Ambiente, proyectos de integración física en América Latina y desarrollo sustentable en Venezuela Magaly Arocha
Miércoles, 1 de agosto de 2001
Expondré algunas reflexiones en torno a temas de la "agenda global" de mi
experiencia como funcionaria pública y como analista internacional. Me planteo
algunos problemas: ¿Cómo conciliar proyectos de desarrollo económico con
exigencias de preservación ambiental en pro de un desarrollo sostenible en un
país subdesarrollado y rico en recursos naturales como Venezuela?; ¿Cuáles son
los actores que pueden limitar tales iniciativas?; ¿Cuáles intereses están en
juego?
Es indudable que los países de América Latina y Venezuela en particular, han
definido desde fines de los noventa, políticas exteriores que colocan la
integración económica y física como prioridades para el desarrollo. La
Declaración de Brasilia de septiembre de 2000, es un ejemplo[1].
Ahora bien, para integrarse físicamente se requiere desarrollo de
infraestructura: carreteras, autopistas, puentes, etc. cuya construcción implica
cambios en el paisaje y por ende alteraciones del medio ambiente.
Si se revisan algunos de los ejes definidos en las reuniones que siguieron a la
Cumbre (en Argentina[2] y en Montevideo en el 2000[3], en Santa Cruz de la
Sierra en 2001[4] se vislumbra toda una red de carreteras a ejecutar. Así mismo
existen proyectos y acuerdos de interconexión fluvial (Orinoco-Amazonas;
Altlántico-Orinoco-Meta-Pacífico, entre otras) y eléctrica (Venezuela-Brasil).
Si el desarrollo sostenible “no contamina el ambiente ni destruye las inmensas
reservas naturales de una nación”[5], el reto de las economías latinoamericanas
que buscan reactivación debería ser la preservación de los ecosistemas frágiles
de las zonas a desarrollar, además de la consulta y participación de las
comunidades - elemento humano- afectadas, que involucra otro de los temas de la
agenda global actual: defensa de los derechos humanos, en este caso específico
de las comunidades indígenas.
La interconexión eléctrica entre Venezuela y Brasil, que data de 1997[6] y que
debería culminarse en julio de 2001, es un ejemplo de cómo un proyecto que
persigue la cooperación, la integración y el desarrollo fronterizo puede verse
limitado o condicionado por involucrar zonas ABRAE (Areas Bajo Régimen de
Administración Especial: como el Parque Nacional Canaima, la Reserva Forestal de
Imataca, Sierra Lema, etc.) y comunidades indígenas (de la etnia Pemón) que se
consideran propietarias ancestrales de estas tierras.
Se evidencian asimismo, algunos problemas generados a partir del reciente
reconocimiento de derechos ancestrales sobre las tierras que ocupan a las
comunidades indígenas, la tendencia al uso de la denominación de "pueblos" y no
de comunidades, lo que implica un proceso de ajustes y negociaciones por parte
del Estado venezolano con miras a llevar a la práctica lo que fue concedido en
el papel.
No se debe subestimar el esfuerzo del gobierno en el proceso dada la complejidad
del elemento humano involucrado: etnias diferentes, con las cuales resulta
difícil llegar a un acuerdo que sea aceptado por todas. El desafío gubernamental
es profundizar la consulta. De lo contrario, se corre el riesgo de enfrentar
reclamos por presunta violación de: “los derechos originarios sobre las tierras
que ancestralmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus
formas de vida, el derecho a la propiedad colectiva de sus tierras, las cuales
serán inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles”[7].
La interconexión eléctrica con Brasil supuso la elaboración de estudios de
impacto ambiental por parte de las empresas involucradas y su debida
autorización por los órganos competentes. Este proceso se realizó pero las
comunidades afectadas no se convencen de los esfuerzos por mitigar el impacto
ambiental, temen que el proyecto fomente desarrollos mineros[8] y se enfrentan
al Estado con el apoyo de Organizaciones No Gubernamentales defensoras del
ambiente, haciendo incluso uso de la fuerza - derrumbe de postes - retrasando el
proyecto.
