Caracas, Miércoles, 16 de abril de 2014

Sección: Enfoque Económico

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Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola

Proyecto de Ley de Tierras y Desarrollo Agrícola

Lunes, 12 de noviembre de 2001

Analítica Research presenta algunos de los artículos fundamentales del decreto con fuerza de ley, Ley de Tierras, que dictaría el Ejecutivo en el marco de la Ley Habilitante. Para el momento de redactar esta nota, no se conoce oficialmente el contenido específico del potencial decreto.

Versión del 16 de Octubre 2001


La versión que se presenta es la del 16/10/2001, la cual ha sido difundida entre interesados en el tema. Dado lo controversial del posible decreto y la insuficiencia de información oficial sobre el mismo, AR ha creído conveniente dar a conocer al público general algunos de los aspectos del mismo, aclarando que se trata de una información extra-oficial y que la versión final pudiese ser distinta a la que aquí se presenta. El decreto, según la versión que aquí se presenta, vulneraría el derecho de propiedad, tendría carácter estatista y sería inconstitucional.

Eliminación del Latifundio

TITULO I
CAPITULO 1
DISPOSICIONES FUNDAMENTALES
Art. 1 El presente Decreto Ley tiene por objeto establecer las bases para el logro del desarrollo rural integral y sustentable; entendido este como el medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agrario dentro de una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa, eliminando el latifundio como sistema contrario a la paz social en el campo, asegurando la biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de lo derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones.

Afectación a todas las tierras con vocación agroalimentaria

Art. 2 Con el objeto de establecer las bases del desarrollo rural sustentable, a los efectos de este Decreto Ley queda afectado, el uso de todas las tierras públicas y privadas con vocación para la producción agroalimentaria

Art. 3 a afectación del uso de tierras con vocación para la producción agroalimentaria, queda sujeto al siguiente régimen:

1 Tierras pertenecientes al Instituto Nacional de Tierras: serán sometidas a un patrón de parcelamiento atendiendo a un conjunto de factores determinantes tales como: a) Plan Nacional de Producción Agroalimentaria; b) Capacidad de trabajo del usuario; c) Densidad de población local apta para el trabajo agrario; d) Condiciones agrológicas de la tierra; e) Rubros preferenciales de producci6n; f) Extensión general de tierras propiedad del Instituto Nacional de Tierras existentes en la zona sujeta a patrón de parcelamiento; g) Áreas de reserva y protección de recursos naturales necesarias en la zona; h)Condiciones de infraestructura existente; i) Riesgos previsibles en la zona. Los demás parámetros técnicos de establecimiento de patrones de parcelamiento que se desarrollen en el Reglamento del presente Decreto Ley y en otros instrumentos normativos.

2 Tierras propiedad de la República del dominio privado: quedan sujetas al mismo régimen establecido para las tierras propiedad del Instituto Nacional de Tierras.

Las tierras privadas someten su actividad a los planes del Ejecutivo

6 Las Tierras privadas: quedan sujetas al cumplimiento de la función social de la seguridad agroalimentaria de la Nación. En tal sentido, deben someter su actividad a las necesidades de producción de rubros alimentarios de acuerdo a los planes de seguridad agroalimentaria establecidos por el Ejecutivo Nacional.

Definición de Latifundio

Art. 8 A los efectos del presente Decreto Ley, se entiende por latifundio, todo régimen de propiedad privada sobre grandes extensiones de terreno, que excedan de cien hectáreas (100 Has) en tierras de primera clase y de tres mil hectáreas (3000 has) en tierras de sexta y séptima clase.

Garantías para ocupantes

Art. 18 Dentro del Régimen del uso de tierras con vocación para la producción agroalimentaria, se garantiza: 1.La permanencia de los grupos de población asentados en las tierras que han venido ocupando.2.La permanencia de los pequeños y medianos productores agrarios en las tierras que han venido ocupando pacíficamente para el momento de la promulgación del presente Decreto Ley. 3.La permanencia de los grupos organizados para el uso colectivo de la tierra, así como el de las cooperativas agrarias y otras organizaciones económicas campesinas en las tierras ocupadas con fines de uso agrario. 4.Se garantiza a todos los campesinos el derecho fundamental a perseguir su progreso material y desarrollo humano en libertad, con dignidad e igualdad de oportunidades. En tal sentido, no podrán ser desalojados de ninguna tierra ociosa o inculta que ocupen con fines de obtener una adjudicación de tierras, sin que se cumpla previamente con el debido proceso administrativo por ante el Instituto Nacional de Tierras. 5.Garantiza a los pescadores artesanales y agricultores el goce de los beneficios establecidos en este Decreto Ley. 6.Garantiza la protección de la cultura, el folklore, la artesanía, las técnicas ancestrales de cultivo, las costumbres, usos y tradición oral campesinos, así como la biodiversidad del hábitat. 7.Garantiza de manera preferente a los ciudadanos y ciudadanas nacidos en zonas rurales, mayores de 18 años, el acceso a una parcela productiva agraria, o a un fundo estructurado para asegurar la sustentabilidad humana del desarrollo agrario.

