No. 49, Noviembre de 1999
Hacia fines de siglo y en perspectiva de una nueva década, una estrategia nacional en desa-rrollo sustentable requiere clarificar el papel de las organizaciones ciudadanas en la cons-trucción de políticas públicas. Por una parte, interesa saber cómo se sitúan las ONG, las redes y los grupos ciudadanos; dado que en los procesos de cambio que estamos viviendo adquieren una significación fundamental, al ser consideradas uno de los interlocutores pri-vilegiados del Estado y de los organismos internacionales, tanto en la gestión como en la ejecución de programas y proyectos que atañen a responsabilidades públicas.
Por otro lado, tanto el rol del Estado, posterior al ajuste y a las reformas de primera y se-gunda generación, como la incidencia de la regionalización y la globalización de los mer-cados en el desarrollo, interpelan a este tipo de organizaciones de la sociedad civil a los efectos de situarse con "relativa autonomía" o "dependencia funcional" ante la reformula-ción de lo público (objetivos políticos y sistemas de gestión).
El debate, en el marco de generación de políticas institucionales, sobre el rol que juegan las ONG y los grupos ciudadanos en la elaboración de Políticas Públicas recién comienza a darse en nuestro país (entre otros Villarreal, 1996; Gudynas y Santandreu, 1997), involu-crando un número creciente de actores públicos y privados. En los países vecinos se obser-va una discusión sobre el punto. En Argentina se asiste a un intenso debate político sobre el papel del Tercer Sector que se vincula directamente con la responsabilidad social de las empresas y la gestión pública que realizan los gobiernos.
También es partidaria de fortalecer los vínculos entre las ONG y el Estado, Graciela Fer-nández Meigide candidata a Gobernadora de la provincia de Buenos Aires por la ALIAN-ZA. Para Fernández Meigide "Desde hace varios años se observa el crecimiento de movi-mientos sociales y la acción de ONG en distintas áreas. Sería interesante comenzar a plan-tear una articulación entre las acciones desde la sociedad civil y el gobierno. Es decir, espa-cios de discusión y concentración de diagnósticos y propuestas y de mecanismo que impli-quen la participación de las ONG en la ejecución y evaluación de Programas de Gobierno".
En nuestro país comenzó a darse un tímido debate. El senador Rafael Michelini, candidato a la presidencia por el Nuevo Espacio manifestó que "Tiene que haber necesariamente una interacción entre el Estado y el llamado Tercer Sector. Cada peso que yo pongo ahí rinde muchísimo porque esas organizaciones son vocacionales".
Por su parte el Herrerismo, expresó en su programa de Gobierno su posición al respecto: "Existe una vasta y generosa red de esfuerzos de la sociedad civil que deben ser coordina-dos y apoyados. Se apunta a desarrollar un modelo de relacionamiento que estimule y favo-rezca las organizaciones no gubernamentales efectivas, ofreciéndoles capacitación en ge-rencia social, asistencia y cooperación". El ex Ministro de Economía del gobierno herrerista y ex senador, Dr. Ignacio De Posadas, también se mostró favorable a la existencia de un marco normativo moderno que habilite el establecimiento de fundaciones expresando que "En el Uruguay no ha habido un desarrollo de las fundaciones. Si hubiera un instrumento estoy seguro de que el desarrollo sería muchísimo mejor".
También el Presidente de la República, el Dr. Julio María Sanguinetti, realizó polémicas declaraciones en Madrid, dejando claro que "las ONG, junto a la Justicia y la prensa son actores que jaquean a la democracia como agentes desestabilizadores". El Dr. Jorge Batlle, Presidente electo, se plantea en una perspectiva distinta buscando un dialogo mas centrado en la sociedad civil que en el estado. El Dr. Jorge Batlle, Presidente electo, se plantea en una perspectiva distinta buscando un dialogo mas centrado en la sociedad civil que en el estado.
Asimismo el Intendente de Montevideo, Arq. Mariano Arana como el Dr. Tabaré Vázquez, candidato a la presidencia por el Encuentro Progresista, han manifestado la importancia del desarrollo de políticas que incluyan a las ONG como actores en la gestión y ejecución de políticas públicas en lo social y ambiental. Mostrándose partidarios de una propuesta que renueva la relación sociedad civil-estado como la estrategia de posibilitar ciudadanía a los excluidos y articular un desarrollo sustentable entre sociedad ,estado y mercado.
Situación
El desarrollo de políticas públicas a nivel social y ambiental, en los últimos años, ha venido consolidando distintos niveles de relacionamientos y convenios entre el Estado y las orga-nizaciones de la sociedad civil, que plantean un nuevo marco que en décadas pasadas.
Distintos aspectos pueden explicar este hecho que enumeramos de la siguiente forma:
a. Rol del estado. Crisis y reformulación. Emergencia tardía de un nuevo rol.
b. Rol del mercado y de la comunidad local. Protagonismo compensatorio de la sociedad civil organizada ante la retirada del Estado y la emergencia de mercados competitivos.
c. Rol de los nuevos movimientos sociales. Impulso y desarrollo de movimientos sociales temáticos (ambiente, mujeres, etc.).
d. Rol de la sociedad civil organizada. Reformulación de la dicotomía público-privado y la emergencia de lo público como mayor al estado. La descentralización y la participación ciudadana.
e. Rol de los instrumentos de gestión y recursos. Generalización de las políticas de privati-zaciones y tercerización de servicios públicos. De lo privado a lo público no estatal.
Evolución de las ONGs
El surgimiento de las ONG en Uruguay data de la década de los ´60 floreciendo a fines de los ´70 y, sobre todo durante la década de los ´80; sin embargo, su gran reformulación va ha estar dada en la década de los ´90. Este hecho es el que nos interesa abordar dado el rol y grado de posicionamiento que adquieren en relación al Estado y el mercado en el contexto actual.
Tres hechos fundamentales serán los que determinen su florecimiento en los ´80. Por un lado reconquistar la democracia (participación política, Derechos Humanos), por otro movi-lizar a la sociedad a responder ante la retirada del Estado en los servicios sociales (pobreza, infancia, juventud) y finalmente a incluir temáticas transversales (como el ambiente y la cuestión de género) que no eran reconocidas en la homogeneidad del pasado.
En su origen son la expresión de iniciativa ciudadana de grupos de militantes sociales, polí-ticos y eclesiales que se articulan con profesionales y técnicos de diversas disciplinas en una perspectiva de responder a situaciones localizadas, transversales o no desarrolladas satisfactoriamente por las instituciones tradicionales (llámese universidad, partidos políti-cos, sindicatos, viejos movimientos sociales) y el Estado autoritario en la dictadura.
Con la llegada de los años ´90 se enfrentarán cinco hechos que harán repensar su rol: a) la retirada de la financiación del exterior; b) la cogestión de programas con el Estado nacional y municipal en una diversidad de temáticas; c) la relación con las empresas y el marketing social; d) la reformulación interna de las ONG; y e) su relación con los nuevos movimien-tos sociales (ambiental, mujeres, etc.).
