Sin embargo y a pesar de todos los problemas, en el año 2001 se realizó una intensa labor en el relanzamiento del sector cultural por el establecimiento de políticas culturales y reglas claras, que orientaron las prioridades de la gestión cultural del Estado en el país. Se puede nombrar, por ejemplo: la culminación del proyecto definitivo de Ley Orgánica de la Cultura, el cual incluye el estímulo e incentivo a la empresa privada para el financiamiento de la cultura a través del llamado mecenazgo. Esto se logró mediante la discusión y participación del sector en 24 estados. El instrumento legal se presentó en la Asamblea Nacional en octubre del año 2001.

También se dio inició y se consolidó el proceso de reorganización de la institucionalidad cultural.

Se impulsó el Relanzamiento y Fortalecimiento del Sector Artesanal, destinando una inversión de 3,4 millardos, dirigidos a programas de producción, formación y capacitación, promoción y comercialización y programa editorial. Se atendió a 95 organizaciones y 406 personas naturales (artesanos, microempresarios y Centros de Formación) en 22 entidades federales del país.

Se incorporó la acción cultural y prácticas artísticas al Sistema Educativo Formal por medio de talleres de formación, dotación de videograbadoras, materiales de apoyo, televisores, instalación de videotecas o cine aulas y conformación de redes sociales en 320 escuelas bolivarianas, atendiendo a 120. 000 niños y niñas y 600 docentes en todo el territorio nacional, generando 1.300 fuentes de trabajo directo.

Se fortaleció la Acción Cultural Comunitaria a través de la creación de 11 Emisoras Culturales Comunitarias y de fronteras, dotándolas de equipos y capacitando a las comunidades para que estas las manejen directamente. Así mismo se dio inicio a la construcción de 10 Espacios Culturales Comunitarios, y se han recuperado 10 infraestructuras para las artes escénicas, ubicadas en zonas de escasos recursos y estados deprimidos. Se brindó apoyo a manifestaciones socioculturales tradicionales en 9 estados y 70 municipios generando un impacto de 16.500 beneficiarios.

Se dio un impulso al sector audiovisual, a partir de la discusión participativa de todos los gremios en la reforma del Reglamento de la Ley de Cine, así como el inicio de la reforma de la Ley de Cine. También se invirtió 1 millardo de bolívares para cofinanciar la realización de 3 largometrajes, 3 cortometrajes y la culminación de 18 proyectos ya iniciados. Se realizó la serie Venezuela Temática, integrada por 20 micros sobre diversos aspectos culturales. En el área de formación se inició la modernización y actualización de la Escuela Nacional de Medios Audiovisuales de la Universidad de Los Andes, y se dio apoyo a jóvenes venezolanos para realizar estudios de cine en la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba. En materia de conservación se invirtió la suma de 100 millones de bolívares para la construcción de las primeras cavas de preservación de la memoria fílmica nacional.

Se avanzó en la reorganización del Sector Letras, Libros y Lectura, a través del fortalecimiento de la Biblioteca Nacional, el Centro Nacional del Libro, la Fundación Biblioteca Ayacucho, Monte Avila Editores y la Fundación Kuaimare. Está en proceso de diseño el Plan Nacional de Lectura.

Actualmente el sector cultural, inicia el año 2002 con compromisos adquiridos: salariales y operativos y con un nuevo proceso de financiamiento ya bastante avanzado que, como siempre, genera grandes expectativas en la población, pero que no podrán ser respondidas de manera oportuna, debido a las circunstancias actuales.

Las 29 instituciones tanto tuteladas como adscritas al Viceministerio de Cultura-Conac presentan pasivos con sus trabajadores, productos de los retardos mencionados que están afectando directamente sus salarios. Algunos de ellos hasta con tres quincenas sin cobrar. En el rubro de compromisos con proveedores y de servicios básicos, el monto adeudado es del orden de los 3 millardos de bolívares, sin contar con un grave déficit planteado en la solicitud de crédito adicional que no se le otorgó al sector.

Se mantiene una deuda con 1.300 instituciones subsidiadas a escala nacional, del orden de los 7 millardos de bolívares. Dichas instituciones ya firmaron convenios, recibieron parte de los recursos e hicieron la correspondiente rendición ante la Contraloría interna de nuestro organismo.

El Conac adeuda recursos a 12 organizaciones con las cuales se firmaron convenios de cogestión para programas de interés social y cultural, en el marco del programa de descentralización. Para el manejo de dichos fondos se abrió un fideicomiso conjunto para el cual se estipuló la contribución conjunta de recursos por un monto que asciende a 1.600 millones de bolívares, el cual no se ha podido honrar.

La Dirección de Edificaciones Culturales realizó contratos de obras para la construcción de nuevos centros culturales comunitarios; proyectos bandera de la actual Gestión y que se encuentran en ejecución, por un costo del orden de 1 millardos de bolívares.

Y por último, el Conac presenta, por primera vez en muchos años, pasivos con proveedores y servicios básicos como alquileres, mantenimiento y vigilancia que no se han podido cancelar.

Las autoridades responsables de la institucionalidad cultural pública han agotado ante todas las instancias competentes las acciones pertinentes para intentar solventar la situación. Amén de reuniones con los ministros de Finanzas y Educación, Cultura y Deportes, para ponerlos al tanto de la realidad financiera.

La segunda vertiente de la coyuntura crítica es de carácter político-institucional; pues en la práctica, la figura del Viceministerio de Cultura, lejos de significar un refuerzo político se ha convertido en un obstáculo, canalizando los procesos técnico-administrativo hacia el aparato burocrático del Ministerio de Educación, debilitando la presencia institucional del sector en el alto gobierno, su jerarquía política y su indispensable autonomía en los tiempos actuales.

Para la actual Gestión Cultural Pública, es imposible una acción cultural expansiva, participativa, no excluyente, en equidad y justicia que alcance a todo el territorio nacional, si no se corrige esta situación político-institucional y presupuestaria.