El presidente Chávez ha venido insistiendo en que su gobierno procura la socialización de la propiedad respetando al mismo tiempo la propiedad privada. Una cosa es lo que el presidente dice aspirar y otra muy diferente lo que está ocurriendo en los hechos, donde se está conformado en Venezuela un sistema de propiedad muy particular, caracterizado por la preeminencia de la propiedad estatal sobre los medios de producción fundamentales de la economía, lo que se denomina el capitalismo de Estado. El petróleo y sus actividades conexas, las telecomunicaciones, la electricidad, el acero, el cemento, el aluminio, los medios de comunicación, parte del transporte aéreo y terrestre y la venta de alimentos hoy están en buena medida dominados total o parcialmente por el Estado. Hasta pañales desechables va a fabricar el gobierno, a parte de la venta de arepas.

Lo que llama la atención es que en ninguna de esas actividades económicas y las empresas que la representan, los trabajadores o la sociedad tiene la propiedad sino más bien ella reposa en poder del gobierno, sus entes supeditados y quien en Venezuela ejerce su dominio. Los trabajadores son unos convidados de piedra y no participan en nada que tenga que ver con el manejo y gestión de las compañías que ha formado el gobierno y en donde se ensayó un sistema de propiedad mixta, la experiencia fue desafortunada como en los casos de la fábrica de papel (Venepal), la empresa de válvulas y las textileras. Quizás la participación de los trabajadores en las empresas sea estar vestidos de rojo, el color oficial. De esta manera, lo que existe en Venezuela es una situación de virtual monopolio del Estado en ramas económicas fundamentales y líderes como es el caso del petróleo y ello dista mucho de ser la socialización de los medios de producción.

Hay la firme convicción de que a Hugo Chávez no le gusta la propiedad social porque ello implicaría en alguna medida el reconocimiento de lo que él rechaza: la propiedad privada. Cuando en una empresa los trabajadores son propietarios, ello crea un incentivo para producir eficientemente porque si la empresa obtiene ganancias, una parte será repartida entre los socios y esto estimula a los propietarios para que la empresa se torne más productiva. Si se registra pérdidas, pues no hay nada que repartir y en algunos casos el trabajador pone en riesgo su ingreso. De esta manera, la propiedad social es una modalidad de la propiedad privada, la gran fuerza que ha movido y mueve los incentivos para generar más bienes y servicios, aumentar la calidad y además para mejorar las condiciones de vida de los trabajadores. La propiedad favorece las condiciones para que los hombres sean libres, no súbitos del Estado, como lo era la plebe de los reyes.

La propiedad estatal al ser de todos es de nadie y por esa razón a pocos les importa cuando las empresas operan con déficit y los bienes producidos no son de calidad. Al saber que el Estado le transferirá los fondos que ha perdido, quienes manejan las empresas públicas no tienen motivos para mejorar y hacerse más productivos. Este hecho está documentado en la historia económica universal y en Venezuela la evidencia es contundente al respecto. Véase lo que sucede ahora con Sidor y la Electricidad de Caracas, que de empresas superavitarias pasaron a deficitarias y siguen siendo dirigidas por quienes las administran mal. Cuando los trabajadores eran parcialmente sus propietarios, éstos tenían representación en las juntas directivas y estaban pendiente de los resultados financieros porque de ello dependían los dividendos que recibían. En las empresas estatales la corrupción es la norma lo mismo que el clientelismo político y estos dos elementos perniciosos conspira contra una buena administración.

Sin embargo, actualmente algo curioso está sucediendo en Venezuela: está tomando una fuerza inusitada la adquisición de empresas, en particular en el sector financiero, por parte de gente con estrechos vínculos con el gobierno y en algunos casos con nexos familiares con ministros. Con esto se está reconfigurando el esquema de propiedad en Venezuela al crearse una especie de nueva oligarquía que está realizando algo así como una acumulación originaria del capital, pero utilizando para ese fin recursos públicos y contratos con diversas entidades del sector público. Mientras eso ocurre, el Estado como empresario sigue fortaleciéndose al costo de expropiar y confiscar empresas privadas, acumulando una deuda no contabilizada legalmente y que en algún momento habrá de pagarse, por parte de éste u otro gobierno.

Se tiene así dos formas de propiedad: la estatal y la privada de gente asociada al gobierno. Pero el modelo está incompleto debido a que falta en esta ecuación del esquema propietario: el pueblo y los trabajadores. ¿Qué queda para éstos? Sencillamente, las promesas y lo que sobra, el remanente una vez que el Estado ha tomado los medios de producción fundamentales y los nuevos ricos se han instalado en la industria de alimentos, el transporte marítimo, los seguros y los bancos. Que el pueblo se conforme con las comunas y labores secundarias como el mantenimiento menor de los sanitarios de los organismos públicos, la limpieza de plazas, aceras y cunetas, mediante las llamadas empresas de producción social. Si el presidente Chávez cree en la propiedad social por qué no comienza por otorgarle la titularidad del petróleo a los venezolanos a través de un esquema que haga a los ciudadanos los verdaderos dueños de la riqueza y no meros perceptores de forma indirecta de la renta petrolera. No lo hace por la simple razón de que él en lo que en verdad cree es en el socialismo del siglo XX, cuyas representaciones más genuinas fueron la antigua Unión Soviética y su heredera, Cuba.

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