El presente trabajo intenta reflexionar sobre el rol que ha jugado la política exterior venezolana en un período de transición de su sistema político y en referencia a los mecanismos, estrategias, estilos y compromisos para la promoción de la democracia hacia la región de América Latina.

Por una parte, se trata de evaluar lo actuado en esta materia en los últimos diez años (1989-1998), es decir, durante los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, Ramón J. Velázquez, y Rafael Caldera, ya que estas administraciones incluyeron la promoción de la democracia como tema prioritario en su agenda internacional y, a la vez, instrumentaron importantes acciones a objeto de alcanzar esa prioridad. En este sentido, cuestiones tales como qué impacto tuvieron dichas estrategias, y cómo y por qué se implementaron, con cuál estilo específico, se intentarán responder. Por otra parte, también en este estudio se intentará analizar la no-actuación en materia de promoción de la democracia que hasta el momento ha llevado a cabo la nueva administración del presidente Hugo Chávez Frías (1999) y las consecuencias internas y externas de esta ruptura con tan importante y tradicional línea de actuación venezolana.

A partir de lo anterior, se reflexionará en cuanto a las trabas existentes en la actualidad para una nueva, más coherente y efectiva estrategia de promoción de la democracia basada en esfuerzos que sean llevados en forma integral, desde el gobierno pero también desde la sociedad y desde organizaciones y redes de alcance mundial.

2. La promoción de la democracia como línea fundamental de la política exterior venezolana y regional

La defensa y promoción de la democracia hacia la región latinoamericana, que quedó establecida como principio fundamental en el preámbulo de la Constitución venezolana de 1961, se constituyó en uno de los principales lineamientos de política exterior del Estado venezolano durante la denominada etapa de la democracia representativa (1958-1998), como bien lo han reconocido prácticamente todos los autores y analistas de nuestra política internacional . Y ciertamente, durante las pasadas cuatro décadas Venezuela se distinguió en el hemisferio por mantener una actuación exterior dirigida a defender, consolidar y expandir un sistema de pluralismo y libertades, y lograr el ideal de una América Latina democrática e integrada, como lo dejó tan bien establecido Rómulo Betancourt (1959). De allí que nuestro país no sólo haya mantenido por cuarenta años consecutivos la constitucionalidad democrática, sino que al menos hasta principios de los años 90 haya figurado como el principal modelo de democracia para América Latina.

La línea de promoción de la democracia venezolana en el hemisferio se inició durante los tres primeros gobiernos de la etapa democrática, el de Rómulo Betancourt, el de Raúl Leoni y el de Rafael Caldera. En búsqueda de la defensa y consolidación del recién instaurado régimen, pero también con el objetivo explícito de proyectar a Venezuela como líder democrático regional, estos gobiernos lideraron iniciativas y principios de gran importancia como la Doctrina Betancourt, el Pluralismo Ideológico y la Justicia Social Internacional.

Con todas sus limitaciones y efectos aislacionistas, a través de la Doctrina Betancourt – instrumento por medio del cual el Estado venezolano rompía relaciones diplomáticas con aquellos regímenes latinoamericanos que llegaban al poder a través de un golpe de Estado derrocando gobiernos establecidos democráticamente (Guerón, 1972:234)- los gobiernos de Betancourt y Leoni lograron alcanzar al menos dos objetivos básicos para la estabilidad del sistema instaurado en 1958: legitimación y proyección de la imagen democrática de Venezuela en la comunidad latinoamericana (M.T.Romero, 1988:105). De no menos importancia, la política de Pluralismo Ideológico y la doctrina de la Justicia Social Internacional llevadas a cabo por la primera administración de Rafael Caldera (1969-1973), contribuyeron no sólo a la consolidación del sistema político sino que colocaron a nuestro país en un sitial de prestigio, ejemplo y respeto en el hemisferio, como nunca antes lo había tenido en su historia republicana. No cabe duda que estas iniciativas sentaron las bases de una política exterior de promoción y defensa de la democracia clara y definida que continuaron posteriormente los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi entre finales de la década de los setenta hasta finales de los ochenta, así como las administraciones de Carlos Andrés Pérez, Ramón J. Velázquez y Rafael Caldera en la década de los noventa (M.T. Romero, 1996:109).

Ahora bien, aun cuando esta línea de actuación internacional ha prevalecido durante toda nuestra política exterior democrática (1958-1998), la misma ha ido cambiando según los objetivos, medios y estilos específicos de cada gobierno, y de acuerdo a los cambios estructurales y coyunturales del sistema internacional y, muy especialmente, como veremos más adelante en detalle, de la situación política y económica venezolana. De tal forma, desde 1958 hasta finales de los años 70, la promoción de la democracia se realizó en un contexto general de bonanza económica y sobre la base de un sistema democrático relativamente exitoso de reglas políticas estables y confiables. La forma de promoción de la democracia empieza a cambiar en los años 80, con el inicio de la crisis del sistema político puntofijista y con la llegada de la crisis de la deuda externa. Pero es entre 1989 y 1998 cuando se observa un cambio drástico en referencia a los mecanismos, estrategias, estilos y compromisos de la promoción de la democracia venezolana hacia la región latinoamericana en virtud del complejo, contradictorio y critico contexto nacional imperante signado por un creciente agotamiento y una ruptura definitiva del sistema democrático instaurado en 1958.