"El Estado busca este nivel de relacionamiento con las ONG, en principio por un reconoci-miento hacia su trabajo y porque podemos ser más económicos y eficientes en la ejecución de las políticas, pero nuestras acciones deberían repercutir en los organismos financiadores generando una política que transforme y que, de alguna manera, interpele la política que el organismo lleva adelante".
Fernando Rodríguez, Iglesia Anglicana
"Recuerdo que cuando en 1985, una ONG firmó un convenio con la IMM, en lugar de feli-citarlo, se le decía que era un amarillo".
Gustavo Varela, Programa CARDIJN, ANONG
"¿Qué pasa en la relación de las ONG con el Estado cuando trabajan en temas en forma voluntaria?. Muchas veces hemos sido usados por el Estado como avaladores de una políti-ca determinada. Nos han invitado a instancias de consulta y luego se dice que la sociedad civil fue consultada por que determinada Red fue invitada"
Raúl Pérez, Red de ONG Ambientalistas
"Creo que evaluar el trabajo de las ONG, para el Estado es imposible. Más bien deberíamos demandar que los llamados a proyectos sean más transparentes y que no se hagan por la vía del vínculo personal".
Jorge Solari, CUI
Los diversos cambios sufridos a nivel ideológico, económico y social han llevado a que se comience a dar una mutación tanto en la institucionalidad como en los objetivos y los roles, que mantiene bajo la tipología de ONG tanto a consultoras, empresas sociales, fundaciones y prestadoras de servicios sociales, como a instituciones de promoción y organizaciones de base. Asimismo la perdida de la financiación de fundaciones del exterior y la consolidación de acciones con distintas áreas del estado central y departamental mediante convenios y licitaciones, como la articulación con empresas, reformula su rol situándolas en la punta de lanza de las políticas de integración social, gestión y ejecución de políticas sociales focali-zadas y transversales, como la inclusión de la temática ambiental en el desarrollo.
En este proceso de reformulación, en la medida que las ONG son organizaciones de dere-cho privado con fines públicos, han quedado abiertas a distintas formas de identidad.
Tanto los organismos internacionales, como la reforma del Estado en lo nacional y la des-centralización municipal en Montevideo tienen en las ONG a un interlocutor privilegiado. En el caso de la Intendencia Municipal de Montevideo existen una Unidad de Convenios y una Comisión de Enlace que no han desarrollado aún todas sus potencialidades por falta de políticas sistemáticas que faciliten una cogestión entre los actores implicados.
Por otro la llamada sociedad civil no es un todo homogéneo, coexisten en ella grupos ciu-dadanos con asociaciones civiles sin fines de lucro, que denominamos comúnmente ONG. Estas instituciones se encuentran formalizadas, poseen personería jurídica lo que las trans-forma en potenciales contratantes del Estado o receptoras de fondos provenientes de empre-sas u organismos internacionales. Cuentan con personal rentado, mantienen una estructura establecida y continuidad en su trabajo. Si bien existen ONG preferencialmente reactivas, en general combinan las acciones de denuncia con la elaboración de propuestas.
También es posible distinguir a los denominados grupos ciudadanos, formados por volunta-rios dedicados, en términos generales, a trabajar en la mejora de la calidad de vida de su barrio o localidad centrándose muchas veces en un tema específico. Los grupos ciudadanos desarrollan acciones en favor del ambiente, la niñez y juventud, los problemas de género, etc. Buena parte de estos grupos no se encuentran formalizados y carecen de respaldo legal. Desarrollan su trabajo en forma voluntaria y en muchos casos discontinua. Si bien realizan acciones propositivas, muchos surgen a partir de acciones reactivas (protestas por contami-nación, seguridad ciudadana, accidentes de tránsito, etc.).
"No todas las ONG tienen como intención y objetivo participar y cambiar algo, ser trans-formadores y participar en esa toma de decisiones. Hay muchas organizaciones que hacen muchas cosas pero que ni les va ni les viene las políticas públicas, no tienen una posición sobre ningún asunto y solo
responden a demandas".
Juan Pablo Monteverde, VIDA Y EDUCACIÓN
Esta distinción resulta sumamente importante, ya que en muchos movimientos sociales te-máticos conviven ONGs con grupos ciudadanos. Los movimientos "como el ambientalista son más nuevos, y junto con el movimiento feminista, el pacifista, el de los derechos humanos, pueden denominarse nuevos movimientos sociales. Además de estar por fuera del Estado, sus expresiones se realizan en espacios que no están institucionalizados ni formali-zados. Han apelado a prácticas nuevas y a estructuras organizativas para nada corrientes, que el Estado todavía no ha podido formalizar" (Gudynas y Santandreu, 1996). Esta situa-ción lleva a que tanto el Estado como las empresas deban establecer pautas diferenciadas de relacionamiento al momento de formular políticas públicas.
Números y temáticas
Se estima que en la actualidad existen más de 1000 ONGs vinculadas a temas ciudadanos en Uruguay. Sin embargo no existen números confiables. En 1998 el Ministerio de Educa-ción y Cultura registró cerca de 3000 asociaciones civiles sin fines de lucro, incluyéndose dentro de esa categoría a los clubes deportivos, organizaciones religiosas, culturales, etc. Bajo la denominación de organizaciones para el desarrollo hay relevamientos que detecta-ron entre 150 y 300 ONG (según los estudios realizados por ICD, CFEE, ANONG y otros; los números reflejan el promedio de los distintos relevamientos).
Existen cuatro nucleamientos en redes que vinculan a asociaciones civiles y grupos ciuda-danos, uno a nivel de infancia (la Red de ONG de Atención a la Infancia y Juventud de Sectores Populares con 120 organizaciones), otro a nivel ambientalista (la Red de ONGs Ambientalistas, con 70 organizaciones), uno con organizaciones de mujeres (la Comisión Nacional de Seguimiento de Beinjing, con 36 organizaciones) y otra de trabajadores comu-nitarios de salud (la Red de Trabajadores Comunitarios de Salud, que nuclea a 58 organiza-ciones). También existe una asociación nacional (ANONG), con 48 miembros, que incluye gran parte de las organizaciones más grandes e históricas como a las de mayor presencia pública, muchas de las cuales integran redes temáticas. Asimismo existen agrupamientos y cruzamientos temáticos en distintas áreas que articula a ONGs y grupos ciudadanos de dis-tinto tipo y origen.
Principales características
Las temáticas fundamentales que se abordan son muy diversas tales como: infancia, juven-tud, mujer, Derechos Humanos, ecología, desarrollo local, vivienda, inserción laboral, desa-rrollo rural, participación ciudadana, discapacitados, consumo de drogas, salud comunitaria, etc. Existen las de asesoramiento sindical, cooperativo y a partidos políticos. A nivel terri-torial, un 90% de las ONG se ubican en Montevideo y el área metropolitana; algunas des-arrollan acciones en otros departamentos del país y las menos comienzan a abrirse a la re-gión.
