No existe un solo concepto de la Ley Seguridad y Soberanía Alimentaria o de la Ley de Salud Agrícola Integral que no fuera sometido a consulta el pasado 2 de Diciembre. El veredicto nacional lo conocimos por boca del Presidente del CNE: el país no aceptaba al socialismo como modelo de país. El único aspecto del Referéndum que no fue incluido en las 26 leyes aprobadas, fue el de la reelección continua del mandatario nacional. El resto está ahí, incluso potenciado, acompañado por sanciones y graves penas de cárcel. El que el TSJ haya dado el visto bueno al conjunto de leyes no excusa a los magistrados de hacerse la vista gorda ante el fraude constitucional más grave cometido en este país, superior a cualquier atropello en la corta historia de esta pobre nación, sometida frecuentemente a las ambiciones de caudillos, dictadores y militares envalentonados.

Ni un solo artículo de estas leyes habla del rendimiento, de cómo podremos aumentar la producción de alimentos o la rentabilidad de nuestros productores. Todo se reduce a cambiar las relaciones sociales y de producción, siguiendo pautas que parecen sacadas de aquel manual sesentón, Los Conceptos elementales del materialismo histórico de Martha Harnecker, que estudiaron algunos chavistas de la tercera edad en su intelectualmente precaria y accidentada juventud. El corazón del paquete jurídico consiste en, cito textualmente: “motivar, facilitar y acompañar la participación protagónica del pueblo, en todas sus actividades, y de esta manera coadyuvar en la consolidación del socialismo agrario de la nación” (LSAI, Art. 77). Las organizaciones gremiales más importantes que hacen vida en Venezuela, cuyos afiliados producen la casi totalidad de nuestros alimentos, no fueron consultadas al redactar los borradores. Fueron ignoradas y ahora desplazadas de su lugar por Asambleas Agrarias, Consejos Comunales y una Milicia que tendrá a su cargo la responsabilidad de velar por las Reservas Estratégicas de Alimentos, un concepto que pudiera defenderse, siempre y cuando no se coloque bajo la tutela de un cuerpo que no tiene la más mínima experiencia ni formación agropecuaria o militar.

Ambas leyes combinan el carácter confiscatorio y un desprecio absoluto por el sector privado, con una profunda ignorancia de los retos de la agricultura contemporánea. Se hablar de importar y de tomar en cuenta la oferta exportable de países socios comerciales, pero nunca de exportar o de incrementar nuestra riqueza agraria. Se decreta impedir la producción y distribución de insumos químicos tóxicos y de fomentar productos biológicos inocuos. Pero si son inocuos es que no sirven; y tóxicos son todos, algunos ligeramente, otros medianamente o altamente, pero hasta el agua puede ser tóxica si se toma en exceso. Si el país se ha propuesto, a través de PEQUIVEN, consolidar la industria petroquímica, cómo puede entonces la Ley que pretende regir nuestra economía agrícola atentar contra una de los lineamientos estratégicos de la Nación.

El Artículo 3, que se repite en ambas leyes, sepulta bajo tierra cualquier buena intención que uno pueda intentar detectar. El ataque contra la propiedad privada, dejando a la discrecionalidad de un funcionario la decisión de expropiar, sin que se cumplan los requisitos del Artículo 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, evidencia a los ojos de cualquier lector atento la inconstitucionalidad del paquete. No se trata ya exclusivamente de un asunto de orden legal, sino de un problema político que deberán considerar los partidos y cada uno de los candidatos de unidad como el meollo del debate y la campaña electoral.

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Todo sobre nuestro columnista: Ricardo Bello