Por otro lado, también cabe señalar que esta línea de promoción de la democracia no sólo formó parte prioritaria de nuestra política internacional. También fue esencial en las políticas exteriores del resto de los países y actores del hemisferio al menos desde mediados del siglo XX, dando lugar a múltiples e interesantes cursos de acción político-diplomáticos, económicos e incluso de naturaleza militar. Es más, especialmente durante la década de los noventa, cuando se da la “ola democratizadora” regional y se da la caída del comunismo y el fin de la Guerra Fría en el ámbito global, la misma se convirtió en un punto clave del nuevo rol internacional de actores como los Estados Unidos y la OEA, pasando a ser objeto de una enorme inversión financiera y suscitando ardientes y largas polémicas ético-ideológicas en torno a si la defensa y promoción de la democracia ha puesto o no en marcha acciones y conductas intervencionistas, violatorias de la Carta de la OEA y de las Naciones Unidas. No por casualidad, en 1995, el presidente Clinton expresó que “la mejor estrategia para asegurar nuestra seguridad y para construir una paz mundial duradera es apoyar el avance de la democracia en el mundo entero y particularmente en América Latina” (Carothers, 1999:5).

Como era de suponer, esos esfuerzos de defensa y promoción de la democracia también generaron enormes expectativas en las elites y dirigentes latinoamericanos y norteamericanos por igual, e importantes debates en la opinión pública regional. Las expectativas, por una parte, generalmente se orientaron a creer que con tales esfuerzos/iniciativas se lograría finalmente alcanzar el ideal de la democracia en América Latina, pero no cualquier sistema democrático, sino aquel imperante en el "Primer Mundo". En la práctica, sin embargo, estas expectativas se vieron relativamente frustradas porque a pesar de que a partir del inicio de los 90 se desarrolló una ola democratizadora en la región y que en prácticamente en todas nuestras constituciones se estableció la democracia representativa como sistema de gobierno, América Latina -y Venezuela en particular- se encuentra hoy en día aún muy lejos de exhibir un régimen político y un modo de vida democráticos realmente pluralista y estable. En la región aún predominan regímenes "semi-democráticos" (Diamond, Linz, y Lipset 1989), democracias “frágiles y poco robustas” (Hakim y Lowenthal, 1996) con evidentes y lamentables limitaciones. El siglo XX, pues, cierra su historia latinoamericana, y venezolana, con democracias de fuertes rasgos autoritarios y populistas, con instituciones políticas débiles y vulnerables, con procesos políticos centralizados y corruptos, con problemas de gobernabilidad democrática, con un acentuado capitalismo de Estado y con pueblos cuyas actitudes, valores y creencias democráticas dejan mucho que desear (M.T.Romero, 2000).

No obstante, a pesar del relativo éxito alcanzado, la defensa y promoción de la democracia continúa siendo una línea de conducta fundamental de los diversos estados y actores internacionales de y para Las Américas. Y hoy más que nunca, a la luz de un nuevo siglo y milenio, se está debatiendo seriamente cuál tipo de democracia se debe promover y cómo lograr una defensa democrática más efectiva y coherente. La necesidad de nuevas y variadas formas de promoción de la democracia, unilaterales y multilaterales, tanto "desde abajo" (desde la propia sociedad civil a través de actores no gubernamentales) como "desde arriba" (desde los gobiernos) se ha mantenido como tema prioritario de la agenda regional.

3. La promoción de la democracia en el período de crisis y transición sistémica (1989-1998) 3.

Para entender el énfasis otorgado a la defensa y promoción de la democracia durante la década de los 90, es importante subrayar que la política exterior de Carlos Andrés Pérez y Ramón J. Velásquez (1989-1993) por una parte, y la política de Rafael Caldera (1994-1999) por otro lado, se desarrollaron en la etapa inicial de la postguerra fría y por tanto, en un contexto global y regional complejo, contradictorio y confuso., así como en un escenario nacional de crisis económica y tensiones políticas (Cardozo, 1992b). En el ámbito global, este período “post-internacional” -como lo califica James Rosenau (1990)- ha estado signado por un sistema internacional de carácter uni-multipolar con un sólo actor hegemónico (los Estados Unidos) en el cual la globalización se erigió (y continúa) sobre la base de la democracia liberal como idea-valor, como sistema de gobierno y como vida política universal. De allí que autores como Francis Fukuyama hayan proclamado “el fin de la historia” al percibir a la democracia liberal como “el punto final de la evolución ideológica de la humanidad”(Fukuyama, 1989:3).

Siguiendo los patrones establecidos en el ámbito global, en el ámbito regional americano también se le dió la bienvenida a la promoción de la democracia liberal, y se desarrolló un proceso de democratización. De tal forma, durante la pasada década de los 90 en la mayoría de los países latinoamericanos prevalecieron –así fuese formalmente, más de fachada que de verdad en algunos casos- democracias representativas. No obstante, en estos años las democracias latinoamericanas también se vieron fuertemente amenazadas por crisis económicas internas (deuda externa, recesión, inflación, desempleo y desequilibrios macroeconomicos en general) que dieron lugar a la implementación de programas de ajuste macroeconomicos bajo las directrices del Fondo Monetario Internacional; y debido a crisis políticas y sociales diversas (corrupción, problemas de ingobernabilidad y agotamiento de los sistemas partidistas tradicionales, drogas, narcotráfico, guerrilla/terrorismo, etc.) que pusieron muchas veces en peligro la estabilidad democrática regional. De hecho, dentro de este período se dieron el golpe de Estado en Haití (1991), los intentos de golpe de Estado en Venezuela (1992) y en Guatemala (1993), el autogolpe en Perú (1992), la destitución de Collor de Mello en Brasil (1992), la de Carlos Andrés Pérez en Venezuela (1993) y la de Bucaram en Ecuador (1995), así como episodios de crisis institucional en Ecuador, Venezuela, Paraguay y Colombia, entre otros.