Prescindencia de formas jurídicas externas

Art. 26 A los fines del presente Decreto Ley, el Instituto Nacional de Tierras, la Corporación Venezolana Agraria y cualquiera de sus Empresas o Institutos adscritos podrán prescindir de las formas jurídicas externas de cualquier sujeto de derecho que pretenda sustraerse de los efectos de la ley, así como también, la celebración de cualesquiera actos y negocios jurídicos simulados que persigan similar fraude. Procedimientos administrativistas y sin el debido proceso

CAPÍTULO II
DE LA DECLARATORIA DE TIERRAS OCIOSAS O INCULTAS
Cualquier ciudadano podrá presentar denuncia motivada ante la respectiva Comisión Regional Agraria, cuando tenga conocimiento sobre la existencia de tierras ociosas o incultas. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la recepción de la denuncia, la respectiva Comisión Regional Agraria, tomando en consideración la fundamentación. de la misma, decidirá sobre la apertura de una averiguación y ordenará la elaboración de un Informe técnico.

Art. 39. La apertura de la averiguación 'podrá ser igualmente acordada de oficio por la respectiva Comisión Regional Agraria, cuando exista presunción de que determinadas tierras se encuentran ociosas o incultas. En ese caso la Comisión ordenará la elaboración de un informe técnico.

Art. 42. Si el emplazado pretende desvirtuar el carácter de ociosa o inculta de una tierra, deberá oponer las razones que le asistan cumpliendo los requerimientos del art. XX del presente Decreto Ley. En este caso, la Comisión Regional Agraria remitirá las actuaciones al Directorio del Instituto Nacional para que decida lo conducente. En la decisión que dicte el Directorio del Instituto Nacional de Tierras se establecerá la declaratoria de las tierras cómo ociosas o incultas, o se otorgará el certificado de finca productiva, según corresponda. En caso de que el emplazado convenga en reconocer el carácter de ociosa. o inculta de las tierras y opte por solicitar la certificación de finca susceptible de ser mejorada, deberá interponer su petición de conformidad con lo previsto en el art. 57 y siguientes del presente Decreto Ley. En este caso, la Comisión Regional Agraria remitirá las actuaciones al Directorio del Instituto Nacional de Tierras para que decida, declarando a las tierras como ociosas o incultas, u otorgando el beneficio solicitado. En caso de que el emplazado no comparezca la Comisión Regional Agraria procederá a la declaratoria de la tierra como ociosa o inculta y remitirá las actuaciones al Directorio del Instituto Nacional de Tierras.

Art. 43 En todos los casos, desde el momento en que sea declarada una tierra como ociosa o inculta empezará a causarse el impuesto respectivo, cuya determinación corresponderá a la autoridad competente de conformidad con las disposiciones del presente Decreto Ley.

Art. 44 Igualmente, el Instituto Nacional de Tierras podrá proceder a la Intervención de las tierras u ordenar la apertura de un procedimiento expropiatorio, según los casos, de conformidad con las disposiciones del presente Decreto Ley.

Art. 45 El acto que declare las tierras como ociosas o incultas agota la vía administrativa. Deberá notificarse al propietario de: las tierras y a los interesados que se hayan hecho parte en el procedimiento, mediante su publicación en la Gaceta Oficial Agraria, indicándose que contra el mismo podrá interponerse recurso contencioso administrativo de nulidad, dentro de un lapso de sesenta 60) días continuos por ante el Tribunal Superior Agrario competente por la ubicación del inmueble.

Dirigismo estatista

CAPÍTULO III
CERTIFICACIÓN DE FINCA PRODUCTIVA
Art. 46 Los propietarios de tierras privadas ubicadas dentro de las poligonales rurales, que se encuentren en producción deberán solicitar por ante el Instituto Nacional de Tierras un certificado de finca productiva, siempre y cuando esté ajustada a los planes de seguridad alimentaría establecidos por los organismos competentes. En dicho certificado, el Instituto hará constar la extensión de las tierras de que se trate, calidad de la tierra, los rubros de producción, y demás elementos que permitan determinar la productividad de las mismas.

