AR presenta una versión libre de la primera parte del informe de noviembre del Banco Mercantil, dedicada a los problemas estructurales del área fiscal venezolana. En una segunda entrega se presentará la segunda parte, el análisis de la coyuntura. Según el informe, los problemas de las finanzas del Gobierno Central se agravan bajo la presidencia de Chávez. Entre ellos se destacan la volatilidad de los ingresos, reducción del efecto estimulador del gasto, desmantelamiento institucional, reducción del aporte tributario de PDVSA, reducción del gasto en capital físico y humano, y creciente endeudamiento, sobre todo doméstico. Existe alta concentración vencimiento de la deuda en un lapso corto, hay un aumento muy importante del servicio de la deuda, y se incrementan los incentivos para financiamiento monetario y cambiario del gasto. Todo ello contribuye a generar incertidumbre, inhibiendo la inversión y el crecimiento.
La cuestión fiscal
Noviembre 2003
MERCANTIL
BANCO UNIVERSAL
Luis Zambrano Sequín
lzambranos@bancomercantil.com
Carmen Julia Noguera
cnoguera@bancomercantil.com
LA CUESTIÓN FISCAL: ASPECTOS ESTRUCTURALES
INTRODUCCIÓN
La relevancia de la política fiscal en Venezuela no requiere ser sobre enfatizada. La predominancia de la economía pública sobre la privada ha sido un elemento que tipifica al país desde, al menos, principios del siglo XX.
Asimismo, después de ser una de las economías de mayor crecimiento y estabilidad del mundo hasta mediados de los setenta del siglo pasado, Venezuela ha ido perdiendo no sólo su capacidad para crecer sostenidamente sino, también, su potencial productivo. Estos acontecimientos han afectado y, a su vez, son en parte consecuencia de la manera como se ha gestionado la política fiscal. En este trabajo se intenta hacer una descripción de las tendencias estructurales que afectan a la gestión fiscal en Venezuela a partir de un conjunto de hechos estilizados, concentrándonos especialmente en las últimas tres décadas.
Si nos permitiéramos hacer una apretada síntesis que caracterice la evolución de la gestión de las finanzas públicas venezolanas en estos años, tendríamos que resaltar como hecho fundamental que la política fiscal ha ido perdiendo poder, de manera por demás muy acelerada, como instrumento para inducir el crecimiento económico interno. Las razones que explican este resultado, sin duda, están asociadas, al menos, con:
Una alta volatilidad de los ingresos fiscales que se transmite a los gastos y al resto de la economía, generando inestabilidad e incertidumbre y, por esta vía, inhibiendo la inversión y el crecimiento.
Una reducción del multiplicador y el acelerador del gasto público, a medida que el tejido sectorial de la economía venezolana ha ido perdiendo densidad.
Un desmantelamiento institucional del sector público que ha afectado considerablemente la eficiencia, tanto del gasto como de la recaudación de los tributos.
Una permanente reducción de la inversión pública, especialmente la destinada a generar economías externas y que ha afectado tanto a la acumulación de capital humano como físico.
Un endeudamiento público que absorbe una proporción creciente del gasto fiscal, en un contexto de una economía cada vez más débil.
Una reducción paulatina pero creciente de las fuentes de financiamiento, tributarias y no tributarias de origen externo, que ha hecho incrementar la tributación interna sobre una economía privada cada vez más endeble y dependiente del gasto público para funcionar.
Finalmente, pero no por ello menos importante, un financiamiento creciente del gasto fiscal mediante mecanismos inflacionarios, muy vinculados a la manipulación del tipo de cambio y a la gestión de la política monetaria.
La identificación de estos elementos, junto con otras características más específicas de los diferentes componentes de la política fiscal, es el tema del resto de las secciones que integran este documento. Hemos tratado separadamente los aspectos referidos a: los ingresos, los gastos, el déficit fiscal y el endeudamiento público. En la última sección nos referimos a nuestra visión de la gestión fiscal del 2004 y algunas de sus múltiples implicaciones macroeconómicas.