Por otra parte, para entender la línea de defensa y promoción de la democracia de las administraciones Pérez, Velásquez y Caldera, es esencial tomar en cuenta que durante estos años el sistema democrático puntofijista se encontraba -aún más que durante la década de los 80- en una etapa de fuerte agotamiento y descomposición politico-social, así como en un período de desequilibrio macroecónomico, de evidente colapso del modelo de crecimiento hacia afuera. Si bien este modelo económico venía siendo criticado desde los años 70, para los 90 aún no había sido reemplazado y continuaba produciendo ya no sólo una exagerada dependencia de los ingresos petroleros para la sobrevivencia del Estado -aun cuando los precios del petróleo estaban bajos- sino un freno cada vez mayor al desarrollo de los sectores no tradicionales de la economía.

Ante tal situación de crisis política y económica, la administración de Carlos Andrés Pérez inició un programa de ajuste y reestructuración económica -el llamado "el gran viraje". El mismo buscaba alcanzar tres propósitos fundamentales: primero, restablecer los equilibrios macroeconomicos con el fin de que el país normalizara su relación con el mercado financiero internacional y renegociará su deuda externa. En segundo termino, reorientar en el mediano y largo plazo la economía venezolana haciéndola más competitiva internacionalmente y más productiva internamente, utilizando para ello una estrategia de desarrollo basada en la promoción del crecimiento hacia afuera. Y tercero, con el programa señalado se buscaba reorganizar al Estado y sus instituciones hacia una democracia más descentralizada, desburocratizada y menos partidista .

Sin embargo, este programa que al menos teóricamente significaba un viraje fundamental en la economía y la política del país trajo consigo -como en otros muchos países del hemisferio- una serie de consecuencias políticas y costos sociales significativos. El primero de ellos se dio a tan sólo un mes de haberse instalado la administración de Pérez, el mismo día en que el presidente entregaba la carta de intención al FMI a objeto de renegociar la deuda externa venezolana. Se trató del llamado "Caracazo" de febrero de 1989 que si bien se produjo tras la primera medida del programa de ajuste iniciado por Pérez (la subida de los precios de la gasolina y por ende del transporte público) también fue producto de la frustración popular acumulada durante los periodos constituciones anteriores, especialmente los de Luis Herrera Campíns y Jaime Lusinchi. A la puesta en marcha del "Gran Viraje" también se deben -al menos como justificación retórica y como efecto disparador- las intentonas golpistas de febrero y noviembre de 1992, la salida de Carlos A. Pérez de la presidencia venezolana en mayo de 1993 y la escogencia de Rafael Caldera con una propuesta política anti-partidista y populista, hechos estos que acrecentaron el proceso de deterioro institucional que venía desde los 80, los conflictos en y entre los poderes del Estado, la crisis de los partidos políticos tradicionales y la de los diversos sectores societales. Todo lo cual fue paulatinamente llevando a que se generara en la población venezolana un sentimiento de falta de credibilidad, rechazo y frustración hacia la política y las instituciones fundamentales de la democracia.

Durante el quinquenio gubernamental de Rafael Caldera (1993-1998) el modelo democrático venezolano entró en una etapa de evidente “desbordamiento” (Cardozo y Hillman,1997) y de “desconsolidación democrática” (M.T. Romero, 1997). Durante el período de Caldera, la profundización de la crisis se manifiestó en las mismas elecciones de diciembre de 1993 al resultar un cuadro político completamente nuevo que cambia el esquema tradicional de bipartidismo que se había instalado como modelo en las elecciones de 1973. Este rompimiento del bipartidismo afecta considerablemente las reglas de juego y mecanismos institucionales instaurados a partir del celebre Pacto de Punto Fijo firmado en 1958. A su vez, los comicios de 1993 – en que resulta ganador por primera vez un candidato supra partidista que gana con sólo el 30% de los votos válidos- produce un sistema partidista fragmentado y atomizado en varias fuerzas políticas. Si bien los partidos tradicionales AD y COPEI continúan siendo los partidos dominantes en el proceso político venezolano, dejaron de controlar los poderes Ejecutivo y Legislativo. La novedosa composición de los cuerpos parlamentarios en la que esos partidos perdieron 29% de su influencia en el Senado y 32% en Diputados, afectó de partida las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, y el Presidente Caldera inicia su mandato sin el respaldo mayoritario de un partido y sin una alianza permanente en el Congreso Nacional. Por otra parte, durante el período constitucional de Caldera se agudizó la crisis económica y finalmente estalló la crisis financiera-bancaria que por muchos años se encontraba represada, crisis éstas que apenas fueron paleadas con la puesta en marcha en 1996 de un segundo programa de reestructuración económica y de ajustes, la denominada “Agenda Venezuela”.

Todos estos hechos no produjeron el tantas veces vaticinado rompimiento del hilo constitucional, y por tanto Rafael Caldera pudo llegar al final de su mandato. No obstante, las tensiones entre los diversos actores políticos y dentro de las diversas instituciones gubernamentales y no gubernamentales del sistema se mantuvieron y profundizaron al punto que en las elecciones tanto regionales como presidenciales de diciembre de 1998 triunfaron propuestas radicales anti-partido y anti-status, adversas a una democracia representativa y liberal, todo lo cual coadyuvó a la desintegración del sistema partidista tradicional y a la ruptura del sistema de democracia puntofijista.

