Amnistía denuncia allanamientos ilegales en Venezuela como nueva táctica de represión
Las autoridades venezolanas han ampliado su arsenal de tácticas represivas poniendo en marcha una despiadada campaña de allanamientos ilegales de viviendas de personas sospechosas de disidencia; así lo afirma Amnistía Internacional en un trabajo de investigación publicado este lunes.
En «Noches del terror: Ataques y allanamientos ilegales a viviendas en Venezuela», la organización revela cómo, en los últimos meses, fuerzas de seguridad del Estado y grupos civiles armados avalados por el gobierno, conocidos en el país como «colectivos» han irrumpido violentamente en los hogares de personas para intimidarlas y así disuadirlas de participar en manifestaciones y cualquier otra forma de protesta progobierno.
“En Venezuela no hay un lugar que esté a salvo del retorcido poder de las fuerzas de seguridad. Ni siquiera el propio hogar”, afirmó la directora de Amnistía Internacional para las Américas, Erika Guevara-Rosas.
“Las autoridades venezolanas han descubierto una forma nueva e inquietante de reprimir la disidencia en su afán, aparentemente interminable, de infundir miedo a la población. Han trasladado la represión de las calles a las salas de estar de casas particulares”, agregó.
La gente tiene derecho a sentirse segura en su propio hogar.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional
Organizaciones nacionales de derechos humanos han recopilado informes de al menos 47 allanamientos ilegales en 11 estados del país de abril a julio de 2017, cuando las manifestaciones estaban en su apogeo. Más de 120 personas perdieron la vida, casi 2.000 resultaron heridas y más de 5.000 fueron detenidas en ese periodo.
Personal experto de Amnistía Internacional visitó y entrevistó a víctimas de allanamientos de viviendas en cuatro entidades venezolanas: Caracas, Miranda, Carabobo y Lara. Los habitantes de estos estados relataron que agentes de seguridad y hombres armados, que presuntamente pertenecían a «colectivos» armados, habían irrumpido violentamente en sus casas sin una orden judicial y sin dar explicación alguna del porqué que estaban allí.
Estos allanamientos suelen ir acompañados de amenazas de muerte y de violencia, tanto verbal como física, que incluye usar material antidisturbios y disparar bombas de gas lacrimógeno al interior de las casas.
«Llegó el coco»
Una mujer que residía en un edificio en el estado de Miranda contó a Amnistía Internacional que, durante un allanamiento de vivienda efectuado el 22 de mayo de 2017, oyó gritar a los hombres: “Abran, abran (…) llegó el coco”.
Otras de las víctimas entrevistadas por la organización relataron que las fuerzas de seguridad habían derribado puertas, roto ventanas y, en algunos casos, se robaron objetos de su casa. En otro de los edificios en Miranda, cámaras de videovigilancia grabaron a los funcionarios policiales saliendo con grandes bolsas, presumiblemente llenas de objetos robados.
Los allanamientos podían durar horas y, en algunos casos, toda la noche.
Una vez en el interior de la vivienda, las fuerzas de seguridad preguntaban por el paradero de “los jóvenes que estaban protestando”. Muchos jóvenes fueron sometidos a redadas y se practicaron detenciones arbitrarias de forma masiva.
Las causas de los allanamientos: tangibles y emocionales
Un hombre residente en el estado de Lara dijo que las fuerzas de seguridad entraban gritando: “Bajen ahora malditos guarimberos (…) los vamos a violar a toditos”.
Varias víctimas dijeron a Amnistía Internacional que temen que haya otra incursión en su casa en cualquier momento y tienen problemas para dormir.
Debido a la escasez crónica de mercancías en Venezuela, algunas de estas personas no han podido reparar los daños sufridos a causa del allanamiento y ahora viven sumamente expuestas en casas sin puertas.
“Estos allanamientos de viviendas son absolutamente ilegales con arreglo al derecho internacional y a la propia Constitución de Venezuela”, manifestó Erika Guevara-Rosas.
«Ya es hora de que el gobierno de Maduro y sus fuerzas de seguridad desistan de emplear la violencia y la represión contra la población de su país. Violaciones de derechos humanos de esta índole no pueden continuar en el futuro, y para poder garantizar el fin de esta política de violencia tiene que hacerse justicia a las víctimas».
“Las autoridades transmiten un mensaje escalofriante al continuar con esta represión en lugar de investigar y castigar a los responsables de estos actos: que cualquiera puede sufrir la represión en cualquier momento y lugar, con independencia de sus convicciones políticas”.
