sectores y/o actores agroeconómicos: producción primaria, agroindustria y consumidores.

Hoy esto no es posible. Legislar para seguir garantizando los privilegios de la última treintena de años, lo que producirá es agudizar los enfrentamientos y aumentar la incertidumbre, y como consecuencia, la desinversión. Esto sería una situación paradójica, por cuanto al pasar el tiempo, aquellos a quienes se pretendió beneficiar, los productores del campo, serán los más perjudicados. Es erróneo no entender que la consolidación de la producción agrícola de un país pasa hoy por la necesidad de sumar valor agregado a ella, de fortalecer la relación productor-industria, de consolidar el sistema agroalimentación en particular y no de hacer carrera política, en base a la diatriba pública entre productores y agroindustria y a la lucha de clases empresariales o en la formación de partidos políticos agrarios a la vieja usanza.

Los esquemas tradicionales de relaciones político-gremiales, hoy ya no son capaces de desarrollar una política agrícola orientada a incrementar la eficiencia en el sector y se hace necesario realizar una Re-Ingeniería Gremial. La responsabilidad de un dirigente gremial hoy no se encuentra en «representar» a sus agremiados para tener poder; para lograr acceso a un Estado, omnipresente y omnipotente, distribuidor de riquezas y prebendas. Por en contrario, hoy el dirigente gremial debe estar preparado para servir a sus asociados, para apoyarlos en su desempeño, para ayudarlos en el logro de la competitividad. En resumen: la dirigencia gremial del mañana debe orientarse hacia el servicio y no a servirse de ellos como en el pasado.

La nueva situación económica del país exige, que los mecanismos bajo los cuales se producía la repartición de la riqueza ya perdida (subsidios, precios mínimos, etc), que son los que, precisamente, trata de reoxigenar el ya varias veces citado Proyecto de Ley de Desarrollo Agrícola, sean reconsiderados a la luz de la insuficiencia de recursos, de satisfacer adecuadamente las exigencias de todos los involucrados, especialmente de los consumidores, que, por cierto, son los grandes ausentes de esta discusión. Se impone la necesidad de jerarquizar prioridades, en el entendido que hoy es imposible, bajo los esquemas tradicionales satisfacer como antes, a todos por igual.

La nueva realidad impone una redefinición integral de la política que permita desarrollar, en un mundo cada vez más globalizado, una actividad competitiva y productiva. Pero el anteproyecto de Ley Orgánica de Desarrollo Agrícola y Seguridad Alimentaria, hoy en el Congreso, no recoge la esencia de los problemas que hoy debe afrontar el sector, sino que, más bien, hace una reformulación de nuevo cuño, de la política tradicional de los últimos treinta años. Esta, si bien es cierto, pudo tener su vigencia, pero el seguir aplicándola nos obliga a entrar en el siglo XXI de espaldas, viendo hacia el pasado, en vez de afrontar los nuevos retos de la globalización y la integración económico-social que regirá la nueva centuria.