Estas variables sistémicas apenas aquí esbozadas -entornos global-regional y transición política nacional- totalmente diferentes a las prevalecientes en la era de la Guerra Fría y del período de estabilidad, gobernabilidad y prosperidad de la democracia venezolana, condicionaron fuertemente la agenda de política exterior de Carlos A. Pérez en su segunda incursión presidencial, así como la del gobierno provisional de Ramón J. Velásquez y aquella de Rafael Caldera también en su segundo mandato de gobierno; agendas internacionales que evidenciaron, por cierto, tanto una relativa continuidad con respecto a los lineamientos y propósitos normativos de la política exterior venezolana iniciada en 1958, como una relativa discontinuidad y complejidad con relación a los asuntos, temas y frentes de esa tradicional política exterior. De tal forma, y a pesar de enmarcarse en un período de crisis y transición sistémica, las políticas exteriores de Pérez, Velásquez y Caldera -al igual que las de sus predecesores- pusieron énfasis en el principio constitucional de la defensa y promoción de la democracia.

4. Pérez-Velásquez y la reedición de la promoción de la democracia

En virtud de que la política exterior de Pérez-Velásquez tuvo como marco de referencia el programa de ajuste y reestructuración politico-económico del “Gran Viraje” entre los objetivos específicos de Venezuela como actor internacional entre 1989-1994 destaca “el reforzamiento de la solidaridad y la democratización internacional especialmente a través de una estrategia activa de defensa y promoción de la democracia representativa en el hemisferio americano” (Serbín, 1992:4). A su vez, el "alto perfil" que adquirió nuevamente la defensa y promoción de la democracia en la política exterior de Venezuela de estos primeros años de los 90, también se debió a la impronta y liderazgo que le impuso el propio presidente Pérez, quien incluso trató de reeditar la Doctrina Betancourt como iniciativa de promoción de la democracia “a la venezolana” (Cardozo y M.T. Romero, 1990).

Durante este período presidencial la OEA adquirió especial relevancia para Venezuela, y no fueron pocas las ocasiones en que el Presidente Pérez declaró que este foro multilateral constituía el ente fundamental para la defensa y promoción de la democracia en la región. Antes, durante los periodos de Lusinchi y Herrera, la actuación venezolana fue más activa en los foros multilateral ad hoc (Grupo de Río, Contadora, Pacto Andino, etc.), relegando a la OEA a un segundo plano. En 1989 la administración Pérez se estrena en ese organismo promocionando una Reunión Extraordinaria de Cancilleres a finales de mayo la cual tendría como propósito principal discutir la propuesta venezolana (que fue finalmente aprobada) de enviar a Panamá una comisión especial para negociar formulas de advenimiento entre el presidente Noriega y la oposición de ese país. Luego, en diciembre de ese año, el gobierno venezolano formó parte de aquellos países latinoamericanos que propusieron una condena a los Estados Unidos por la invasión de éste a Panamá. Por otro lado, desde 1990, Venezuela propuso con insistencia el replanteamiento del papel de la OEA el cual venia siendo cuestionado desde la Guerra de Las Malvinas y la invasión a Panamá por parte del gobierno estadounidense, y ante la aparición de nuevos mecanismos de concertación regional más efectivos (e.g. Grupo Contadora y G-8). Consecuentemente, en la reunión del Consejo Permanente del organismo celebrada en abril de 1990 el gobierno de CAP II solicitó que la OEA asumiera un rol realmente activo mediante acciones concretas hacia los problemas más importantes de la región: guerrilla, narcotráfico, relaciones Cuba-EEUU, irrupción de gobiernos anti y/o semi-democraticos. En la vigésima Asamblea, Venezuela fue mas allá aún y propuso la creación de un consejo asesor para redimensionar el organismo el cual, por cierto, se reunió por primera vez en el mes de noviembre de ese año en Washington. De este "encuentro de reflexión" salió un llamado a la acción para revitalizar a la OEA y la recomendación de una reunión de Cancilleres para analizar problemas e iniciativas concretas, tales como la Iniciativa para Las Américas propuesta por el presidente George Bush. En 1990 el gobierno venezolano apoyo en forma contundente la creación en la OEA de la Unidad para la Promoción de la Democracia y posteriormente, en 1991, fue uno de los principales promotores de la Resolución 1080 sobre "Democracia Representativa" mediante la cual se instruye al Secretario General de la OEA que en caso de que se produzca una interrupción irregular del proceso democrático en alguno de los estados miembros, convoque inmediatamente una reunión del Consejo Permanente a objeto de tomar medidas en el asunto. Venezuela, además, formó parte de la Comisión Especial para la Reforma de la Carta de la OEA que produjo el proyecto de reformas finalmente aprobado en diciembre de 1992 mediante el "protocolo de Washington". Por ultimo, cabe anotar que la administración Pérez solicitó sanciones colectivas a través de la OEA en los casos de los golpes o intentos de golpe de Estado en Surinam (1990), Haití (1991), Perú y Venezuela (1992) y Guatemala (1993).

Si bien la promoción de la democracia desde la OEA fue prioritaria, no por ello el gobierno venezolano dejó de utilizar otros foros para tal propósito como el Grupo de Río. De hecho, desde el mes de marzo de 1990 cuando nuestro país asumió la Secretaria Pro-Tempore del grupo, inició una actividad notoria en pro de la democracia regional. Las principales propuestas venezolanas dentro de este foro informal fueron similares a las que planteó en la OEA: primero, ayudar al proceso de democratización de Centroamérica y el Caribe en especial el de aquellos países como Panamá, Haití, Nicaragua, El Salvador e incluso Cuba al proponer la integración de este último a la política hemisférica; segundo, tomar acciones concretas en pro de la democracia como la de no-reconocimiento diplomático contra gobiernos surgidos de golpes de Estado; y tercero, reformular el concepto de seguridad colectiva y en consecuencia los postulados fundamentales del TIAR.

