Caracas, Miércoles, 16 de abril de 2014

Sección: Enfoque Económico

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¿El petróleo: recurso de paz o conflicto?

Domingo Fontiveros

Jueves, 20 de abril de 2006

Hace más de 40 años Venezuela promovió el mensaje de lo que sería la OPEP con países mayoritariamente musulmanes para construir una coalición de países productores frente a las grandes compañías petroleras. El objetivo básico no era otro que armonizar políticas nacionales de negociación para tener mayor poder en las mesas de discusión frente a los consorcios que dominaban en ese entonces los principales aspectos de la industria. Nuestro país fue pionero en esta importante materia, que representó un aporte concreto para la desconcentración del poder a nivel mundial en aquella época.

Aún así, Venezuela como Estado jamás utilizó su condición de exportador mayor de petróleo y productos a EE.UU. y otros países, como arma política y mucho menos como factor de chantaje o extorsión. Venezuela, por ejemplo, no participó en el embargo petrolero de los países árabes en 1973-74, ni convirtió a la nacionalización de la industria en 1976 en una acción conflictiva o retaliativa contra ningún país. Su posicionamiento en la OPEP siempre fue respetado por encima de las diferencias que podían existir y existieron con otros miembros de la organización, tanto por estos como por el resto de países. En aquel momento, la alineación en OPEP constituía una posición progresista, cuyo significado, no obstante, se ha venido alterando en forma sustancial desde hace algunos años.

A raíz de la gira del actual presidente venezolano por países de OPEP en 1999, promoviendo una acción conjunta para restringir producción como palanca para elevar los deprimidos precios de entonces, la industria venezolana registró el mayor recorte en la producción individual dentro de esta organización, y ello condujo en la práctica, aunque no en el discurso, a una disminución sustancial del flujo de inversiones necesarias para continuar elevando la capacidad de producción, que había venido en aumento sostenido durante más de una década. La iniciativa precipitó una escalada de precios que vista retrospectivamente, se iba a producir de todas maneras con la recuperación de la demanda en los países asiáticos que habían entrado en recesión desde fines de 1997, cuyas economías volvieron a crecer, y con ello la demanda petrolera, a partir de ese mismo año 1999, y luego con el ascenso vertiginoso del consumo en China e India.

Pero al margen de la coyuntura de precios, esta iniciativa venezolana marcó un cambio en la política petrolera nacional a largo plazo, que en principio pudo ser visto como un simple regreso a la anticuada estrategia de maximizar la renta petrolera, en oposición a la de desarrollar encadenamientos productivos desde la industria hacia otros sectores nacionales como factor de crecimiento distinto, aunque complementario, al gasto fiscal de los recursos transferidos al gobierno. El planteamiento rentista fue evidentemente reforzado luego con la toma del poder en PDVSA por parte del activismo chavista, luego del paro petrolero de 1992-93, y las sucesivas modificaciones en las reglas orientadas a centralizar en el gobierno las decisiones cardinales sobre el manejo, uso y aprovechamiento de los recursos petroleros, situándolos incluso al margen, al menos una parte sustancial de los mismos, del control parlamentario y público. El rentismo, valga la expresión, ha sido rentable para el gobierno venezolano, pero se han dejado de percibir cuantiosos ingresos, se han perdido mercados por no contar con una capacidad de extracción mayor y se ha dejado de desarrollar sectores conexos de alta calidad. En los últimos tres años, OPEP ha aumentado su oferta en casi 3 millones de barriles diarios; Venezuela, en este lapso, ha mantenido básicamente estable su producción, según la Administración de Información Energética (EIA) de los EE. UU..

Estos últimos cambios en la dirección de la industria, ya marcaron un distanciamiento cualitativo importante respecto a la separación entre los aspectos comerciales y financieros del negocio petrolero, y la dimensión política correspondiente a su condición de objeto de propiedad pública. De allí que una fracción considerable de los ingresos petroleros del país se manejan ahora fuera del presupuesto nacional, de acuerdo a lineamientos ordenados desde el Ejecutivo, lo que en las actuales circunstancias obviamente representa la búsqueda de objetivos políticos, tanto en materia interna como internacional, con los cuales pueden estar mezclados en mayor o menor medida otras finalidades, económicas, sociales o de otra cualidad.

Paralelamente, y de acuerdo a los nuevos condicionantes que rodean las decisiones en la industria, se buscan nuevos mercados, no para crecer, sino para sustituir en lo posible a las ventas colocadas en los EE.UU. y se enfatiza la asociación petrolera con Cuba y otros países del Caribe y Sudamérica en conexión con acuerdos e iniciativas políticas, así como con otros tipos de activismo de la misma naturaleza. Por otro lado, ya está decidido el retiro de PDVSA de la Comisión Nacional de Valores de los EE.UU. (SEC), a la que hasta ahora la industria suministraba informes sobre sus operaciones como condición para emitir deuda en el mercado abierto, conducente a lo cual ha sido la ya casi total recompra de esta deuda por parte de PDVSA. Debe recordarse que estos informes al SEC constituían una fuente de información muy valiosa que complementaba lo suministrado a las instancias de supervisión y control nacionales (Ministerio, Parlamento, etc.) y habilitaba también al ciudadano común interesado para conocer, evaluar y criticar si fuese el caso, la gestión y manejo del recurso que pertenece a todos los venezolanos. Se completó de esta manera un proceso acelerado de cerramiento de la industria al escrutinio público y ciudadano, que favorece, además de lo antes dicho, a la dirección y manejo discrecional de sus recursos.

