Delincuencia pone en zozobra a estudiantes universitarios

Los estudiantes de la Universidad Santa María están molestos y angustiados por el asalto en uno de los autobuses que usan los que se dirigen a ese centro de estudios ubicado en la carretera Petare-Santa Lucía.

Esa preocupación se extiende a otras instituciones educativas afectadas por la inseguridad, detonante de las protestas que se intensificaron en febrero cuando una alumna de la Universidad de Los Andes, seccional Táchira, fue víctima de un intento de violación.

Los usemistas Manuel Eugenio Cisneros, de 18 años de edad, y Mariana Vanessa Vivas Sandoval, de 21 años, estudiantes de Contaduría, fueron heridos en el asalto. Ambos cuentan que trabajadores de la línea de transporte se montaron previamente en la unidad porque sospecharon de dos pasajeros. “Le preguntaron a uno si conocía al otro”, detalló Cisneros, pero no hicieron más nada.

El vehículo arrancó y en el camino uno de ellos se paró y amenazó a los usuarios. “Más adelante se montaron otros. Empezaron a robar y a golpear a las personas para que no escondieran nada”, relató Vivas. Después empezaron los disparos. Uno la hirió a ella en un brazo y otro a Cisneros en una mano.

No es la primera vez que ocurre un hecho similar en la USM. A finales de enero dos personas fueron aprehendidas por el personal de seguridad cuando intentaron robar en la universidad. Entonces, se reforzó la vigilancia que está a cargo de 48 custodios.

En febrero se acordó un convenio de seguridad para la entrada. Establecía que todo alumno debía portar carnet, permitir ser revisado con un detector de metales y ser grabado. Además, se estableció que  los carritos por puesto que se toman en La California no podían detenerse a recoger pasajeros en el trayecto, que debe realizarse por la Cota Mil.

También se convino una ruta de la Policía de Sucre en puntos estratégicos que no violaran la autonomía, pero se dejó de cumplir, según Carlos Guzmán, consejero estudiantil de la USM.

Por lo ocurrido el jueves pasado, un grupo de estudiantes protestó frente el edificio del rectorado. Exigían una respuesta de las autoridades, quienes bajaron cerca del mediodía.

Carlos Enrique Peña, vicerrector administrativo, prometió que de no resolver el problema a mediano plazo renunciaría a su cargo. El martes se discutirán planes a seguir en una reunión entre rectores y decanos.

Otros centros. Esta semana varios centros de estudios fueron asediados por el hampa. A aproximadamente 50 personas las asaltaron cuando viajaban en autobús desde el Instituto Tecnológico Federico Rivero Palacios hasta Plaza Venezuela.

En la Universidad Central de Venezuela, la cuenta en Twitter @UCVSeguridad no deja de reportar casos de robos y hurtos. Recientemente cuatro personas intentaron asaltar en los espacios entre Farmacia e Ingeniería Mecánica. Las cámaras de seguridad grabaron también a un hombre que se llevó una laptop del Centro de Estudios de Geología.

El miércoles un motorizado robó en la Escuela de Enfermería. Ese mismo día dos personas intentaron abrir una camioneta en el estacionamiento de la Facultad de Humanidades.

Alberto España, director de vigilancia, dijo que son constantes los hechos delictivos, pero no tenía a la mano cifras de lo ocurrido en lo que va de año.

Pocos recursos

Amalio Belmonte, secretario general de la Universidad Central de Venezuela, recordó que hace aproximadamente cinco años hubo un plan en conjunto con el gobierno para establecer puntos de control externos que permitieran una mejor vigilancia en la entrada: “Eso funcionó durante un tiempo, pero dejó de hacerse”.

La idea debía retomarse en octubre pasado, como resultado de las mesas de trabajo entabladas entre la rectora Cecilia García Arocha y el ministro de Interior Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres. Belmonte también mencionó la propuesta para colocar puertas en las entradas de la UCV, pero no se lo permiten. “No son para que estén permanente cerradas, sino para cerrarlas en la noche y cuando haya un hecho de delincuencia interna”, argumentó.

Acotó que la institución solo dispone de 10.000 bolívares para seguridad. Además necesitan equipos de comunicación sofisticados, cámaras y tarjetas de control electrónicas. En 2013 se registraron por lo menos 121 delitos en la Ciudad Universitaria.