En las Naciones Unidas, Venezuela también siguió la línea de defensa y promoción de la democracia en América latina y en el mundo en general, aunque mostrando un perfil más bajo que el mantenido en la OEA y el G-8.

El énfasis otorgado a la promoción y defensa de la democracia por parte de la administración Pérez II también se observa en sus relaciones bilaterales hacia los países de América Latina. Desde el mismo día de su toma de posesión cuando logra reunir a un grupo importante de mandatarios latinoamericanos, incluidos el cubano Fidel Castro y el nicaragüense Daniel Ortega, Pérez planteó la necesidad de hacer esfuerzos contundentes para defender y expandir la democracia en el hemisferio y propuso abiertamente la reedición de la Doctrina Betancourt (rompimiento de relaciones diplomáticas con aquellos gobiernos que llegaran al poder a través de golpes de Estado) como principal instrumento de política exterior para preservar la democracia regional. De tal forma, tanto en Centroamérica y el Caribe como en América Latina en general, la administración Pérez no sólo promocionó la democracia otorgándole ayuda especial a las fuerzas y sistemas democráticos –entre los que destaca la ayuda al gobierno de Violeta Chamorro en Nicaragua – sino especialmente rompiendo relaciones diplomáticas con los gobiernos golpistas de Haití, Panamá, Trinidad, Surinam y Perú a causa del autogolpe fujimorista.

Cabe destacar, a manera de síntesis, que el alto perfil que la administración Pérez –y que parcialmente continuó el gobierno de Velásquez- le impuso nuevamente a la promoción de la democracia en la política exterior venezolana hacia el frente latinoamericano, se basó en su condición y su experiencia como país democrático. Dicho de otra forma, el "recurso de la democracia" fue utilizado para fortalecer la presencia e influencia de Venezuela en la región. (E. Guerón, 1992:67) 4. Caldera y la lucha anticorrupción

En comparación con la administración de Carlos Andrés Pérez, en el segundo gobierno de Rafael Caldera (1994-1999) la política de promoción de la democracia fue menos activa, estuvo desprovista de un diseño estratégico claro e integral, y se limitó a una iniciativa específica, la de la lucha contra la corrupción. Si bien en la agenda de política exterior de este período gubernamental no se deja de incluir el tema de la defensa, consolidación y profundización de la democracia , en la práctica el compromiso real de la administración Caldera fue con su propuesta anticorrupción .

Cabe reconocer que en varios foros regionales y frente a algunos casos específicos, la administración Caldera invocó el principio tradicional de no intervención e hizo llamados a la democratización. En este sentido destaca el rechazo de Venezuela a la intervención unilateral (por parte de EE:UU) o multilateral en Haití en 1994 , y su propuesta sobre democratización cubana que el propio presidente Caldera formuló en la Reunión Cumbre Iberoamericana en junio de 1994 en la que se encontraba presente el mandatario cubano Fidel Castro . No obstante, esta invocación del principio de no intervención y este llamado a la democratización no se tradujeron en una propuesta activa de defensa y promoción de la democracia regional; fué la lucha contra la corrupción la que se constituyó en el objetivo central de la política exterior venezolana entre 1994 y 1999, causa que nuestro país promocionó como consustancial a la preservación de los regímenes democráticos en la región y que fue planteada por el propio presidente Caldera desde el inicio de su gobierno . De allí que en su primer viaje al exterior a mediados de 1994 señalara que “la corrupción está deteriorando la imagen del sistema democrático en nuestros países y, por lo tanto, este problema demanda el compromiso internacional de no dar apoyo, refugio o ayuda a quienes sean responsables del grave delito de la corrupción” . Esta iniciativa del mandatario venezolano se da una semana después de la “Declaración de Belem”, documento principal de la Asamblea General de la OEA efectuada en Brasil el 7 de junio de 1994 que destacó la necesidad de combatir la corrupción, reflexionar sobre la ética cívica y la probidad administrativa. Asimismo, como propuesta inédita de las 24 asambleas anteriores, se recomendó el estudio de medidas –dentro del ordenamiento jurídico de cada país- orientadas a combatir la corrupción, un flagelo presente en la mayoría de los países de la región . Esta propuesta de la OEA evidencia que existía una preocupación regional por el tema aún antes de la iniciativa venezolana.