Las ONG son dirigidas en su mayoría por los miembros fundadores y articulan a profesio-nales, técnicos y educadores especializados en forma rentada y cuentan con voluntarios sobre todo aquellas que desarrollan acciones de base y solidaridad. Aunque son organiza-ciones sin fines de lucro rentan a cerca de 3.000 personas en forma de proyectos a termino de uno a tres años. Las organizaciones de infancia y adolescencia en situación de riesgo social son quienes mas personas rentadas tienen. Hecho que introduce elementos de pro-blemáticas de relaciones laborales que complejiza la gestión, a la vez que devela la necesi-dad de contar con recursos estables y genuinos por parte del estado a los efectos de dar con-tinuidad a los servicios que son de responsabilidad pública aunque estén gestionados por las ONG.
"No estoy tan seguro que las transformaciones que han sufrido las ONG hayan atacado su esencia. Creo si, que ha habido cambios estratégicos, cambios tácticos, un cambio de finan-ciadores, y eso ha originado cambios organizacionales. La ONG en la que yo he estado siempre ha sido una empresa social, es un emprendimiento social, porque es la combina-ción de recursos al servicio de una misión social, que tiene determinados objetivos y que es una iniciativa ciudadana. Y esa identidad y su misión, con el paso de los años, no se ha mo-dificado demasiado. El tema en las instituciones de base tiene otras características, y allí el tema de la representatividad juega un rol mucho más importante. Yo no creo que las ONG representen a la sociedad civil. Nosotros podemos hacer un aporte técnico, un aporte de experiencia".
Luis Muriás, IPRU
"En las ONG vivimos haciendo opciones. Optamos por hacernos eco, por actuar como por-tavoz, como emergente de una determinada necesidad. Luego viene una cadena de opciones que son las cotidianas. Con quienes se vincula, con los financiadores, con la población con la que trabajamos. Lo importante es no ser funcionales al sistema. Comenzaremos a ser funcionales al sistema en el
momento en que nos preocupe más los financiadores que los chicos con los que trabaja-mos".
Selva Braselli, Movimiento TACURU
Legitimidad y representatividad
Asimismo la consolidación de programas sociales y ambientales gestionados por organiza-ciones de la sociedad civil como un espacio público no estatal conlleva un desarrollo insti-tucional estable que plantea la necesidad de un nuevo marco de relacionamiento entre el estado y estas organizaciones a fines de los ´90.
Aunque no consideran que representen a la sociedad civil, en los ´80 expresaron intereses ciudadanos que no se canalizaban por las organizaciones tradicionales. En los ´90, en mu-chas de ellas tuvo lugar una profesionalización, su desvinculación a movimientos sociales y quedaron atrapadas dentro de los condicionamientos en la obtención de recursos, todo lo cual pone en discusión el rol de reivindicación de interés ciudadano, dejándose de tomar una posición "política" ante el Estado y la sociedad.
"No me pronuncio sobre la representatividad de las ONG, pero tengo claro cual es su legi-timidad. Me preocupan mucho los aspectos ligados a la autonomía y a la independencia de la ONG, como un reservorio de la conciencia crítica. Y ese es nuestro gran desafío frente a los condicionamientos que nos puede implicar el conveniar con el Estado. Esto es una de nuestras señas de identidad, que me parece que hay que profundizar que nos permite dife-renciarnos frente a otros actores con los que, en algunos casos, vamos a tener actitudes de complementación y en otros situaciones de competencia".
Eduardo Aparicio, Fundación CFEE/Con todos los Niños
"La clave para definir el lugar en el que estamos es que somos asociaciones civiles sin fines de lucro. Esto es muy importante porque tiene mucho que ver con la lógica del mercado".
Jorge Solari, CUI
"Cuando algunos grupos interdisciplinarios se presentan a llamados que son para ONG, muchas veces siento que no son una ONG. Sin embargo, cada vez que me he sentado a marcar cual es el límite que dejaría afuera a ese equipo no lo he encontrado".
Gerardo Honty, CEUTA
En otros casos hay ONGs ligadas a movimientos ciudadanos (sociales, locales, ambientales, etareos, género, infancia). Algunas buscan desarrollar lógicas de voluntariado y en la mayo-ría de los casos articulan grupos reducidos de técnicos, profesionales y voluntarios que ac-túan solo desde su acumulación. Otras no tienen interés de participar y formar parte de un movimiento ciudadano que las incluya.
Durante los años ´90 muchas han tenido que enfrentar problemas de gestión, burocratiza-ción, el descompromiso y la falta de cohesión interna que ha llevado en algunos casos a reconvertirse en una forma de empresa social (ONG - PYMES); o en instituciones técnicas y/o de ejecutoras de servicios sociales. Su falta de claridad en relación a lo que se produce a nivel ciudadano les resta capacidad para incidir en las políticas públicas mas allá de la es-tructura burocrática de los vínculos con las administraciones.
Así como en los años ´80 los temas aglutinantes fueron la educación popular y los derechos humanos, en los 90 surgieron la inserción laboral y el empleo, la preocupación ambiental y la lucha contra la exclusión social y la discriminación caracterizan los ejes fundamentales de la acción de la mayoría de estas organizaciones.
Por ejemplo, si consideramos el trabajo con infancia y juventud, este comenzó en los ´80 y se consolidó fuertemente en los ´90 más ligado a la financiación y fiscalización del Estado, aunque es el área de mayor continuidad se encuentra a la fecha en un límite del modelo ejercido durante la última década que reclama ser repensado. En el caso del ambientalismo, si bien sus orígenes se remontan a fines de los años ´50, recién a mediados de los ´80, con el retorno democrático comenzaron a crearse nuevas organizaciones específicamente dedi-cadas a la temática ambientalista, conformándose en 1990, la Red Uruguaya de Organiza-ciones No Gubernamentales Ambientalistas, que enfrenta un proceso de reestructuración.
Las fuentes de financiación
Las ONG reflejan la posibilidad de movilizar fondos procedentes de distintas fuentes, tanto del sector público como privado, a nivel nacional e internacional. La financiación ha ido variando, durante los ´80 era mayoritariamente de fundaciones del exterior pero a partir de los ´90 el Estado como los organismos internacionales, mediante el estado nacional o de-partamental, son quienes mayoritariamente financian a las ONG, existiendo, a mediados de ésta década, una apertura incipiente hacia y desde las empresas.
También pude observarse una incipiente apertura por parte de ciertos financiadores interna-cionales y países. Tanto el Banco Mundial con la propuesta de la Alianza para la Supera-ción de la Pobreza, como los mecanismos de canje de deuda externa impulsados por el go-bierno de los EEUU (Fondo de las Américas) y el Banco Interamericano de Desarrollo con las reformas de segunda generación y el incentivo al fortalecimiento de la sociedad civil mediante la financiación de programas públicos que deben incluir ONG, han llevado a nue-vos mecanismos de financiación controlados por el Estado.
