El Presidente Hugo Chávez, en una larga alocución conmemorando su primer año de gobierno, manifestó que no habrá cambios sustanciales en la política económica que sigue Venezuela. Se mostró satisfecho con lo logrado en estos meses y, aunque reconoció que hubo un importante decrecimiento en el producto total, atribuyó este mal desempeño a la situación deplorable que heredó al asumir el cargo. Anunció también un conjunto de medidas y de planes destinados a reactivar la economía en el próximo año y a pagar la "deuda social" con los sectores más pobres de la población.

Las medidas a tomar no implican ningún cambio trascendental: una rebaja del IVA de un 1%, un aumento moderado de salarios (10%) para los funcionarios públicos, agilización del reintegro que se paga a los exportadores y otras acciones que no implican ninguna reforma respecto al modo en que se ha conducido hasta ahora el país. Ni la política petrolera ni la política cambiaria -basada en microdevaluaciones sucesivas dentro de unas "bandas" bastante elásticas- habrá de ser modificada en lo más mínimo; tampoco habrá de tocarse la enorme participación del sector estatal en el conjunto de la economía.

En cuanto a los diversos planes esbozados, y que se supone irán anunciándose en detalle en las próximas semanas, sus objetivo declarados son también bastante modestos: se piensa pasar de un descenso del 7,2% en el PIB a un incremento del 2,2%; reducir 2 puntos la tasa de desempleo, que ya está muy cerca del 20%; bajar el déficit fiscal a valores próximos al 2%, y continuar con una política social que se basa en acciones puntuales de tipo asistencial. Para lograrlo se recurrirá a la vieja panoplia de medidas que han sido típicas del intervencionismo estatal en Venezuela: exenciones impositivas para quienes inviertan en sectores o áreas geográficas prioritarias, presiones al sistema financiero para que se disminuyan los intereses, estímulos dirigidos según planes específicos de desarrollo, iniciativas para reactivar de un modo u otro la reforma agraria ya realizada hace décadas. En suma, una orientación muy semejante a la que tuvieron los gobiernos democráticos de los años sesenta y setenta en el país y que puede resumirse en asignar un papel rector al estado en el desarrollo, el diseño de ambiciosos planes productivos, la manipulación constante de las variables económicas y un cierto equilibrio fiscal sustentado, en lo básico, en altos ingresos petroleros.

Este enfoque conservador y antirreformista de la política económica contrasta agudamente con la hiperactividad que hemos tenido este año en materia política, que ha servido para no dejar piedra sobre piedra en la estructura institucional que tuvo el país desde 1958. Se ha cambiado la constitución, la dirigencia de todas las instituciones que conforma la estructura del estado venezolano, las relaciones entre civiles y militares y el estilo de hacer política en el país. Pero todo ello, hasta ahora, no ha servido en los hechos más que para confirmar el mismo rumbo económico que tenía la IV República, tan denostada por Chávez y sus partidarios.

Legítimamente podemos entonces preguntarnos: ¿existe una auténtica revolución en Venezuela o se trata simplemente de un cambio de actores, de estilo, pero que no llega a modificar la tradicional forma de dirigir el país? ¿Estamos ante un verdadero cambio o lo que se busca es sólo remozar el viejo modelo económico que siempre hemos seguido, y que tan desastrosos resultados ha producido en los últimos 20 años? ¿Es esto el comienzo de lo nuevo o, lamentablemente, el último episodio de la vida de un régimen ya superado por la historia?

Las preguntas que nos hacemos no son retóricas ni tienen un interés puramente teórico. Muy pronto, en el curso de los próximos meses, los venezolanos tendremos oportunidad de apreciar los resultados de una conducción política que, a pesar de contar con un sólido apoyo en la población, todavía no ha respondido a las expectativas que suscitó al asumir el poder.