Sin embargo, entre todos los gobiernos del hemisferio el más comprometido en la lucha contra la corrupción fue el venezolano de Rafael Caldera que en numerosas oportunidades presentó en la propia OEA, en el Grupo de Río, en las Naciones Unidas, en las diversas Cumbres Iberoamericanas y en las I Cumbre de Las Américas (Miami, 1994) un proyecto para la lucha internacional contra la corrupción con miras a que se estableciera una Convención Internacional en esta materia. Este proyecto venezolano fue bien acogido por los gobiernos de la región y en particular por parte de los Estados Unidos, país éste que apoyó abiertamente la moción presentada por Venezuela en la Cumbre de Las Américas en el grupo de trabajo de Probidad y Eticas Cívicas. Justo antes de esa Cumbre el subsecretario Adjunto para Asuntos Interamericanos del Departamento de Estado, Michael Skol, en visita a nuestro país afirmó abiertamente que su gobierno respaldaría la iniciativa venezolana de crear un instrumento jurídico internacional contra la corrupción agregando que el presidente Caldera “Tiene un liderazgo indiscutible en un tema que tiene mucha energía en todo el hemisferio” . Posteriormente, durante la misma Cumbre de Miami el entonces Embajador de los Estados Unidos en Venezuela, Jeffrey Davidow, ratificó el apoyo del gobierno estadounidense a la propuesta venezolana con el fin de lograr la repatriación de capitales y la extradición de corruptos, afirmando además que su gobierno haría esfuerzos en la OEA para que se llevara a la práctica dicho plan .Y de hecho, Estados Unidos y Venezuela firmaron en 1995 un acuerdo multilateral dentro del marco de la OEA para la asistencia legal mutua. Este apoyo estadounidense fue esencial para que finalmente se adoptara la Convención Interamericana contra la Corrupción el 29 de marzo de 1996 durante la Conferencia Especializada que se efectuó para considerar ese proyecto, suscribiendo este instrumento 21 países de los 29 acreditados al evento.

Dentro del marco de la iniciativa anti-corrupción del gobierno venezolano, también cabe destacar otra iniciativa específica que fue presentada en la “Reunión de Representantes Gubernamentales sobre Contribuciones en Campañas Electorales” la cual tuvo lugar en Caracas durante los días 16 y 17 de febrero de 1998 con asistencia de delegaciones de todos los países miembros y de numerosos observadores permanentes. Como bien lo ha señalado Guido Grooscors “dicha reunión sirvió para intercambiar ideas sobre un tema que acapara la atención tanto de los gobiernos como de los distintos poderes públicos de los estados miembros, en particular lo relativo al financiamiento de los partidos políticos y campañas electorales por ser esta materia una manifestación concreta de lucha contra la corrupción, cuyo marco jurídico interamericano quedó establecido con la Convención Interamericana contra la Corrupción” (Grooscors, 1998:6)

Este énfasis temático otorgado por la administración Caldera al tema de la corrupción fue el resultado de varios factores: primero, el tema estaba en boga en ese momento tanto en América Latina como en otras regiones del mundo. El tema, además, era percibido en la opinión pública venezolana como la causa principal de la situación de ingobernabilidad y crisis política y económica a la que había llegado el sistema democrático venezolano, y por tanto el mismo constituía una buena “bandera” de campaña electoral y promoción gubernamental que Caldera y su equipo supieron aprovechar muy bien. Por otra parte, destaca el interés del propio presidente Caldera de hacer de la lucha anti-corrupción una forma de proyección interna y externa, tanto de su liderazgo como de la imagen de Venezuela. En el ámbito interno, recordemos que para ese momento existía una gran necesidad en el nuevo gobierno de mantener la popularidad del presidente Caldera porque era la única base real de sostenimiento de su gobierno y tal vez hasta del sistema democrático. Ciertamente, como sostuvieron en aquella oportunidad José Mendoza Angulo, “la solidez que la actual administración ha llegado a alcanzar en su primer año de vida ha dependido más que a un plan para enfrentar la encrucijada en la que se encuentra Venezuela, a los altos índices de credibilidad del Presidente de la República.” . De manera tal que el tema de la lucha contra la corrupción fue piedra angular en el mantenimiento de la popularidad del presidente Caldera y de su gobierno porque el mismo reforzaba su imagen de honesto, elemento este esencial dentro del cuadro de motivaciones que permitió su victoria electoral de 1993.

5. Promoción (o anti promoción) de la democracia en un período de ruptura sistémica

El modelo democrático que nace en 1958 y que –como ya ha sido señalado- empieza a manifestar un estado critico en los 80, así como de acelerado resquebrajamiento, desbordamiento y desconsolidación democrática en los 90, entró en su etapa final de ruptura en 1998 y 1999 con la llegada de un gobierno de carácter revolucionario y con la adopción de una nueva Constitución que han hecho replantear los supuestos y pautas democráticas del sistema político y económico prevaleciente por 40 años. Ciertamente, el primer año de gobierno de Hugo Chávez Frías ha servido para terminar de desmantelar el sistema de democracia partidista y pactada instaurado en 1958 y para poner las bases de un nuevo sistema político que, hasta el momento, no se sabe a ciencia cierta si es realmente democrático. Según el director de la encuestadora privada Datanálisis, Luis Vicente León, en este primer año “Chávez logró afianzar lo que él mismo califica como una "revolución pacífica" que, de entrada, sacó del poder a quienes lo ostentaban tradicionalmente. Amparado en su innegable apoyo popular, el mandatario logró, además, en comicios democráticos la aprobación de sus principales ofertas políticas: la instalación de una Asamblea Constituyente, la selección de sus 131 miembros y la aprobación de una nueva Carta Magna” .

De acuerdo al artículo segundo del Preámbulo de la nueva Constitución -aprobada en diciembre de 1999- “Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” . No obstante, en la práctica y en la opinión de la mayoría de los analistas políticos opuestos al régimen y de observadores internacionales, el sistema democrático que viene desarrollándose en Venezuela manifiesta fuertes signos autoritarios, militaristas y centralizadores, acompañado de un modelo populista y estatista, adverso a la economía de mercado. Para otros críticos, especialmente dentro del chavismo y del gobierno actual, lo que se ha hecho hasta ahora no constituye una verdadera democracia revolucionaria, sino un continuismo del modelo puntofijista; y por tanto se espera que luego de las próximas elecciones del 28 de mayo de 2000, que servirán para adecuar los poderes públicos a la nueva Constitución y en los que el propio Chávez someterá su gestión al veredicto popular, realmente se lleve a cabo un proceso de “cambio revolucionario y el proyecto bolivariano y nacionalista que incluya una mayor participación del sector militar en el gobierno, porque sino “el soberano pudiese considerar la vía de un golpe de Estado” Más allá de las opiniones y criterios con respecto al nuevo modelo democrático venezolano, lo que sí parece cierto es que no se trata de un modelo de democracia liberal.