Posición de los organismos internacionales
Las crisis sufridas en los últimos dos años y las críticas de los economistas institucionalis-tas han llevado a los organismos internacionales a plantearse estrategias que tomen en cuenta lo social y a la diversidad de organizaciones que actúan en favor del desarrollo. El Banco Interamericano de Desarrollo está en una nueva etapa que tiene que ver con las re-formas de segunda generación llamadas "reformas institucionales". Enrique Iglesias en el seminario "Programas Sociales y Fortalecimieno de la Sociedad Civil" realizado en la Universidad Católica en mayo de 1998, planteo que el diálogo entre estado y sociedad civil reclama no solo un cambio del estado sino también de la sociedad civil. "Se requiere que la sociedad civil sea para fortale-cer la vida democrática. Es un vehículo para la participación ciudadana y la movilización de la sociedad para canalizarlas políticamente". Planteando que la sociedad civil es un pilar para: el fortalecimiento democrático, la participación ciudadana y un capital social como energía movilizadora de la sociedad. Mientras que el estado debe cumplir los siguientes roles, responsabilidad compensadora de los mas debiles, función habilitadora de la diversi-dad y marco regulatorio del mercado. Por lo que en la etapa actual se reclama vincular el sector privado con la sociedad civil y el estado a los efectos de potencializar los recursos en función de las necesidades existentes.
El presidente del Banco Mundial, J. Wolfensohn en octubre del mismo año planteo en el documento denominado LA OTRA CRISIS lo siguiente: "¿Qué ocurriría si las autoridades de gobierno se unieran a la sociedad civil y al sector privado para determinar las priorida-des nacionales a largo plazo? ¿Qué ocurriría si luego se sumaran los donantes con su ayuda y, guiados por los países, la coordinaran, en un marco de participación local y de identifi-cación con los objetivos por parte de la población?" Estas propuestas se enmarcan en las estrategias de las alianzas para superar la pobreza creciente, que implica garantizar la "sos-tenibilidad ambiental y
humana" en un tipo de desarrollo distinto al actual.
Por lo que se podría afirmar que no ha bajado la cooperación internacional sino que en gran medida cambió drásticamente la forma de cooptación e ingreso de los recursos. Hoy ingre-san mayoritariamente por los organismos internacionales o con alta participación del estado (OPP, Ministerios, Fondo de las Américas, Intendencias). La UE aún mantiene un flujo hacia Uruguay que puede verse reforzado por el acercamiento al MERCOSUR.
En Uruguay, según datos de la ANONG, el costo anual de funcionamiento de las ONG va-ría de U$S 1.500.000 a 1.500 por año, pasándose de 1997 a la fecha de un 42% de finan-ciación local a un 95% (este es el caso de las ONG de infancia y juventud). La financiación proviene mayoritariamente del Estado o de fondos de organismos internacionales que pasan por este.
"Los financiadores definen muchas cosas, ¿pero cuánto dejamos que definan los organis-mos financiadores?. Porque hay organismos del Estado que tienen una forma muy cuantita-tiva de medir resultados y nosotros podemos cumplir con eso y nada más, o cumplir con eso y mucho más. De eso depende nuestra identidad". Fernando Rodríguez, Iglesia Angli-cana
"Cerradas las fuentes de financiamiento del exterior, la posibilidad de supervivencia de las ONG están planteadas en la nueva relación con el Estado. La posibilidad de aparecer como un actor político se ven coartadas porque nos estamos transformando en proveedores de servicios para poder seguir cumpliendo con algunos objetivos que nos constituyeron y nos dieron identidad".
Lilián Celiberti, Cotidiano MUJER
"No es una opción libre. Nosotros no optamos por transformarnos. Nos transformamos por-que se nos acabó el financiamiento de afuera. Al cambiar o desaparecer la cooperación in-ternacional, algunas ONG, que no llegan a diez, cerraron la cortina, alguna se transformó en empresa y los otros hicieron la opción de trabajar con el Estado".
Gustavo Varela, Prog. CARDIJN, ANONG
"La mayor parte de las asociaciones que firman convenios con el INAME no fueron afecta-das por los cambios sufridos por las ONG con el retiro de las agencias financiadoras inter-nacionales porque nacieron de los barrios, de congregaciones religiosas o sindicatos y nun-ca recibieron apoyo desde el exterior".
Teresa Supervielle, RED de ONG de Infancia y Juventud
Este proceso que se ha dado en forma acelerada ha llevado a la reconversión funcional de la mayoría de las ONG desdibujando algunos de sus objetivos fundacionales y su identidad ciudadana buscando adaptarse a los nuevos tiempos.
La iniciativa se va a ver supreditada a la oferta y condiciones de los organismos estatales, tanto nacionales como departamentales, como a la competencia en algunos casos con mar-cos definidos y en otro al mayor o menor vinculo con los jerarcas gubernamentales.
Se han ido configurando organizaciones que se desempeñan básicamente como centros de promoción e investigación, otras como gestoras y ejecutoras de servicios sociales y otras como organizaciones de base ligadas a movimientos sociales y locales.
Las ONG y los actores sociales
Existen tensiones en cómo las ONGs se posicionan y relacionan entre sí y con otras organi-zaciones de la sociedad civil (cooperativas, sindicatos y grupos ciudadanos), así como con empresas. En ello se observa la búsqueda de un espacio organizacional propio ante el Esta-do y la sociedad.
En los ´80 muchas ONG estuvieron ligadas a los movimientos sociales tradicionales y or-ganizaciones de reivindicación colectiva, mientras que en los ´90 los cambios ocurridos (que se describieron más arriba) desencadenaron en nuevos vínculos con reparticiones esta-tales y con empresas.
En este último caso no solo por los recursos sino también por las formas organizacionales y de gestión. Es de destacar que mientras a principios de la década las ONG fueron una refe-rencia para las empresas, por su capacidad de adhesión y cohesión interna, a fines de siglo se invierte la referencialidad en la búsqueda de un enriquecimiento mutuo, intentando las ONG el ideal de la gestión eficiente. Otro tanto pasó con el Estado que encontró en ellas, al comienzo, el instrumento para desarrollar políticas sociales renovadas pero transfirió no solo recursos y apoyo sino también toda su estructura burocrática y pesada en la gestión dificultando el desarrollo de este tipo de iniciativas de la sociedad.
Por otro lado algunos sindicatos recelan de su accionar, existiendo en algunos casos fuertes cuestionamientos a la lógica que las inspira. Tanto ADEOM, el sindicato que reúne a los empleados y trabajadores municipales, como el SUINM, que nuclea a los funcionarios del INAME, cuestionaron públicamente la política de convenios con ONGs, impulsada por la Intendencia Municipal de Montevideo y el Instituto Nacional del Menor. Este hecho podría agudizarse si las políticas públicas adoptan en forma estructural la articulación con las ONG. Asimismo una estabilización de la gestión de políticas públicas por ONGs conlleva a mediano plazo una sindicalización de los miembros ren-
La visión de algunos sindicatos, o miembros de los mismos, muestra como el corporativis-mo puede impedir ver la complejidad y la emergencia de una nueva realidad social.