Una advertencia al lector en materia metodológica es necesaria. A los efectos de la descripción de los hechos estilizados que caracterizan la evolución de la política fiscal en Venezuela, hemos decidido presentar las cifras agrupadas con base en los diferentes períodos presidenciales que hemos tenido desde 1969. Sin duda esto es una manera de simplificar las observaciones disponibles, pero la encontramos justificada y útil ya que la gestión fiscal responde, en buena medida, a determinantes no sólo económicos sino también políticos. En todo caso, poner en evidencia como durante sucesivas administraciones se han ido profundizado los aspectos críticos de las finanzas públicas venezolanas, nos parece un hecho relevante que no modifica las conclusiones básicas que igualmente se desprende al observar series anuales más detalladas.
1. INGRESOS FISCALES
Con respecto a los ingresos del Gobierno Central, los hechos fundamentales que caracterizan su evolución reciente son los siguientes:
Los ingresos fiscales han venido sufriendo un cambio estructural notable al irse incrementando la participación relativa de los ingresos de origen no petrolero. De hecho, durante la última década, los ingresos fiscales de origen petrolero han dejado de ser la fuente dominante. Un aspecto notable es que esta sustitución en la fuente de ingresos se ha producido paralelamente a un debilitamiento notable en la capacidad de crecimiento de la economía interna no petrolera.
La evolución reciente de los ingresos señaliza la conformación de un severo problema de sostenibilidad fiscal que se expresa en el rápido crecimiento de los ingresos de carácter no recurrentes.
En conexión con lo anterior, la gestión fiscal cada vez descansa más en la tributación no explícita asociada a la gestión de las políticas cambiaria y monetaria.
Los ingresos fiscales de origen petrolero se han hecho más volátiles y los mecanismos de extracción de tales ingresos que se han hecho predominantes (las regalías y la distribución de dividendos por parte de PDVSA) han ido reduciendo las posibilidades de desarrollar el negocio petrolero en manos del Estado.
Finalmente, a pesar de la alta volatilidad que caracteriza a los ingresos fiscales no se ha avanzado en las reformas institucionales dirigidas a atenuar los efectos de este problema. Es más, los cambios que se introdujeron tardíamente a finales de los noventa (especialmente con la creación del FIEM) fueron desviados por la presente administración hasta anular completamente la eficiencia de estos mecanismos como estabilizadores fiscales.
Observando con un poco más de detalle la evolución de los ingresos ordinarios del Gobierno Central, después de casi una década de bonanza petrolera, se pasó a una reducción drástica de los ingresos fiscales que empezó a revertirse diez años después durante la segunda presidencia de Caldera (1994-1998). La presente administración ha disfrutado de unos ingresos fiscales que son los más altos en los últimos veinte años, pero estos son sustancialmente más bajos (un 40% menos) que los que se recibieron en promedio entre 1974 y 1983.
Paralelamente, ésta reversión en la tendencia de los ingresos fiscales ha estado acompañada de un cambio estructural relevante: los ingresos fiscales no petroleros han pasado a prevalecer sobre los de origen petrolero. La predominancia de los ingresos fiscales no petroleros podría pensarse como un signo positivo, a no ser que se acote que esto sucede justamente en momentos en que la economía no petrolera se ha debilitado considerablemente, producto del decaimiento del nivel de actividad y la pérdida creciente de su potencial de crecimiento a largo plazo. Además, como señalaremos más adelante, hoy la economía interna es aún más dependiente de la gestión fiscal.
Asimismo, en la última década, pero sobre todo en los últimos cuatro años, se ha incrementado la significación de los ingresos ordinarios no recurrentes; es decir, aquellos ingresos que no están vinculados a la recaudación de tributos explícitos y regulares. Entre estas fuentes de ingresos destacan las llamadas utilidades cambiarias procedentes del BCV, los dividendos distribuidos por PDVSA y los ingresos recaudados por medio del impuesto transitorio a las transacciones financieras. De más está decir que la relevancia de los ingresos no recurrentes pone en evidencia la fragilidad creciente de las finanzas públicas y los problemas de sostenibilidad que a ella se asocian.
Para tener una idea de la significación de estos ingresos, téngase en cuenta que durante la actual administración los ingresos no recurrentes han representado casi una cuarta parte de todos los ingresos ordinarios recaudados. La dependencia de la gestión fiscal con respecto a los ingresos no recurrentes, muy probablemente, se acrecentará en el futuro cercano. Este es un resultado probable de no revertirse la tendencia a una pérdida continua en la capacidad de crecimiento económico a largo plazo y a la profundización de la tensión social y política, que exigen, cada vez más, acciones fiscales redistributivas con efectos en el muy corto plazo. En este sentido, es previsible que la recaudación de recursos fiscales por medio del impuesto inflacionario se transforme en una característica estructural de la gestión fiscal en Venezuela, fenómeno que hasta ahora siempre jugó un papel más bien secundario. En este punto cobra especial importancia el tema de la deuda interna y su acelerado crecimiento reciente, aspecto que trataremos más adelante.
