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Iglesia pide respeto a DDHH de presos políticos que están en El Helicoide

La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) pidió a las autoridades del país respetar los derechos humanos de los presos políticos que iniciaron una revuelta en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin-El Helicoide) en Caracas denunciando «torturas».

«La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana (…) hace un llamado a las autoridades a respetar la vida de quienes están bajo su responsabilidad al encontrarse en instituciones del Estado Venezolano, a respetar los Derechos Humanos de todos y a buscar una salida pacífica a la problemática«, dice un comunicado de la CEV.

Las autoridades que se han acercado a la sede del Sebin recordaron al Estado su «responsabilidad frente a la vida y a la integridad de todas las personas detenidas».

«Velar por los Derechos Humanos es obligación inexcusable e intransferible de los gobiernos, que no pueden estar subordinados a los hechos punibles que se persiguen».

Aunque el fiscal general, Tarek William Saab, ha informado a través de Twitter que una comisión de su despacho se encuentra atendiendo la situación generada en los calabozos del Sebin, los familiares de los presos políticos que se encuentran a las afueras de la cárcel aseguran que aún no han recibido respuestas de la comisión.

Los hechos

Este miércoles un grupo de detenidos en los calabozos de El Helicoide, como también se conoce la sede del Sebin, que se identificaron como presos políticos, se alzaron para denunciar presuntos maltratos y violación de derechos humanos.

«Estamos en el Helicoide, centro de tortura del Sebin, esto está tomado pacíficamente por los presos políticos y todos los presos que están aquí secuestrados que a diario son torturados, que a diario son sometidos por el Sebin», dijo en un vídeo Lorent Saleh, detenido en 2011 y acusado de «divulgación de información falsa que causa zozobra».

Los reclusos han pedido ayuda través de distintos vídeos y han denunciado que hay menores de edad detenidos junto a ellos, una aseveración que ha sido reiterada por organizaciones defensoras de derechos humanos en el país petrolero.

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