"Un sindicato es una escuela de revolucionarios. A su vez un partido revolucionario inter-preta la realidad a partir de determinada ideología (eso se llama "línea") y tiene infinidad de frentes o direcciones: sindical, juventud, etc. Cada frente, en análisis con la dirección elabo-ra la línea partidaria sobre la realidad en determinado asunto específico. La propuesta de las ONGs dinamita esto poniendo de cabeza la práctica partidaria... Reclutan militantes revolu-cionarios que trabajan en determinado frente, le pagan un buen salario y lo cooptan para que SOLO trabaje para la ONG en cuestión. Posteriormente, todas las ONGs de determina-do país constituyen coordinadoras, redes, multisectoriales o como quiere llamárseles y de-baten febrilmente sacando declaraciones públicas. A su vez hacen lo propio a nivel regional y luego a nivel internacional. Viajes, dinero fácil, protagonismo, hacen que aquel viejo re-volucionario (o joven, porque también hay de esos casos) actualmente reconvertido, esté dispuesto a asesinar si a alguien se le ocurre escribir este documento"
Aníbal Varela, Secretario de Organización de Adeom extraído de EL MUNICIPAL - mar-zo 1999
Por otro lado, Pablo Lima del SUINM, en un artículo aparecido en el SUINMFORMATI-VO de noviembre de este año plantea, a titulo personal, la necesidad de no evadir la discu-sión interna con las ONG, dónde en cuatro puntos posiciona cual es la visión que tiene de esta realidad. Por un lado se define como estatista, no visualizando el espacio público no estatal, por otro se declara a favor de "la participación de la sociedad civil en el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas" ; en un tercer punto plantea el apoyo a la sindicalización de miembros no directivos de las ONG atacando indiscrimina-damente a las directivas de las mismas promoviendo una falsa oposición en el objetivo de sus miembros, finalmente plantea su no comprensión al hecho, que a la vez que las ONG convenían con el Estado lo cuestionan.
Mientras tanto la Central de Trabajadores el PIT-CNT viene participando, desde hace años, en la coordinación de plataformas sociales dónde se articulan actividades con las ONG.
No debemos pasar por alto que las distintas formas de tranferencia de recursos y gestión impulsadas por el estado no logran en todos los casos los resultados y objetivos buscados de una mayor eficacia, tanto en las políticas públicas como en los instrumentos y recursos humanos destinados a las mismas.
Tampoco la relación de las ONGs con los grupos ciudadanos y los movimientos sociales temáticos puede considerarse fluida. En algunos casos existe la preocupación de las ONGs por la construcción de movimientos sociales amplios, que potencien el accionar de las pro-pias ONGs, que permiten desarrollar acciones reivindicativas más potentes y gestionar nue-vos servicios con el Estado. La existencia de redes no siempre supone la construcción de movimientos sociales, aunque existen algunas experiencias interesantes con el ambienta-lismo y los grupos de mujeres. Sin embargo, esta preocupación no forma parte del trabajo de todas las ONG, no existiendo movimientos sociales organi-
"Yo creo que la única forma de avanzar es por la construcción de redes temáticas que no son solamente ONG. A partir de temas que se conocen empezar a construir algún tipo de articulación, que la diferencio sustancialmente de otros puntos que se refieren a la actividad profesional. Si no construimos redes ciudadanas, nuestros objetivos como institución pasan a ser laborales".
Lilián Celiberti, Cotidiano MUJER
"En la RED de infancia la mayoría de los que trabajamos no se consideran ONG, son co-operativas, sindicatos, o pequeños grupos barriales que no tienen un sentimiento de perte-nencia al movimiento de las ONG".
Teresa Supervielle, RED de ONG de Infancia y Juventud
"El corte temático puede ser un buen aglutinador, pero hay muchos ejemplos de temas transversales y por lo tanto tendremos que tejer alianzas con otros actores que provienen de otros ámbitos y que, muchas veces, tienen lógicas muy distintas a las nuestras".
Jorge Solari, CUI
zados en temas en los que éstas desarrollan importantes acciones (infancia y juventud, etc.).
El aspecto fuertemente ideológico de comienzos de los ´80 se ha relativizado por las formas de funcionamiento organizacional y de financiamiento, reclamando hacia la próxima déca-da un nuevo equilibrio, a los efectos de no perder su originalidad y poder responder a las nuevas formas de desarrollo
actual.
Las ONG y el Estado
Lo público desde los años ´70 se ha complejizado y la dicotomía público-privado no expli-ca totalmente el desarrollo al que se ha llegado en los ´90, por lo que se podría establecer que lo público no queda agotado en el Estado y que la sociedad adquiere función pública (la comunidad).
"En Uruguay no conozco ninguna experiencia pública en la cual realmente exista un diálo-go o la elaboración de política sociales. Sí existe un largo camino de prestación de servi-cios. Generalmente solo se da el pago a la hora del trabajo con los chicos y la ONG debe poner todo lo demás. Sistematizar, evaluar, replanificar la experiencia, todo eso forma parte del aporte institucional de la ONG".
Lilián Celiberti, Cotidiano MUJER
"Esa transformación, nos ha llevado a hacer convenios con el Estado, pero no incidimos en como se hace la licitación y deberíamos poder hacerlo, porque sino corremos el riesgo de transformarnos en los empleados públicos baratos".
Gustavo Varela, Programa CARDIJN, ANONG
"El principal problema que tenemos con el Estado es que cada cinco años cambian los in-terlocutores y avanzamos y retrocedemos todo el tiempo. Existen quienes nos consideran un interlocutor, otros que nos ven como un mal necesario y otros que no tienen ninguna idea de lo que es un convenio y una ONG".
Teresa Supervielle,
RED de ONG de Infancia y Juventud
"No es claro para los integrantes del gobierno por donde pasa la democratización de la ges-tión de los temas públicos. Al contrario, tratan de mostrar que existe una asimetría y que son ellos los que gobiernan, marcan las reglas y los demás ejecutamos. Muchas veces de-cimos que cuando estamos conveninado con el Estado estamos articulando con el Estado, o que participamos en políticas con el Estado. Y creo que los convenios en general no signifi-can ningún tipo de articulación".
Juan Pablo Monteverde, VIDA Y EDUCACION
Este espacio de lo público comienza a ser compartido por el Estado y las ONG en una for-ma sistemática que adquiere carácter de políticas estratégicas en relación a la democratiza-ción de la sociedad y el desarrollo humano. Por lo que, tanto los paradigmas en que se asientan como los instrumentos que se manejan reclaman de ser pensados en mayor pro-fundidad.
En Uruguay el Estado tanto a nivel nacional (Ministerio de Educación y Cultura - INAME -INJU - PROJOVEN; Ministerio de Trabajo y seguridad Social -Dirección Nacional de Em-pleo; MVOTMA; Ministerio del Interior - Programa de Seguridad Ciudadana, etc.) como municipal (principalmente la Intendencia de Montevideo pero también, aunque en mucho menor medida, las de Colonia, Treinta y Tres, Salto, Paysandú, Tacuarembó, Cerro Largo, Maldonado y en forma puntual las restantes) desarrolla, mediante convenios de proyectos a término o contratos de servicios, políticas públicas con ONG dedicadas fundamentalmente a temas de infancia, adolescencia y la juventud; mujer; desarrollo local y vivienda; forma-ción para el empleo y preservación del ambiente.