En este contexto, y como guinda especial del nuevo cóctel petrolero, se ha introducido en la retórica oficialista la amenaza de suspensión de suministros al cliente más tradicional y principal, a lo que se ha apareado más recientemente una retórica dirigida a respaldar las iniciativas nucleares de Irán en contra de la normativa de Naciones Unidas y de las exigencias de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que razonablemente busca evitar la proliferación de armas nucleares en un mundo que ya tiene varias veces demasiado de ellas.

Estas últimas innovaciones retóricas (que con frecuencia han precedido en la práctica a nuevos cursos de acción) del régimen ya constituyen un alejamiento definido respecto a la inveterada vocación pacifista de la política internacional venezolana en general, y de la no politización del tema petrolero en particular, especialmente en lo que respecta a la evidentemente necesaria confiabilidad del suministro para los intereses comerciales tanto de la industria como del país. La combinación contradictoria de mensajes de amenaza de suspensión con otros reiterativos de la seguridad de la oferta petrolera, obviamente no cambia sino que refuerza el efecto principal de reducir la credibilidad como proveedor.

Otras cuestiones menos centrales a este análisis, como pueden ser la movilización de las reservas internacionales del país, así como de otros activos externos, a monedas distintas al dólar americano, la progresiva creación de una pequeña, o mediana, red de instituciones financieras fuera del país con capacidad para movilizar dineros sin ser objeto de mayor escrutinio, y el financiamiento directo o indirecto a grupos o ONGs altamente politizados a favor del régimen en otros países, entre otros, coinciden en lo que pueden ser preparativos para una escalada en el nivel de tensión entre el gobierno y otros países, particularmente los EE.UU., que buscan contrarrestar o prevenir eventuales o previstas retaliaciones.

El escenario que pintan estos breves trazos coloca a la economía nacional y a su sector petrolero en una balanza donde los riesgos de pérdida, que puede ser grande, superan con exceso a los difíciles de escrutar potenciales beneficios. La lógica que en estos temas parece seguir el régimen para planear sus movimientos no está en línea, sino que contradice, lo que puede razonablemente definirse como el interés nacional. Y siendo esto así, la tal lógica aplicada en este peligroso juego geopolítico, termina conduciendo al absurdo. Algo parecido reflejaban las palabras del un tiempo poderoso Benito Mussolini que exaltaban la vida en permanente peligro como un bello ideal, y que finalmente terminaron envolviendo a Italia en una guerra inganable, a la cual asistía como actor de reparto, y que le ocasionó un enorme daño, humano y material, sin ventajas compensatorias de ningún tipo. Ni siquiera transitorias.

En momentos en que los principales exportadores de petróleo están lejos de utilizar al recurso como arma de confrontación, lucen como anacronismo excesivo y por supuesto como soberbio oportunismo los desafíos nucleares de Irán a la comunidad internacional y la insólita alianza con este país por parte de Venezuela, como una apuesta aventurera en el complicado escenario mundial. Ningún otro miembro de OPEP ha ofrecido una carta blanca de respaldo al régimen iraní, a pesar de las cercanías geográficas y de otro tipo que con ese país puedan existir con mayor significancia en algunos de los otros miembros de esta organización petrolera. Lo cual deja peor parada la posición venezolana, y sienta un precedente hacia el futuro que habrá que borrar.

No es posible descifrar las ventajas perdurables o transitorias que obtendría Venezuela en un escenario como este. Quizá el régimen piense en reconcentrar poder y capacidad de movilización, adentro y afuera, sin que ello encuentre conexión visible con el progreso material y cultural, educativo y sanitario, ciudadano y personal, de quienes aquí habitamos.

Pero este argumento en contra no pesa en quienes toman las decisiones de Estado, y tampoco, aunque sea señal de lógica absurda, las nulas posibilidades de salir exitosos en el tipo de confrontación que muestran estar buscando. Que estemos en pleno y perplejo año electoral puede ser un factor para el proselitismo, irresponsable sin duda, y potencialmente muy, excesivamente, costoso para todos. La enorme contradicción subyacente, que irrita aún mas a la racionalidad, es que nada de esto es debatido ni aprobado fuera del estrecho círculo en el poder, como si el destino que se pone en juego y que importa es el de ellos; más aún, que siendo un año de elecciones, actividad propia de la democracia, nada de lo que se resuelve en el Estado responde a procedimientos democráticos

jdfontiveros@cantv.net

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