En esta etapa de cambio y consolidación de un nuevo modelo político distinto al prevaleciente por 40 años, en el que se propugna una democracia participativa, bolivariana y revolucionaria, es lógico que la defensa y promoción de la democracia –al menos tal y como se concibió tradicionalmente- haya desaparecido. De hecho, en la nueva Constitución no se menciona, ni en el Preámbulo ni en el apartado sobre “De las Relaciones Internacionales” , la promoción de la democracia como un lineamiento o fin de la política exterior venezolana. Se hace referencia a la promoción de la integración y del desarrollo especialmente en América Latina, y se establecen los principios de independencia, igualdad entre los Estados, libre determinación y no intervención en sus asuntos internos, solución pacífica de los conflictos internacionales, cooperación, respeto de los derechos humanos y solidaridad entre los pueblos en la lucha por su emancipación y el bienestar de la humanidad. Pero para nada se menciona el objetivo de defensa y promoción de la democracia representativa que la Constitución Nacional de 1961 –siguiendo el principio jurídico establecido en la carta de la OEA- destacaba en estos términos: “Sustentar el orden democrático como único e irrenunciable medio de asegurar los derechos y la dignidad de los ciudadanos, y favorecer pacíficamente su extensión a todos los pueblos de la tierra...”

De acuerdo a lo anterior, no es de extrañar que durante la XXIX Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos realizada en la Ciudad de Guatemala en el mes de junio de 1999, el canciller venezolano, José Vicente Rangel, haya presentado un proyecto de declaración (acogida, por cierto, favorablemente por el resto de los Estados miembros de la OEA) sobre “Democracia Participativa” que contrastó con la iniciativa norteamericana de fortalecer la tesis de la democracia representativa y de crear un grupo de países miembros de la OEA a fin de prestar asistencia institucional a países con problemas políticos . Esta propuesta replantea sin duda la concepción democrática sobre la cual el Estado venezolano se planteó y desarrolló su política de promoción y defensa de la democracia en el continente y en el mundo por 40 años.

Podríamos decir, que a partir de esta nueva concepción el actual gobierno venezolano ha iniciado en su primer año de gestión una especie de nueva estrategia de promoción y defensa de la democracia., que ha llevado especialmente a cabo mediante la utilización del instrumento diplomático. Se trata –como el propio Presidente ha señalado- de “una ofensiva internacional de promoción de la democracia bolivariana” a objeto de dar a conocer el nuevo modelo democrático y con el fin de disuadir los temores, dudas e incertidumbres que en torno al nuevo gobierno se ha creado en la opinión pública internacional. Tal ofensiva se ha hecho evidente en prácticamente todos los viajes presidenciales en el continente americano y hacia Europa, pero muy en especial en la visita que llevó a cabo el presidente Chávez a Estados Unidos del 21 al 23 de septiembre de 1999. Allí ante el Presidente Clinton, la Asamblea General de la ONU y otras instituciones como la Cámara de Comercio estadounidense, el BID, el FMI, el Banco Mundial y el Diálogo Interamericano, aclaró su nueva concepción de democracia, aseguró que su gobierno no era autoritario y prometió que no dejaría nunca la senda democrática .

Esta estrategia no es nueva. Durante 40 años de política exterior venezolana la mayoría, sino todas las administraciones "puntofijistas", han sido activas en el exterior en búsqueda de la aceptación y la consolidación del sistema político venezolano (cabe resaltar, por ejemplo, los esfuerzos realizados durante los dos primeros años de la "revolución democrática" adeca), obteniendo por lo general bastante éxito. No obstante, en la actualidad, los esfuerzos de promoción de la democracia venezolana y del régimen a ella asociado, no han dado los resultados deseados. La comunidad internacional mantiene fuerte dudas y temores en torno a la naturaleza del modelo democrático que se desarrolla en Venezuela. A la administración Chávez le ha sido difícil promocionar una concepción democrática que difiere con la establecida en el sistema interamericano y en general con la que se postula y se sigue en el mundo occidental. Y tal vez, en esta divergencia de criterios democráticos y en la precaria aceptación obtenida internacionalmente, se encuentre la explicación, al menos en parte, del inusitado énfasis que el Presidente Chávez y el Canciller Rangel le han otorgado a los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos -por medio de los cuales se reivindica el derecho que tiene toda nación de decidir libremente sobre sus cuestiones fundamentales sin injerencias foráneas-, así como a la condición soberana de su actual política exterior.