Generalmente las acciones que realizan las ONG en relación al Estado son de asesoramien-to - investigación, educación, capacitación, formación y gestión de servicios en la ejecución de políticas públicas que se presupone se desarrollan con menores costos y mayor eficacia que si estuvieran en la órbita del Estado.
En los tres períodos democráticos subsiguientes a la dictadura a nivel del gobierno nacional y municipal se ha dado primero una relación desconfiada y utilitaria, pasando por una tras-ferencia de recursos sin objetivos claros a un diálogo sobre los instrumentos que facilitan la relación de las ONG con el Estado, hasta un condicionamiento de los recursos en algunas áreas. "Sin embargo, una sociedad de responsabilidad pública requiere de la articulación del sector estatal, del mercado y de la sociedad civil organizada. El primer sector tiene como puntos fuertes garantizar los principios de igualdad y universalidad, teniendo como puntos débiles la burocratización, la falta de coordinación y la dificultad de controlar el gasto. El mercado posee la virtud de la iniciativa, la eficiencia, teniendo sus puntos débiles en la no atención de las demandas insolventes y en la generación de desigualdades que reclaman de otros actores para corregirlas. Finalmente la sociedad civil organizada tiene en algunos aspectos la posibilidad de ser innovativa, eficaz y participativa, encontrando su mayor debilidad en la dependencia financiera y en la fragmentación y fragilidad de las propuestas. La corresponsabilidad de actores en la construcción de espacios ciudadanos operativos, parecen ser un camino para poder consolidar lo que llamamos sociedad de responsabilidad pública" (Villarreal, 1997). Esta nueva lógica conlleva una forma distinta de consolidación de la ciudadanía, que es a la vez diversa, local y abierta a lo universal, no encontrando solo en el estado el referente de consolidación de los derechos.
Actualmente a los convenios se accede fundamentalmente mediante dos mecanismos, uno el acuerdo entre el área del organismo público y la ONG, fruto de una necesidad visualiza-da por una de las partes, y el segundo el de las licitaciones o llamados abiertos o restringi-dos que involucran a ONG preseleccionadas.
En la realidad, en muchos casos, se funciona fuertemente condicionado por el vínculo des-arrollado por las ONG con los jerarcas de los organismos públicos, el peso institucional de las ONG en la opinión pública o la historia reciente. Esto muestra la necesidad de construir una memoria sobre las intervenciones institucionales en relación con el estado que habiliten a mecanismos de evaluación y seguimiento más objetivables por ambas partes para que puedan responder al interés público y no sectorial o particular.
En tal sentido el cambio en la financiación impone una transacción con los organismos del Estado que reclama de políticas que fortalezcan no solo la eficiencia de los servicios sino la posibilidad de sostener la identidad de las ONG en la consolidación del espacio público no estatal a los efectos de no quedar sumidos a los administradores de turno.
El Estado tiene criterios distintos al momento de conveniar con las ONG y la realización de contrataciones directas. En la práctica se ha dado un proceso que recarga a las organizacio-nes de la sociedad civil con los mecanismos burocráticos y administrativos propios del es-tado, mientras que los mecanismos de contratos de obra o asesorías no suponen estos mis-mos criterios.
Las ONG y el mercado
Desde principios de los 90 las ONG han comenzado un proceso de relacionamiento gradual con el mercado que va desde situarse como receptor de fondos provenientes de empresas hasta la coparticipación de iniciativas que pueden fomentar prácticas propias del marketing social. En este sentido la experiencia desarrollada por la Fundación "Con todos los Niños" en la gestión de los Paradores de la costa de Montevideo muestra una forma de articulación de intereses públicos y privados que vincula la corresponsabilidad social del Estado, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil.
"No veo como podemos desarrollar nuestros proyectos ajenos al mercado. Existen toda una variedad de términos como la competencia, la eficiencia, que provienen del mundo empre-sarial, pero ¿no podremos traducir ese término competencia al mundo nuestro, para mejorar la calidad de nuestro trabajo?".
Gerardo Honty, CEUTA
Conclusiones generales
1. Rol y representación de las ONG en relación a la sociedad y el Estado. Iniciativa ciuda-dana y democratización de la sociedad y el Estado.
Las perspectivas actuales muestran que las ONG son un actor de creciente interlocución para otros actores de la sociedad. Sus actividades se desarrollan tanto en un espacio político en sentido amplio, sea a nivel ciudadano, como frente al Estado. Igualmente ha ingresado a interactuar de variada manera dentro del mercado. También son interlocutores para los or-ganismos internacionales. Todos estos aspectos implican un alto desafío para estas organi-zaciones como para quienes se relacionan con ellas.
Desde un análisis prospectivo se podrían visualizar a estas organizaciones por un lado si-tuadas como un eslabón más de la ingeniería social de las nuevas políticas de segunda ge-neración y por otro como emergentes de la diversidad marginal y crítica del desarrollo ac-tual.
Es posible suponer que las ONG más legitimadas y con mayores vínculos estables con el sistema o prestadoras de servicios sociales, acepten y busquen ser parte de esta ingeniería social sin mayores críticas, por otro aquellas ONG mas vinculadas a movimientos ciudada-nos, tanto de base como de problemáticas específicas, aún no aceptadas totalmente en el modelo de desarrollo actual, busquen plantearse en una perspectiva de confrontación. Sin embargo parecería que el desafío más importante que tienen las ONG para la próxima dé-cada, no está en la disyuntiva de adaptarse o confrontar sino en como se posicionan con propuestas significativas como en décadas pasadas, a los efectos de no quedar presas de las lógicas de otros actores o marginales a los procesos de cambio para incidir con sus objeti-vos.
Posicionarse supone hacer confluir un conjunto de aspectos entre los que se podría desta-car: a) situarse como emergentes de intereses ciudadanos en favor de un desarrollo inclusi-vo y sustentable, aunque no como representantes de la sociedad civil; b) la aceptación, a la interna del espectro de estas organizaciones, no solo de la diversidad temática en relación al desarrollo sino también en las distintas formas que adquieren estas organizaciones en su vínculo con los movimientos sociales, ciudadanos y las empresas, c) fortalecer la participa-ción y autonomía de la sociedad civil, tanto en lo local como en lo nacional, como sujeto activo en la construcción del desarrollo y legitimar las propuestas de las ONG con su dife-rencial propio; d) en relación a los organismos internacionales y estatales establecer meca-nismos por los cuales las políticas que se desarrollen no terminen utilizando a las ONG como mano de obra barata, punta de lanza de sus intereses y/o formas de frenar recientes procesos de democratización.