El debilitamiento de los aportes fiscales del sector petrolero tiene una importante connotación que incide sobre la conformación de las expectativas en torno a la evolución de la economía en su conjunto. La economía no petrolera no sólo se ha debilitado sino que ha perdido densidad sectorial y no ha desarrollado bases de sustentación autónomas con respecto al sector petrolero y a la gestión pública. En tal contexto, la pérdida creciente de significación de los ingresos fiscales petroleros no puede sino ser una señal que afecta negativamente las expectativas sobre la sostenibilidad y el potencial de crecimiento de la economía venezolana como un todo; hecho que naturalmente se expresa en la escasa disposición de los agentes económicos, internos y externos, para emprender negocios en el país.
Adicionalmente, hay que agregar que los mecanismos de extracción de los recursos fiscales petroleros afectan cada vez más al crecimiento del propio sector petrolero. La regalía petrolera y, sobre todo, el reparto de dividendos “contables” han sustituido al impuesto sobre la renta como fuente de recaudación fiscal. No sorprende, por tanto, que la industria petrolera haya sido sometida a un largo proceso de descapitalización que se ha ido expresando en una caída cada vez más notable en la capacidad de producción petrolera; en particular durante los últimos cinco años, donde la declaración de “dividendos” ha casi alcanzado los recursos que se proveen por medio de la regalía. A la par, el impuesto sobre la renta ha prácticamente desaparecido como medio de tributación fiscal petrolera.
A los problemas de debilidad de los ingresos fiscales petroleros hay que agregarles los asociados a los de la volatilidad de estos. Como es conocido, Venezuela destaca en el escenario internacional como una de las economías más volátiles, justamente por su carácter de economía petrolera y su escasa diversificación interna, característica que se ha profundizado en los últimos años.
Tanto el precio como los volúmenes exportados experimentan una alta inestabilidad a lo largo de todo el periodo considerado. Sin embargo, hay que destacar que en los últimos quince años las exportaciones han mostrado una inestabilidad aún mayor de la que se refleja en el precio. Debe resaltarse, además, que el sesgo de la volatilidad en las exportaciones en los años más recientes ha cambiado de signo; mientras en los noventa la tendencia fue a incrementar el volumen exportado, más recientemente la tendencia ha sido a reducirlo. Este último hecho no pone en evidencia otra cosa que el cambio en la política petrolera, que pasó de un programa de apertura y expansión de la producción, especialmente durante Caldera II, a una fase de contracción fundamentada en una estrategia que descansaba en la maximización del precio de exportación y de la participación fiscal sobre los ingresos de la industria estatal.
2. GASTOS FISCALES
A pesar del debilitamiento de los ingresos fiscales y la contracción sostenida de la economía en estos últimos años, los gastos ordinarios5 del Gobierno Central han crecido en forma permanente con relación a la economía no petrolera, siendo notable su significativo aumento durante la presente administración, casi un 25% con respecto al gobierno anterior.
Naturalmente el incremento del gasto gubernamental, en un contexto de debilitamiento acelerado de la economía privada, ha aumentado la relevancia del sector público y elevado la dependencia del comportamiento económico interno con respecto a la gestión fiscal. En este sentido, la economía venezolana lejos de diversificar sus fuentes de crecimiento y reducir su dependencia petrolera la ha incrementado de manera significativa, proceso que se acentuó desde comienzos de los noventa cuando comenzó la presente fase de fuerte inestabilidad política interna.
El incremento del peso del gasto público sobre la economía interna pareciera estar acompañado de una pérdida de poder de la política fiscal para inducir crecimiento en el resto de las actividades. La posible erosión en el efecto multiplicador del gasto público podría ser consecuencia de varios factores entre los que cabe destacar: los cambios en la estructura del gasto fiscal, la ya comentada pérdida de densidad del tejido sectorial de la economía interna (la desindustrialización), el deterioro
de la eficiencia institucional y el aumento de otras filtraciones al multiplicador del gasto vinculadas a la incertidumbre, la inestabilidad política y al sesgo de la política cambiaria a apreciar el tipo de cambio a largo plazo.