A manera de conclusión

Una primera conclusión aflora de este trabajo: en la medida que se desarrollaba entre 1989 y 1998 la última etapa de transición y cambio sistémico del modelo democrático “puntofijista”, se fue desvaneciendo la tradicional política de defensa y promoción de la democracia que ejercía el Estado venezolano en materia de política exterior. La administración Pérez, al inicio de la década, intentó revivir una de las estrategias emblemáticas de nuestra política exterior para la promoción de la democracia, como fue la Doctrina Betancourt, y además le imprimió un “alto perfil” a ese objetivo prioritario de la Constitución de 1961 y de su agenda de gobierno. Pero a partir de 1993, la situación nacional de crisis e ingobernabilidad democrática marcaron un cambio de rumbo en la política exterior, así como en el desarrollo de todas las políticas públicas, haciendo que la atención y nivel de compromiso con esa línea de actuación internacional declinara, lo cual se hizo patente durante el gobierno provisional del Presidente Velásquez. La administración Caldera fue más allá, limitando esa política de defensa y promoción de la democracia a una de lucha contra la corrupción. Con una concepción democrática y un estilo de promoción diferentes, con unos intereses políticos y económicos distintos, hizo de la lucha anticorrupción el centro de su política exterior. Finalmente, la administración Chávez eliminó de su discurso político interno y externo, y del texto constitucional, el objetivo de la defensa y la promoción de la democracia representativa, y de manera poco clara y contradictoria pareciera que ha puesto en marcha una nueva política de promoción de su democracia participativa y revolucionaria en el ámbito latinoamericano. Esta nueva estrategia podría formar parte, incluso, de un nuevo proyecto ideológico y geopolítico continental –como lo viene denunciando reiteradamente el exCanciller Fernando Ochoa Antich , una suerte de “Gran Colombia” latinoamericana de carácter revolucionario, proyecto que explica el afán presidencial por distanciarse de Estados Unidos y de la OEA (el gobierno venezolano, por ejemplo, no firmó la resolución de la OEA condenando el golpe de Estado en Ecuador), de acercarse a Cuba, de apoyar a los movimientos insurgentes latinoamericanos, y de crear unas Fuerzas Armadas latinoamericanas.

Otra conclusión se refiere al impacto de la disminución y casi desaparición de esa tradicional línea de actuación en materia exterior, observando que el mismo ha sido más negativo que positivo. La defensa y promoción de la democracia había servido en nuestra historia reciente no sólo para consolidar nuestra democracia interna, sino para mantener la imagen democrática y el liderazgo venezolano en la comunidad regional, lo cual redundó en importantes beneficios políticos y económicos para nuestro país. De modo tal que desde 1993 cuando la declinación de la política de defensa y promoción de la democracia por parte de Venezuela se hace evidente, también se observa una pérdida de liderazgo, imagen y prestigio venezolano en Las Américas. Hoy en día, a pesar del activismo diplomático del Presidente Chávez en el área latinoamericana, nuestro país no es percibido como líder hemisférico y mucho menos como modelo de democracia regional.

Una tercera y última conclusión tiene que ver con los mecanismos predominantes en la política/estrategia de promoción y defensa de la democracia utilizados en esta década de los noventa. Tanto las administraciones de Pérez, Velásquez y Caldera, como la de Chávez, les han dado preferencia a los instrumentos retóricos y diplomáticos, de “alta política”, los cuales no se han apoyado –como sucedía en la época de bonanza económica venezolana- en el recurso petrolero. De modo tal que todos aquellos instrumentos de “baja política” para la promoción de la democracia tales como los programas de asistencia y ayuda para el fortalecimiento democrático a largo plazo, dirigidos a instituciones gubernamentales o de la sociedad civil (e.g. programas de educación cívica, capacitación técnica, observación electoral, etc.) de otros países latinoamericanos, han quedado prácticamente fuera de la política exterior venezolana. Ello también se explica de acuerdo a la situación de crisis económica que el Estado venezolano viene padeciendo, pero no se justifica si se quiere lograr una política más eficiente de promoción de la democracia.

En el marco de este panorama de declive y desaparición en un contexto de crisis económica y déficit democrático que viene sufriendo lo que por mucho tiempo fue la principal línea de actuación de nuestra política exterior, ¿cómo podemos plantearnos una mejor y más eficiente estrategia de defensa y promoción de la democracia por parte de Venezuela hacia el futuro?. Tarea colosal, titánica más bien, y prácticamente imposible. Sin embargo necesaria si Venezuela no quiere quedar rezagada y aislada en el ámbito continental.

La receta es conocida: para una política realmente coherente y eficiente de promoción de la democracia se hace imprescindible la utilización de un enfoque integral para la promoción de la democracia que incluya una variada gama de instrumentos tanto en el micro-nivel como en el macro-nivel, utilizando con preferencia los medios de la diplomacia de presión/disuasión/aplauso -y evitando la confrontación y el uso de la fuerza, así como las medidas de cooperación internacional, en especial la denominada “asistencia democrática” la cual se refiere a todos aquellos programas de ayuda especialmente diseñados para fortalecer las instituciones, procesos y principios democráticos en países con regímenes no democráticos o semi-democráticos, en transición democrática (Carothers, 1999). Esta forma de promoción de la democracia se debe utilizar tanto desde instituciones y agencias gubernamentales, como a través de instituciones privadas de diversa índole.

Ahora bien, el problema está en que además de las trabas mencionadas relativas a la situación política y económica interna venezolana, la actual administración de Chávez no tiene voluntad política para emprender dicha estrategia integral de defensa y promoción de la democracia, mucho menos de una que persiga el ideal de una democracia representativa y liberal. De tal forma, al menos a corto y mediano plazo, es de suponer que dicha línea de actuación venezolana quedará suspendida, para no decir erradicada, de nuestra política exterior. Venezuela, así, ha pasado de ser un país líder y pro-activo en la defensa y promoción de la democracia regional, a un país pasivo e incluso receptivo en esta materia. La pregunta actual que ahora deberíamos hacernos los demócratas venezolanos, latinoamericanos y norteamericanos es ¿cómo ayudar a defender y promover una verdadera democracia en Venezuela?...

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