Su presión ha conducido a que la Asamblea Nacional, cuatro años después de haber
asumido el compromiso de suministro energético a Brasil y con un 76 % de la
ejecución física acumulada y con una fecha de entrega prevista para julio de
2001[9], ordene la revisión de las condiciones contractuales del Memorándum de
Suministro de Energía Eléctrica entre Venezuela y Brasil, de los costos de
suministro e incluso, que se someta a aprobación legislativa para que adquiera
características de ley[10].
En tanto el país mantiene un compromiso que no ha cumplido con las consecuencias
que generaría un excesivo retraso: económicas (penalizaciones), desprestigio
internacional y en la relación con Brasil, país que enfrenta hoy una severa
crisis energética.
Este caso ilustra pues la problemática de la integración física, el elemento
humano y la preservación ambiental. Sin lugar a dudas otros proyectos de
infraestructura como el Eje Venezuela – Brasil- Guyana- Suriname, podría tener
éstas y otras limitaciones, derivadas no ya sólo del factor ambiental sino
además de las controversias territoriales e intereses geopolíticos de los países
participantes.
Otro caso es el planteado por el Proyecto de integración fluvial
Atlántico-Orinoco-Meta-Pacífico, el cual debe ser analizado cuidadosamente dada
la inseguridad originada por la guerrilla que afecta la zona del río Meta y que
hace que estos territorios reine la anarquía y la subversión, ello aunado a la
ausencia de demarcación y a problemas de asignación de islas entre Venezuela y
Colombia, aparte de la inexistencia de instalaciones y áreas proturarias que
permitan un comercio a gran escala; sin subestimar el impacto ambiental en la
cuenca alta del Meta (Venezuela es un pías aguas abajo). Por lo que convendría
apoyar prioritariamente proyectos nacionales como el de la interconexión fluival
en el Eje Orinoco-Apure en pro del desarrollo sustentable del país para luego
pasar a proyectos más ambiciosos.
La interconexión el´ctrica con Brasil ejemplifica también la participación e
interferencia cada vez más activa de ONG’s defensoras del ambiente en los
procesos de toma de decisiones de los Estados, característica del orden mundial
actual. El subcontinente latinoamericano con la riqueza natural que alberga no
escapa de la atención y hasta ambición de algunas de organizaciones que podrían
estar asociadas con grupos de Misiones que se han establecido y funcionan como
verdaderos enclaves dentro de los Estados.
Llama la atención su ubicación en zonas estratégicas (como el Amazonas) ricas en
recursos (energéticos, genéticos, biológicos, mineros, forestales). Ellas
cuentan con el respaldo de los países industrializados, principales promotores
de la preservación ambiental y críticos de los países del Tercer Mundo por su
crecimiento demográfico – que califican como “excesivo” - y sus escasas
políticas ambientalistas.
Sin embargo, para proteger el ambiente y conciliar la economía con la ecología,
que es la exigencia que se hace a nuestros países, se requiere de innovaciones
tecnológicas[11] y aquí abordamos otro de los temas de la agenda global: la
transferencia de tecnología. Responsabilidad de los países desarrollados es
precisamente transferir tecnología adecuada, elemento clave del llamado
desarrollo sostenible. Transferir tecnologías modernas y eficientes desde el
punto de vista energético no sólo es un deber de las naciones industrializadas,
es también su interés. Lamentablemente la tentación es transferir tecnología
obsoleta, respondiendo a intereses económicos inmediatos y desmedidos.
Indudablemente el problema ambiental ha dejado de ser local o regional, no
depende sólo de intervenciones internas de un Estado sino que hoy el problema se
centra en cómo los Estados soberanos pueden y deben ponerse de acuerdo para
salvaguardar el ambiente. Sin embargo, se detectan contradicciones: el mayor
productor de gases contaminantes a nivel mundial se niega a ratificar el
Protocolo de Kioto sobre el uso de combustibles fósiles y el recalentamiento
global[12], y simultáneamente impone limitaciones a productos del mundo en
desarrollo por contaminantes (caso Orimulsión venezolana). Esto nos da una idea
del destino de la materia ambiental en el futuro.
