Caracas, Sábado, 19 de abril de 2014

Sección: Síntesis de Noticias - Economía

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Sobre el fondo de pensiones de los jubilados de Pdvsa

Manuel Bermúdez Romero

Miércoles, 16 de marzo de 2011







   Foto: Google
Ante toda la información que se ha generado sobre las inversiones realizadas con dinero del Fondo de Pensiones en el caso Illarramendi y en InverUnión, banco intervenido por supuestos manejos irregulares a comienzos del año pasado y cuyo proceso de liquidación culmina a principios de este venidero mes de abril, pareciera que si no actuamos en este momento que es oportuno y preciso, de manera más contundente, en el futuro perderemos hasta el derecho de lamentarnos por haber sido, aunque parezca duro decirlo, tan tímidos, temerosos y/o negligentes en la defensa de nuestro patrimonio como jubilados.    

Ha habido mucha información por los medios de comunicación sobre lo que está ocurriendo, lo cual es bueno para sensibilizar a la opinión pública pero que no es suficiente y que, por otra parte, podría calificarse de campaña mediática si los directamente afectados (jubilados) no ejercen otras acciones más determinantes de manera paralela. 

Por otra parte, considerando que PDVSA no ha atendido las legítimas solicitudes que se le han hecho y que las denuncias por los medios de comunicación con el tiempo se olvidan como hemos visto suceder, lo mínimo que deberíamos hacer es ejercer acción judicial para efectos de los posibles reclamos, presentes o futuros a que haya lugar.  Como bien han expresado otros jubilados, se debe partir de dos premisas:

1.- La acción debe ser colectiva (por fortaleza) y coordinada por AJIP de manera que no haya el menor viso de división entre los jubilados, y

2.- Debemos evitar toda connotación de corte político-partidista para no dividir a los jubilados y evitar que la gestión se califique como campaña mediática.

En tal sentido, además de denunciar y dar declaraciones por los medios de comunicación, creo que deberíamos ejercer acción judicial demandando resarcimiento de daños patrimoniales, lo cual es factible e independiente de una posible presunta comisión de delitos que es materia penal cuyo ejercicio lo tiene la Fiscalía General y en lo cual no tendríamos que involucrarnos, evitando de esta manera que pueda dársele una interpretación político-partidista, para no dividir a los jubilados en el interés común del restablecimiento de los haberes del Fondo y la distribución de su rendimiento. Además nos permitirá indagar formalmente en cualquier instancia y de manera directa sobre lo que está aconteciendo con los haberes del Fondo de Pensiones.                 

Concretamente, ¿qué deberíamos hacer?

  • Solicitar a PDVSA por la vía jurisdiccional (civil o laboral, criterio de competencia que se analizaría) los balances auditados de todos los años a partir del año 2002. Así mismo, se solicitaría los balances de las cuentas individuales de los jubilados como es obligación tenerlos. Nos asiste en este petitorio el derecho que tenemos como beneficiarios del Fondo de obtener esos balances y de  asegurarnos que sea manejado con criterio del “buen padre de familia”, asentado no sólo en los Estatutos de APJ-PDV sino en la legislación nacional. Se solicitaría también la reposición de los haberes que deberían existir partiendo de la referencia del año 2002 y el pago del rendimiento que se hubiera podido producir hasta la fecha con dichos haberes.

 

  • La acción sería interpuesta por AJIP en representación de los jubilados. Como AJIP no tiene la representatividad para este petitorio (nadie puede ejercer el derecho de otro y AJIP es una asociación civil, no un sindicato), sería necesario que los jubilados otorguen de manera auténtica (por Notaría) mandato expreso a AJIP para la representación en el juicio. Una sola persona jubilada que se lo otorgue sería suficiente para darle la representatividad requerida en este juicio o en cualquier otro en el cual se requiriera que intervenga como "tercero interesado"; sin embargo, para que no haya la menor duda de que se trata de una acción colectiva, sería deseable que ese mandato expreso fuera otorgado por un gran número de los jubilados. El otorgamiento del poder sería coordinado por AJIP y sus seccionales en todo el país. 
Dirijo esta comunicación a AJIP la cual, en mi opinión, debe tener al menos la iniciativa de consultar a todos sus asociados respecto a qué acciones deben tomarse y actuar consecuentemente.

bermudez.ro@gmail.com

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