Se puede apreciar como los impulsos fiscales están asociados con reacciones cada vez menores en el nivel de actividad interna, especialmente a partir de los noventa, y de manera más que evidente en los últimos diez años. Es de notar, además, que la incidencia de los impulsos fiscales no parece ser simétrica; si bien los incrementos del gasto son acompañados por una reacción muy débil en el producto, las reducciones en el gasto son seguidas de contracciones significativas en el nivel de la actividad económica interna. Es decir, la política fiscal ha perdido poder para generar crecimiento pero no así para reducirlo. Esto podría ser un reflejo de lo ya comentado: el multiplicador del gasto se habría reducido, pero la economía no petrolera depende cada vez más del gasto público para poder mantenerse.
El problema de la baja eficiencia del gasto no sólo afecta a la economía en el corto plazo sino también a la capacidad potencial para crecer a largo plazo. En este sentido, resulta revelador observar las tendencias en el comportamiento del gasto fiscal destinado tanto a la acumulación del capital físico como al capital humano. En la evolución del gasto del Gobierno Central en formación bruta de capital con relación al producto se observa la muy significativa caída de esta relación básica. Con la excepción del primer gobierno de Pérez, el cual fue beneficiado por un importante boom en los precios petroleros, el gasto relativo destinado a la inversión bruta no ha hecho más que deteriorarse hasta llegar a niveles promedio inferiores al 1% del PIB, durante la presente administración. Con estos niveles de gasto de capital, es difícil mantener el capital acumulado y mucho más incrementar su dotación.
El deterioro concomitante de la infraestructura y el equipamiento para la producción de bienes y servicios públicos ha sido cuantioso, afectando una de las ventajas competitivas previas que poseía el país como lo era su dotación de infraestructura básica en sectores claves como: vialidad, electricidad, agua, puertos y aeropuertos.
Aún teniendo en cuenta las transferencias de capital que el Gobierno Central ha hecho a las entidades regionales, municipales y otros entes públicos6, los aportes al gasto de capital con relación al PIB se han mantenido, en promedio, por debajo del 3%, llegando a un máximo con Chávez de 3,8%. Hay que aclarar que estas cifras no recogen los efectos por deterioro de la calidad y eficiencia en la gestión de este tipo de gasto, elementos que, sin duda, hacen descender aún más la magnitud real de la inversión pública.
La problemática no es diferente cuando se analiza el comportamiento del denominado “Gasto Social”. Al igual que con el gasto de capital, la inversión per-cápita en capital humano ha descendido progresivamente en los últimos 20 años; aunque durante el gobierno de Chávez ha aumentado este tipo de gasto con relación al gobierno anterior (pero no así con respecto a los que le precedieron). La situación puede ser aún peor si se tiene en cuenta el deterioro en la calidad del gasto y la caída en la productividad tanto en la producción y gestión de los servicios públicos fundamentales, hecho éste ampliamente documentado8.
En contraste con la evolución del gasto en la formación del capital humano y físico, el peso del servicio de la deuda sobre el gasto fiscal total se ha incrementado aceleradamente. De hecho, la significación del pago de intereses y amortizaciones de las acreencias públicas pasó de representar, en promedio, un 8% del total de los egresos del gobierno central entre 1969 y 1973 a alcanzar un 36% durante el gobierno que se inició en 1999.
Esta importante incidencia de la deuda sobre el gasto constituye una carga cada vez más pesada en el contexto de una economía que ha ido perdiendo su capacidad de crecimiento. Hay que acotar, adicionalmente, que la estructura del servicio de la deuda se ha venido modificando muy rápidamente, aumentando la incidencia de la deuda interna sobre la de la externa. Este hecho está introduciendo un cambio estructural en la dinámica de la gestión fiscal venezolana, ya que el peso creciente de la deuda interna estaría creando los incentivos utilizar la devaluación y el impuesto inflacionario como instrumentos de licuefacción de las acreencias públicas internas. Esta circunstancia podría modificar el rol que tradicionalmente ha jugado el tipo de cambio en el contexto de la política económica en Venezuela; de ser un instrumento básico para anclar los precios nominales y por tanto controlar las presiones inflacionarias, se podría pasar a una situación donde la devaluación cambiaria y el impuesto inflacionario se transformen en mecanismos fundamentales de transferencias de recursos desde el resto de la economía hacia el Gobierno Central. De suceder esto, Venezuela podría mostrar una tendencia a acelerar las tasas de inflación muy por encima de las registradas, que ya de por sí son relativamente altas.