América Latina goza de una gran riqueza natural. En el caso específico de
nuestro país, el hecho de ser una nación amazónica, caribeña, atlántica, llanera
y andina, le confiere uno de los más altos niveles de biodiversidad biológica en
el mundo, estando “catalogada como una de las diez áreas de megadiversidad del
planeta”.[13]
Parte fundamental de esa riqueza, es el recurso humano. Se debe profundizar aun
más en el esfuerzo del Estado por asistir a las comunidades indígenas,
considerando las limitaciones planteadas por la geografía e inaccesibilidad de
las zonas que ocupan. De lo contrario, estarán sujetas a posibles y peligrosas
manipulaciones por parte de actores inescrupulosos que valiéndose de los
derechos que de buena fe, le han sido reconocidos por el Estado venezolano,
pretenden hacer uso de esas tierras, para la explotación de las riquezas y la
biodiversidad.
La insistencia de acusaciones sobre el presunto abandono de las comunidades
indígenas por parte del Estado y la insistente necesidad de" ayudarlas" deben
ser debidamente sopesadas. Es obvio que para alguien de la ciudad el modo de
vida de los Yanomamis puede parecer desamparado, atrasado pero es su cultura y
debe ser respetada. Lo que si es innegable es que al Estado venezolano a través
de las distintas organizaciones – no sólo es responsabilidad del Gobierno
Central sino a las alcaldías y gobernaciones – le corresponde, a través de
gestiones administrativas, ofrecer mayor asistencia, servicios y control en las
zonas fronterizas que son las que poseen mayor concentración indígenas y
riquezas naturales. Sólo así puede evitarse, en mi opinión, que su lugar sea
ocupado por otros actores con distintos fines y cuyas acciones además de afectar
a esas comunidades vulneran la soberanía (mineros ilegales, narcotraficantes,
guerrilleros, son sólo algunos).
La integración física que implica vías de comunicación y acceso e interconexión
fluvial y eléctrica, puede ser una herramienta que de ser bien manejada, puede
contribuir a la integración de esas zonas al resto del país.
Los decisores venezolanos y latinoamericanos deben asumir que la época de la
explotación ilimitada de los recursos ha terminado y que la mejor inversión es
la que se hace en preservación del ambiente. Más aun si se considera que
Venezuela posee una de las tasas de deforestación más altas de América
Latina[14]. Se trata de conciliar integración, ambiente, toma de decisiones
(análisis costo-beneficio) y desarrollo.
No debemos esperar que sean las ONG´s o los países industrializados los que
valoren - y eventualmente nos manipulen para explotar - esos nuestros recursos.
Debemos ser protagonistas del proceso. No se trata de abandonar los proyectos o
de cerrarnos al desarrollo. El punto es no depredar la riqueza natural en
función de proyectos de desarrollo irracionales. Se trata de estudiar y
seleccionar los que tengan menor impacto - negativo - ambiental y sociocultural
y sopesar debidamente cuánto nos beneficia y a qué actores beneficia más, para
evaluar su conveniencia y aplicabilidad.
Otro tema de la agenda global, relacionado con el ambiente es el narcotráfico y
los planes para combatirlo. Ultimamente se ha debatido en torno al Plan de ayuda
de los Estados Unidos para combatir este flagelo en Colombia. Se ha criticado su
componente excesivamente militar y se ha quizás subestimado el impacto
ambiental: la deforestación de las plantaciones de coca a través de químicos
altamente contaminantes.
Venezuela es un país aguas abajo: nuestros ríos se nutren en importante
porcentaje de los cursos de agua dulce que nacen y llegan del territorio
colombiano. Sin olvidar que con la avanzada contra el narcotráfico, los Estados
Unidos establecen una red de vigilancia y detección del transporte aéreo de
droga basada en radares y aviones de interceptación de sus fuerzas armadas, para
lo que varios países americanos se niegan a conceder permisos de instalación en
suelo nacional o de realización de sobrevuelos. Una vez más la soberanía entra
en discusión.
CONCLUSIONES
· La problemática ambiental está ligada al desarrollo. El dilema es cómo
desarrollarse generando el menor daño al ecosistema. Los requerimientos son
educación (cualquier plan de desarrollo y conservación ambiental pasa por la
propia conciencia de los habitantes del país); tecnología[15] y aplicación de la
legislación existente;
· La presencia del Estado a través de instituciones que ejerzan funciones de
vigilancia y el control de las zonas ricas en recursos naturales es esencial.
