Napoleón III dijo que progreso y democracia no marchan juntos. Una opinión similar está muy difundida en la academia y algunas cancillerías, principalmente del mundo desarrollado. Según esta perspectiva, para gozar de una democracia viable sería condición previa e indispensable alcanzar ciertos niveles de desarrollo económico. Se llega hasta hablar de umbrales o índices a partir de los cuales se podría pensar en un país como apto para este sistema político.
Hace un tiempo atrás, ante la amenaza de caos que en un primer momento parecía imponerse en Bolivia, el catedrático español Francesc de Carreras se preguntaba: “¿Sucedería todo ello si el país no fuera tan pobre, la riqueza estuviera mejor repartida, el fanatismo antichileno no fuera un factor político clave y la explotación del subsuelo por parte de inversores extranjeros no fuera considerada como un seguro robo a la nación? ¿Puede una democracia política subsistir en estas condiciones económicas y culturales?”.
¿Podemos concluir entonces que la democracia para que sea practicable requiere de condiciones materiales anticipadas?
Estas interrogantes traslucen una orientación: lo prioritario es la economía (“Development first”), y lo político vendrá después (“Democracy later”).
Tal convencimiento, por lo general no expresado, partiría de la observación del comportamiento histórico de algunos países que han logrado establecer regímenes democráticos, sólo después de haber trascurrido un proceso político autoritario que garantizó la tranquilidad social y les permitió sentar las bases de una economía aceptablemente sólida. Ejemplos de esta evolución serían Singapur, Taiwán, España o Chile.
Si se sigue tal línea argumental, es forzoso concluir que en los países de bajos ingresos, las aspiraciones democráticas tendrán que ser postergadas sine die, a la espera de tiempos mejores en lo económico. Un sistema democrático sería un obstáculo incómodo, un lujo, que no podrían darse.
La opinión de marras ha servido para que políticos del mundo desarrollado se hagan de la vista gorda frente a situaciones arbitrarias en países pobres, las que, sin duda, no aceptarían en los suyos. No logran percibir que tal conducta podría estar condenando a muchas sociedades a prolongar no sólo sus padecimientos políticos sino también sus penurias económicas, alejando cada vez más la prosperidad y la modernidad, en fin, el desarrollo.
Según estudios recientes, los casos mencionados constituyen excepciones. Estas democracias –como a fin de cuentas, todas- proceden históricamente de gobiernos autoritarios en los que la implantación y consolidación de políticas económicas, con el tiempo, condujeron a la estructuración de sociedades que impulsaron un desarrollo apropiado a las necesidades de sus habitantes. No obstante, las evidencias empíricas apuntan a que, económicamente hablando, los países pobres democráticos muestran mejores índices que los países pobres autoritarios, y que no puede afirmarse de manera rotunda que es necesario transitar por una autocracia antes de abrirse a un sistema político libre. Las democracias también pueden surgir en naciones pobres.
De otro lado, la visión que nos ocupa ha llevado a que los programas de ayuda de EEUU y Europa, así como los de organismos internacionales, cometan el error de no discriminar entre países que luchan por instaurar o consolidar la democracia y aquellos que no lo hacen. El destino en gran parte que ha tenido la referida ayuda (corrupción, despilfarro, armamentismo) demuestra tal equivocación.
Este importante issue sigue vigente en la agenda internacional actual. Es verdad, los intereses geopolíticos y las razones de seguridad gravitan mucho en él. Pero, independientemente de que cada país tiene sus particularidades -y excepciones hay- toda estrategia de desarrollo en y hacia los países emergentes, debería estar apuntalada indefectiblemente en los principios de libertad y democracia. No debería haber dudas al respecto.