3. DÉFICITS FISCALES
En el período aquí considerado, ha habido un cambio estructural claramente demarcado en el comportamiento del resultado financiero del Gobierno Central. A los superávits fiscales crecientes que caracterizaron a las tres primeras administraciones (Caldera I, Pérez I y Herrera Campins) le sucedieron déficits fiscales crónicos, cuya significación macroeconómica se fue incrementando considerablemente en el tiempo hasta llegar a la situación actual en que los déficit fiscales, en promedio, han sido persistentemente mayores a 3,0% del PIB. Considerando los problemas estructurales que afectan a los ingresos y a los gastos gubernamentales, es evidente que esta situación deficitaria continuará caracterizando el contexto fiscal venezolano.
Esta gestión fiscal cada vez más deficitaria, ha sido acompañada con una estrategia de financiamiento que descansa en una acumulación creciente de pasivos, sin afectar el nivel de los activos del sector público. En otras palabras, las privatizaciones como instrumento para reducir las causas estructurales de los déficits crónicos, especialmente los factores asociados al servicio de la
deuda y el mantenimiento de entes públicos susceptibles de ser atendidos por el sector privado, no han jugado ningún rol fundamental. Hay que agregar, además, que el debilitamiento de la economía, la caída de la propia inversión pública y la creciente inestabilidad política inciden negativamente sobre el valor de mercado de los activos públicos privatizables, afectando la incidencia fiscal que podría tener un programa de privatizaciones, que incluso, abarcara al sector petrolero.
Otro aspecto a resaltar es el que se refiere a la evolución del superávit o déficit primario. En principio, la gestión deficitaria del gobierno puede requerir un ajuste fiscal en el nivel de los gastos destinados a la compra de bienes y servicios, a las remuneraciones pagadas y/o en las transferencias que el Gobierno Central hace al resto del sector público y al privado (el llamado gasto primario). Naturalmente, en la medida que el ajuste en el gasto primario sea mayor, menores serán los requerimientos de endeudamiento. La capacidad de producir excedentes primarios se ha ido mermando con extraordinaria rapidez, especialmente en los últimos cinco años. Obviamente la contrapartida de esta tendencia conduce a una presión para aumentar el endeudamiento y el financiamiento monetario del déficit. Presión que se hace aún mayor si, además, el gasto público está incrementándose en el tiempo.
El caso de la actual administración de Chávez es crítico. El significativo incremento del gasto, ya comentado, y el cuasi equilibrio primario ha implicado un incremento muy acelerado en los niveles de endeudamiento público. Esta situación, de continuar, estaría planteando serias interrogantes sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas a corto y mediano plazo. Téngase en cuenta que es muy distinto incurrir en un déficit primario cuando se tiene fácil, y barato, acceso al crédito externo (caso Pérez I) que cuando sólo se puede recurrir al mercado financiero interno y con una alta dosis de financiamiento inflacionario.
Un indicador adicional de la fragilidad, y de los problemas de sostenibilidad fiscal, viene dado por la comparación entre el resultado de la gestión primaria y la carga de intereses generados por la deuda pública. La creciente disparidad entre estos dos agregados señala que el país se está endeudando en forma creciente para pagar los intereses de la deuda ya adquirida. En una situación fiscal manejable y sostenible, se supone que los intereses de la deuda deberían ser cubiertos por los ingresos ordinarios recurrentes cuya evolución descansa, en última instancia, sobre el crecimiento económico. Si para pagar los intereses el gobierno debe aumentar su deuda, se estaría generando entonces un circulo vicioso que no puede sino deteriorar cada vez más la gestión fiscal y reducirse los recursos para la administración de los bienes públicos y el fomento del capital humano y físico de la sociedad.
La administración de Pérez I y Chávez como los extremos en cuanto a la insuficiencia de la gestión primaria con respecto a los requerimientos para cubrir los intereses. Sin embargo hay que establecer una diferencia notable, en el caso de Pérez I el grueso de los intereses que debían cancelarse correspondían a deudas de carácter externo, mientras que en el caso de Chávez el grueso de los intereses está asociado al endeudamiento interno. La predominancia de la carga de la deuda interna sobre la externa tiene, como ya se mencionó, implicaciones macroeconómicas notables y sobre el manejo de la política fiscal, monetaria y cambiaria.