Esas zonas son, en el caso venezolano, zonas fronterizas (con Brasil por
ejemplo, Estados Bolívar y Amazonas) altamente vulnerables por la extensión y
dificultades de acceso. Las fronteras dejadas a su propia suerte o sólo con la
asistencia de la Guardia Nacional se prestan a acciones de explotación
indiscriminada (minería ilegal) con todo lo que ello implica (contaminación de
ríos con mercurio, explotación indígena – presuntas manipulaciones genéticas-,
inmigración ilegal, narcotráfico, prostitución, enfermedades endémicas) por
parte de extranjeros en territorio nacional;
· Los proyectos integracionistas debidamente estudiados pueden ser otro
instrumento de desarrollo. Queda de parte de los decisores el estudio de los
distintos aspectos involucrados ( socioculturales, ambientales, jurídicos y
económicos) a fin de obtener el mejor beneficio al más bajo costo, aprovechando
la oportunidad de un contexto internacional en el que los requerimientos de
recursos y energía marcarán las acciones y negociaciones de los actores;
· La interconexión con Brasil revela la importancia de profundizar la consulta
pública. Si se omite este elemento se corre el riesgo de paralizar proyectos y
generar más daños al ecosistema que los que se atribuyen al proyecto mismo
(basta sólo revisar en qué modo fueron derrumbados los postes de EDELCA en el
Estado Bolívar y sopesar el procedimiento utilizado por la empresa para su
colocación - uso de helicópteros-) además de las consecuencias económicas e
internacionales que implicarían el eventual incumplimiento de compromisos
adquiridos;
· Este ensayo es sólo un intento de reflexión sobre los nuevos escenarios que se
delinean en América Latina, la interconexión y los ejes carreteros representan
una maraña de intereses y actores que pueden cambiar y afectar el proceso de
toma de decisiones. Los aspectos ambientales y socioculturales en juego son sólo
algunos. Si se consideran las rutas y los territorios a atravesar por los ejes
podrían surgir otros (reclamaciones territoriales) que completarán la agenda
regional y hasta global, en los próximos años, ocupando el interés de nuestras
Cancillerías.
[1] En la Declaración de Brasilia del 01 de septiembre de 2000,
los Jefes de Estados Suramericanos, acordaron fortalecer la integración física
como elemento dinamizador del desarrollo económico y social de la región, a
través de la construcción de ejes o corredores viales con miras a constituir un
verdadero sistema integrado de transporte para el Continente.
[2] Encuentro Preparatorio de Viceministros de los sectores involucrados, en
noviembre de 2000, en Buenos Aires – Argentina. Fueron identificados doce (12)
ejes de Integración, seleccionándose sólo cinco: Eje MERCOSUR (San Pablo –
Montevideo –Buenos Aires – Santiago); Eje Andino (Caracas, Bogotá- Quito- Lima –
La Paz); Eje interoceánico Brasil – Bolivia- Perú- Chile. (San Pablo – Campo
Grande- Santa Cruz – La Paz – Ilomatarani- Arique- Iquique); Eje Venezuela –
Brasil- Guyana- Suriname; Eje multimodal (Orinoco- Amazonas- Plata (Incluye la
Hidrovía- Paraguay-Paraná).
[3] Reunión Ministerial para la Ampliación y Modernización de la Infraestructura
de América del Sur, 4 y 5 de diciembre de 2000, Montevideo – Uruguay. Fueron
definidos y jerarquizados los ejes. El quinto fue: Brasil – Guyana – Suriname –
Venezuela.
[4] I Reunión del Comité de Dirección Ejecutiva de la Iniciativa para
Integración Regional de América del Sur, Santa Cruz de la Sierra, 27 de abril de
2001
[5] Gil Ricardo Salamé Ruiz: "Desarrollo económico sustentable", Análisis, El
Globo, 21-09-00, p. 25
[6] El 4 de marzo de 1994 el entonces Presidente de la República, Rafael Caldera
y su homólogo brasileño Itamar Franco, firman el “Protocolo de La Guzmania”.