Este posicionamiento reclama una clarificación tanto de la identidad como de los roles y objetivos que se pretende llevar adelante por parte de las ONG a los efectos de ser recono-cidas y legitimadas desde las propuestas de las propias organizaciones y no desde el lugar que se les quiere dar desde fuera.
Una primera cuestión está en el lugar desde donde actúan y pretenden incidir, el que pode-mos definir como la comunidad o lo público no estatal, pero muchas veces se tiende a des-plazar y se busca incidir como una empresa en el mercado o se actúa como si fuesen un apéndice de la organización estatal.
Otra cuestión es la viabilidad institucional y financiera de las ONG que cada vez más re-clama de mecanismos permanentes que les permita la subsistencia básica a los efectos de lograr desarrollar sus propuestas. La viabilidad institucional requiere estar apoyada no solo en los recursos financieros sino en la participación ciudadana a los efectos de no sucumbir a los cambios de financiación. Asimismo la diversificación de las fuentes de financiación que van desde la cooperación internacional, pasando por el incipiente apoyo de las empresas y los colaboradores y donantes locales, hasta el sustantivo apoyo estatal y de organismos in-ternacionales supone por un lado la construcción de instrumentos igualitarios al acceso de los recurso públicos y por otro el fortalecimiento de las ONG como actores claves tanto en dinamización de la vida ciudadana, en la cogestión de servicios y producción de conoci-miento en la complejización de las sociedades actuales.
De esto se desprende que el desarrollo de proyectos y concreción de convenios entre las ONG y distintos organismos del estado nacional y municipal supone primero el acuerdo de políticas para el desarrollo, los instrumentos para concretarlo y los recursos (presupuesta-dos) para viabilizar los objetivos planteados.
Algunas exigencias básicas de las ONG al Estado en la participación de políticas públicas
a) Acordar un marco jurídico que contemple la cogestión efectiva entre organismos estata-les y organizaciones de la sociedad civil a los efectos que se logren los objetivos que llevan a desarrollar políticas públicas con diversidad de actores. Este marco debería estar aproba-do en una política de fortalecimiento de la sociedad civil y las ONG para el logro de políti-cas públicas participativas
b) Cogestión efectiva de las propuestas que involucran activamente a ambas partes. Esto supone la creación de instrumentos consensuados en las formas de licitación, gestión, se-guimiento, rendición de gastos y evaluación de las propuestas
c) Planificación de un presupuesto por área que garantice no solo el apoyo financiero sino su flujo en tiempo y forma a los efectos que no se malogren las propuestas por falta de li-quidez.
d) La necesaria coordinación trasversal de los servicios públicos con objetivos comunes podría beneficiar a los actores no estatales que participan como ejecutores de políticas pú-blicas
e) Coordinación de recursos económicos directos e indirectos que faciliten el desarrollo de las propuestas a los efectos que no se malogren por mala administración
2. Articulación de las ONG con los organismos estatales (municipal y nacional) y construc-ción de políticas públicas. Convenios, licitaciones y otros
Las distintas propuestas y ejecución de la reforma del estado en nuestro país ha instaurado mecanismos contradictorios en su relación con la sociedad a los efectos de involucrarla, tanto en los procesos de descentralización como en la delegación de responsabilidades so-ciales, ambientales etc. Parecería existir un acuerdo macro respecto al involucramiento de la sociedad civil y particularmente de las ONG en el desarrollo de políticas con la comuni-dad, sin embargo el lugar y rol que estas cumplen en el diseño, la gestión y ejecución de los programas y proyectos va desde la omnipotencia hasta transformarse en el eslabón amorti-guador de la falta de recursos continuos en la ejecución de las políticas.
Como decíamos anteriormente a la fecha se ha llegado a un techo respecto a los modelos de desarrollo y ejecución de políticas públicas con participación de ONG, encontrándose hoy en la tensión entre planteos que van desde la reestatización pasando por la cogestión hasta la tranferencia total al sector privado de las responsabilidades de las políticas públicas.
Propuestas
Presentamos a continuación una serie de propuestas de Políticas Públicas destinadas a me-jorar y potenciar el trabajo de las ONG y grupos ciudadanos en su relación con el Estado.
1. Implementación de mecanismos de evaluación conjunta entre ONG y Estado.
Se requiere profundizar los mecanismos desarrollados incorporando nuevos criterios que evalúen procesos y productos mas que acciones aisladas. En este sentido la IMM está des-arrollando mecanismos permanentes de seguimiento y evaluación que permiten generar instrumentos idóneos en una nueva gestión de políticas públicas. También el INAME man-tiene una mesa de dialogo con las asociaciones civiles con las que convenía. Sin embargo ambas experiencias deberían profundizar formas conjuntas de planificación, seguimiento, control y evaluación de las políticas públicas sujetas a convenios.
2. Creación de Incubadoras de ONG.
Uno de los principales problemas que enfrentas muchas de las ONG dedicadas a temas co-mo infancia y juventud, ambiente, salud comunitaria, mujer, etc. es la falta de recursos para solventar la infraestructura mínima de funcionamiento, debido fundamentalmente a que los proyectos no incluyen rubros para los llamados "gastos institucionales" (alquiler, secretaría, etc.). En otros países existen experiencias denominadas incubadoras de empresas, financia-das por los gobiernos, que le permiten a empresas pequeñas comenzar sus actividades sin necesidad de destinar recursos a este tipo de rubros. Las incubadoras de ONG deberían con-tar con apoyo estatal, brindando servicios en forma colectiva a las instituciones que ocupen el mismo espacio físico, que incluyan local para funcionamiento, espacios comunes, salas de reunión, teléfono y fax, apoyo informático y de secretaría, etc. El pasaje por las incuba-doras deberá ser transitorio con el objetivo de fortalecer institucionalmente a las organiza-ciones bajo programas con políticas definidas. El acceso de las ONG a estos servicios debe-ría quedar sujeto a un llamado abierto con criterios claros de selección en función a los te-mas de acción, recursos con que cuentan las ONG, etc.
3. Creación de fondos específicos para ONG y grupos ciudadanos.
En la actualidad existen diversos fondos específicos para ONG como es el caso del Fondo Capital, que permite financiar proyectos a partir de un fondo anual que administra la Inten-dencia Municipal de Montevideo o el Fondo de las Américas (co-administrado por el go-bierno uruguayo, la Embajada de EEUU y ONG designadas por el gobierno). La experien-cia desarrollada hasta la fecha debería servir como antecedente para la instrumentación de nuevos fondos administrados por otros organismos públicos destinados a financiar proyec-tos que tengan la iniciativa de las ONG. Por otra parte, existen grupos ciudadanos que al carecer de personería jurídica ven dificultada su presentación a los llamados en los que se adjudican estos fondos. En este sentido deberían establecerse mecanismos que permitan el traspaso de recursos a grupos no formalizados. En este sentido, un ejemplo nunca instru-mentado, se encuentra previsto en el Decreto Nº 14.001 actualmente en revisión, que re-glamenta los aspectos referidos a la limpieza urbana. La propuesta municipal prevé en su Artículo Nº 41 la creación de un "premio estímulo anual que se otorgará por la Intendencia Municipal a aquella división territorial (CCZ) del Departamento de Montevideo, que haya dado, a través del esfuerzo de sus pobladores, el mejor ejemplo de pulcritud y limpieza". La instrumentación de iniciativas de este tipo, que deberían ser administradas por la propia comunidad (por ejemplo a través de los Consejos Vecinales), podrían transformarse en un valioso incentivo para el trabajo de grupos ciudadanos locales dedicados al trabajo en salud comunitaria, al cuidado del ambiente, etc.