Una deficiencia estructural, que apunta más a los problemas de sostenibilidad fiscal a largo plazo, se evidencia al analizar la evolución de los déficits primarios teniendo en cuenta sólo los ingresos ordinarios provenientes de las actividades no petroleras. Este indicador refleja la vulnerabilidad fiscal ante los choques petroleros adversos y muestra las severas restricciones que se tienen para adelantar una política fiscal anticíclica en Venezuela. Ante esta situación, cobra especial importancia la constitución de mecanismos de ahorro público por motivos esencialmente precautivos, como fue la intención con el diseño inicial propuesto para el Fondo de Estabilización Macroeconómica (1998) pero que, como es conocido, ha sufrido múltiples modificaciones que han afectado su objetivo y su reputación.
4. DEUDA PÚBLICA
Ciertamente el problema del endeudamiento todavía no ha adquirido dimensiones inmanejables, pero la dinámica de su evolución sí da señales de haberse ido convirtiendo en un serio problema que ya afecta negativamente a la gestión fiscal. Esto es especialmente cierto en lo que se refiere al desempeño reciente en materia del endeudamiento interno.
El stock de la deuda pública, medido en dólares, se redujo casi 10% entre 1994 y 1999, especialmente debido a la disminución de la deuda de carácter externo, aunque la deuda interna también lo hizo ligeramente después del episodio de la crisis financiera, acontecido en 1994. Sin embargo, a partir de 1999 se produce un acelerado crecimiento de la deuda interna, multiplicándose su nivel nominal en casi 7 veces en tan sólo cinco años y a pesar de que las fuertes depreciaciones del tipo de cambio de 2002 y 2003 redujeron una parte significativa de la deuda interna medida en dólares.
Como ya se ha advertido varias veces en este documento, el creciente endeudamiento interno genera un cambio estructural en la gestión fiscal que tiene importantes implicaciones macroeconómicas. Especialmente, por los incentivos que comienza a tener la autoridad fiscal para utilizar el tipo de cambio y el financiamiento monetario como instrumentos permanentes de financiamiento público y de licuación del peso de la deuda pública sobre el gasto presupuestario. El problema del endeudamiento creciente hay que analizarlo en el contexto de una economía donde la sostenibilidad de los ingresos fiscales y del crecimiento económico es cada vez más difícil de garantizar. El mayor endeudamiento coincide, además, con una reducción y pérdida de calidad del valor de los activos públicos, reduciéndose con ello los grados de libertad disponibles para lidiar con las implicaciones del servicio de la deuda sobre la solvencia de la gestión financiera gubernamental.
Las consecuencias de todo esto sobre las decisiones de los agentes económicos, internos y externos, son evidentes y notorias: las perspectivas de Venezuela como país estable y seguro para las inversiones se alejan a medida que la debilidad de los ingresos petroleros es compensada con el endeudamiento público.
Al problema de la velocidad a la que se está acumulando la deuda pública hay que agregarle el de la concentración de los vencimientos a plazos relativamente cortos, lo cual dificultad aún más la gestión fiscal. De acuerdo al perfil de vencimientos de la deuda interna, el 82% de esta deuda se vence en los próximos diez trimestres, un plazo exageradamente breve si se tiene en cuenta la magnitud que ya ha alcanzado esta deuda. El asunto no es menos grave con relación a la deuda externa, siendo que en el mismo plazo habrá que cancelar unos 15.000 millones de dólares por su servicio.
Esta alta concentración de los vencimientos, junto con los pagos de intereses, especialmente los referidos a la deuda interna que fue contratada a tasas muy elevadas reflejando los problemas fiscales y la inestabilidad política durante estos últimos cinco años, planteará en los próximos dos años severas limitaciones para elevar el gasto primario y con ello la capacidad de usar la política fiscal para mejorar la redistribución y apuntalar el crecimiento económico. En síntesis, la política fiscal se verá aún más restringida como instrumento de política económica para promover cambios estructurales relevantes. Por el contrario, la gestión de la deuda pública puede inducir al gobierno a tomar medidas que profundicen los desequilibrios ya existentes y generar nuevas tensiones que pueden traducirse en importantes shocks de tipo de cambio e inflacionarios.