Protocolo Adicional al Convenio de Amistad y Cooperación entre la República de
Venezuela y la República Federativa de Brasil del 17 de noviembre de 1977. Con
este texto los gobiernos de ambos países crean las bases para ejecutar proyectos
económicos bilaterales, permitiendo que una “Comisión Binacional de Alto Nivel,
con mandato amplio”, se responsabilice por “temas relevantes para la cooperación
bilateral”, como lo constituye el suministro de energía eléctrica de Venezuela a
Brasil, de acuerdo con las metas de ambos gobiernos; afirman el propósito de
conjugar esfuerzos para promover el desarrollo armónico de la Amazonia,
atribuyendo especial importancia a las iniciativas de cooperación fronteriza y
coinciden en la percepción de que en el ámbito de los respectivos esfuerzos de
desarrollo sustentable, protección del medio ambiente y respeto de las
comunidades indígenas, la frontera entre los dos países puede y debe constituir
un espacio de desarrollo e integración.
El 29 de enero de 1997, Centrales Eléctricas Brasileñas, S.A. (ELETROBRAS);
Centrales Eléctricas del Norte de Brasil, S.A., (ELETRONORTE), el Ministerio de
Energía y Minas de Venezuela, la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y
Electrificación del Caroní (EDELCA) firman el Memorándum de Entendimiento para
el Suministro de Energía Eléctrica Venezuela-Brasil. Con este documento se
acordaron los lineamientos para el suministro de energía eléctrica por parte de
EDELCA a ELETRONORTE, a fin de atender la demanda de la ciudad de Boa Vista,
estado de Roraima.
[7] Art. 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999.
[8] La Reserva Forestal de Imataca, es el límite Norte del Parque Nacional
Canaima.Fue declarada en 1961 y abarca una extensión de 3.6000.000 hectáreas de
las cuales el 80 % aún se encuentran cubiertas por bosque húmedo tropical
primario. Es una zona rica en recursos minerales, principalmente oro, bauxita y
hierro, por lo que los intereses mineros en la zona datan del siglo pasado.
(Informe de la Mision UNESCO_UICN al Parque Nacional Canaima, Venezuela del 19
al 26 de mayo de 1999.
[9] Fecha reajustada, porque el contrato establece la culminación para julio de
1988
[10] El Memorándum de Entendimiento con Brasil deberá ser sometido a
consideración de la Asamblea Nacional para su aprobación a fin que cobre
características de ley y tenga validez plena; deberá además someter a su
consideración la respectiva autorización para la desagregación del Parque
Nacional Canaima y todas las medidas de impacto ambiental; la Contraloría
General de la República deberá revisar los costos y las condiciones
contractuales del Memorándum. Medidas sugeridas por la Comisión del Ambiente y
Ordenación Territorial, aprobadas por la Asamblea Nacional en sesión plenaria
del 05-06-01. (El Universal, 06-06-01, p. 2-2)
[11] Basta pensar en la sustitución de los cables de cobre por las fibras
ópticas, en las latas de cerveza cada vez más sutiles y también en la capacidad
adquirida en los últimos años, por las empresas para producir generando menos
desechos industriales.
[12] En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Clima celebrada en 1997
en Kioto (Japón), los países industrializados se comprometieron, en un
protocolo, a reducir las emisiones de los causantes del recalentamiento
terrestre. El protocolo debe entrar en vigor en el 2002 si para entonces ha sido
ratificado por al menos 55 de los 160 Estados participantes en la conferencia y
que son responsables, en su conjunto, de 55 % de las emisiones de todos los
países industrializados. El Tratado contempla la reducción de las emanaciones:
hidrofluorcarbonos, dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, perfluoruro y
hexafluoruro de azufre (Pacto sobre recalentamiento", El Universal, 1115-06-01,
p. 1-12)
[13] "Antonio De Lisio: "Riqueza Natural y pobreza social o el reto ambiental de
Venezuela", Ambiente, El Globo, 5-6-01, p. 8.
[14] Durante la década de los 70, Venezuela perdió alrededor de 245 mil
hectáreas de bosques por año cifra que se incrementó dramáticamente a un
promedio de 600 mil hectáreas a mediados de los 80. (Según estadísticas de la
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación)
[15] Plantas de procesamiento de los desechos industriales que no emitan gases
contaminantes, imponer el uso de productosbiodegradables, producción de gasolina
sin plomo …