4. Simplificación y democratización de los sistemas de licitaciones públicas.
Uno de los principales problemas que enfrentan muchas ONG al momento de competir con empresas en la prestación de servicios públicos es su debilidad al momento de presentar sus propuestas. En términos generales, las empresas se encuentran mejor preparadas para pre-sentarse a licitaciones públicas destinadas a proveer servicios a los organismos públicos. Actividades como limpieza de locales, mantenimiento de espacios verdes, ciertos trabajos informáticos, etc. pueden ser actividades que encierren un alto contenido social, si se con-ciben como espacios para la inserción laboral de jóvenes en situación de riesgo, etc. Por este motivo deberían establecerse mecanismos diferenciales que permitan el acceso de las ONG a los llamados abiertos realizados por las administraciones para proveer ciertos servi-cios. En el mundo los gobiernos han desarrollado diversas estrategias que van desde la limi-tación de ciertos llamados exclusivamente a asociaciones civiles hasta la fijación a las em-presas de un porcentaje máximo de lucro como modo de equipararlas a las asociaciones civiles sin fines de lucro.
5. Simplificación y democratización de los sistemas de acceso a la información sobre pla-nes gubernamentales, llamados abiertos y proyectos.
El acceso a la información se transforma en una dificultad para la presentación de ONG a muchos llamados impulsados por los gobiernos. Generalmente las ONG quedan en inferio-ridad de condiciones frente a las empresas mejor adiestradas para la presentación de sus propuestas. Por este motivo deberían desarrollarse mecanismos dirigidos a ONG y grupos ciudadanos que democraticen la información pública sobre los llamados abiertos destinados a proveer servicios a los organismos públicos. En este sentido la posibilidad que brindan sistemas rápidos de acceso a la información como internet permiten amplificar las informa-ciones, el contar con líneas de teléfono destinadas específicamente a responder este tipo de dudas también podría contribuir a generar mayor conocimiento en la ciudadanía de los pla-nes y proyectos impulsados por los organismos públicos.
También deberían implementarse mecanismos sencillos y de bajo costo para la presenta-ción de las licitaciones públicas. Por ejemplo en Recife, Brasil, existe un sistema de infor-maciones para la ciudadanía que integra las licitaciones públicas, detallando los procesos y requisitos necesarios para la presentación. Los pliegos pueden adquirirse por esta vía aho-rrando tiempo y dinero. Al tratarse de mecanismos masivos y públicos se resguarda la transparencia del procedimiento.
6. Fomento de iniciativas legislativas que promuevan la donación de recursos por parte de empresas.
Nuestro país cuenta con incipientes mecanismos de promoción de donaciones empresariales con fines sociales. A partir de esta experiencia, deberían estudiarse nuevos mecanismos impositivos que permitieran transferir recursos provenientes de empresas destinados a fines sociales.
Nelson Villarreal Durán – es investigador de CLAES en filosofía política y social, docente de antropología filosófica en la Universidad Católica y miembro de ONG de infancia y juventud. Posee artículos publicados en revistas locales y de la región.
Alain Santandreu es sociólogo y miembro de ONG ambientalistas, investigador de CLAES y responsable del programa mirador de conflictos ambientales.
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Documento resultante de la reunión del Foro Uruguayo en Desarrollo Sustentable coordinado por CLAES con apoyo de FESUR.
Centro Latino Americano de Ecología Social CLAES
Canelones 1164, Montevideo - Telf. 902 2362 / 63 - Fax 200 1908
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Casilla Correo 13125, Montevideo 11700, Uruguay
Foro Uruguayo en Desarrollo Sustentable
El presente documento se basa en la reunión del Foro Uruguayo en Desarrollo Sustentable dedicado a la sociedad civil, las ONGs y las políticas públicas. Este foro es animado por CLAES e inició sus actividades en 1995, y a lo largo de cinco años ha realizado más de 40 encuentros. Participan personas provenientes de la política, funcionarios gubernamentales, organizaciones sociales y ambientales, sindicatos y académicos. Los resultados de las reu-niones del foro se han venido publicando en revistas y diarios uruguayos.
El ciclo de encuentros 1999 del Foro está dedicado a las Políticas Nacionales en Desarrollo Sustentable. En cada reunión CLAES presenta un documento de trabajo a ser discutido y analizado, y cuya versión final se edita en la serie de publicaciones Temas Clave. En la reunión dedicada al papel de las ONGs y las políticas públicas participaron Eduardo Apari-cio (Fundación CFEE/Con todos los Niños), Selva Braselli (Movimiento Tacurú), Lilián Celiberti (Cotidiano MUJER - Comisión Nacional de Seguimiento de Beijing), Gerardo Honty (CEUTA), Agustín Lapetina, El Arobjo), Juan Pablo Monteverde (Vida y Educa-ción), Luis Murias (IPRU), Raúl Pérez (Red de ONGs Ambientalistas), Fernando Rodrí-guez (Iglesia Anglicana), Jorge Solari (CUI), Teresa Supervielle (Red de ONGs de Infancia y Juventud), Gustavo Varela (Programa CARDIJN - Asociación Nacional de ONGs), H. Villaverde (CEADU), E. Gudynas, A. Santandreu y N. Villarreal (CLAES), y M. Díaz (FESUR). En esta publicación se encuentran opiniones de los participantes bajo los recua-dros. Esas opiniones así como su participación en el Foro es a título personal y no compro-mete a las instituciones donde desarrollan sus actividades, ni tampoco implican acuerdos con el presente documento.
En la serie Temas Clave ya se han editado los documentos sobre Políticas Nacionales en Conservación de Biodiversidad, Conflictos Ambientales, Reforma del Estado, y Economía y Desarrollo Sustentable. Una versión resumida de este documento aparece en la serie Te-mas Clave con el No. 10. Próximamente aparecerá el documento sobre gestión ambiental municipal. En la serie Documentos de Trabajo acaba de editarse una evaluación de la ges-tión en temas ambientales del Poder Legislativo entre 1995 y 1999. En la serie de monogra-fías Estudios en Ecología Social apareció una cronología y análisis del conflicto ambiental por la instalación de una planta de incineración de residuos hospitalarios en Barrio Capra (Montevideo).
Otros Documentos de Trabajo, así como la serie Temas Clave, Estudios en Ecología Social, o libros de CLAES, se encuentran disponibles para la venta.
CLAES, Canelones 1164, Montevideo.
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Fax 598-2-2001908. claes@adinet.com.uy