Art. 50 La certificación de finca productiva tendrá una validez de dos (2) años contados a partir de su expedición, pudiendo ser renovada.

Art. 52 Si del análisis de la situación y respectiva documentación, el Instituto Nacional de Tierras declara que la tierra cuya certificación se solicita, no es una finca productiva, le concederá al solicitante un lapso de veinte (20) días hábiles contados a partir de la respectiva notificación, para que solicite la correspondiente certificación de finca susceptible de ser mejorada. Si el propietario no lo hiciere en el plazo indicado, las tierras podrán ser objeto de intervención preventiva, de acuerdo a lo previsto en el presente Decreto Ley.

CAPÍTULO VI
DE LA EXPROPIACION AGRARIA
Art. 73 A los fines del presente Decreto Ley, se declaran de utilidad pública o interés social las tierras aptas para la producción que se hallen dentro de la poligonal rural establecida en el art. xx las cuales quedan sujetas a los planes de seguridad alimentaría de la población, conforme a lo previsto artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Art. 74 De igual manera, se declara de utilidad pública o interés social, a los efectos del presente Decreto Ley, la eliminación del latifundio como contrario al interés social en el campo, conforme a lo previsto en el artículo 307 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En tal sentido, el Instituto Nacional de Tierras procederá a la expropiación de tierras privadas que fueren necesarias para la ordenación sustentable de las tierras de vocación agrícola para asegurar su potencial agroalimentario.

TITULO III
DEL IMPUESTO PREDIAL
CAPITULO I
DEL IMPUESTO SOBRE PREDIOS RURALES
Art. 108 Son sujetos pasivos del impuesto: 1. Las personas naturales y jurídicas de carácter privado, propietarias de tierras rurales 2.El fiduciario por las tierras rurales privadas dadas en fideicomiso; 3. Los establecimientos permanentes ubicados en el país, por las tierras rurales privadas, cuya propiedad se les atribuya según el ordenamiento jurídico.

CAPITULO II
DEL IMPUESTO SOBRE TIERRAS INFRAUTILIZADAS
Art. 120 Son sujetos pasivos del impuesto: 1.Los propietarios de tierras rurales privadas. 2. Los poseedores por cualquier título o sin titulo de tierras rurales públicas, distintos a los órganos del poder público o de sus entes instrumentales 3. El fiduciario por las tierras rurales privadas dadas en fideicomiso; 4. Los establecimientos permanentes ubicados en el país, por las tierras rurales privadas, cuya propiedad se les atribuya según el ordenamiento jurídico.

Art. 121 A los efectos de este impuesto, se entiende por tierras infrautilizadas aquellas con vocación agrícola o pecuaria agropecuaria que no alcancen el rendimiento óptimo por hectárea calculado según las disposiciones contenidas en el presente Capítulo.

Art. 122 Las tierras con vocación agrícola o pecuaria agropecuaria que no alcancen por lo menos un 30% del rendimiento óptimo por hectárea, calculado según las disposiciones contenidas en el presente Capítulo, Son ociosas.

Art. 123 La base imponible del impuesto será la diferencia entre el rendimiento óptimo de la porción de la tierra rural y su rendimiento real obtenido en el ejercicio fiscal correspondiente.

Art. 124 En los casos de tierras utilizadas para la producción de productos distintos a los preferentes señalados por la autoridad competente para una clase o tipo de tierras, salvo que fuera en tierras de inferior calidad, la base imponible será siempre el cien por ciento (100%) del rendimiento óptimo En los casos en que el rendimiento real supere al rendimiento óptimo la base imponible será el rendimiento real la base imponible será el doble del rendimiento real.

Discrecionalidad presidencialista

TÍTULO IV
DE LOS ENTES AGRARIOS
CAPÍTULO I
DEL INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS
Art. 132 Se crea el Instituto Nacional de Tierras, como instituto autónomo adscrito al Ministerio del ramo, con personalidad. jurídica y patrimonio propio, distinto e independiente de la República, el cual gozará de las prerrogativas y privilegios que le otorga la ley a ésta.

Art. 137 El personal del Instituto se regirá por un Estatuto especial que dictará el Presidente de la República, en el cual se establecerán disposiciones que regulen el reclutamiento, la selección, el ingreso, el desarrollo, la eva1uación, los ascensos, los traslados, las suspensiones, la clasificación de los cargos, la remuneración y el egreso

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