Dirigentes políticos, economistas, sindicalistas y periodistas parecen estar de acuerdo en algo importante: para dejar atrás la crisis en curso hay que recuperar la senda del crecimiento económico y conseguir que despierte de una vez por todas el consumo.

En un planeta en el que sobran los argumentos para afirmar que el crecimiento no genera cohesión social, provoca agresiones medioambientales muchas veces irreversibles y propicia el agotamiento de recursos que no estarán a disposición de las generaciones venideras, cada vez es más urgente que busquemos, por ello, otros horizontes. Sorprende, sin embargo, que muchos de quienes han hecho de la sostenibilidad su bandera de enganche prefieran esquivar la conclusión de que en los países ricos tenemos que asumir cuanto antes reducciones drásticas en la producción y en el consumo, de la misma suerte que tenemos que repartir el trabajo en provecho de modelos que hagan de la redistribución de la riqueza, de la vida social, del ámbito local y del ocio creativo sus cimientos.

Nada de esto último se aprecia, ni de lejos, en las posiciones que abrazan hoy nuestros gobernantes, empeñados en sacar adelante diagnósticos de lo que sucede, tan errados como interesados. Recuérdese que hace algo más de un año el presidente Rodríguez Zapatero eludía mencionar, en sus discursos, la palabra ‘crisis’.

No hay manera de casar el omnipresente discurso de la sostenibilidad con medidas como las que el gobierno español ha decidido alentar en respuesta a la crisis. Una de ellas es esa enloquecida apuesta por la alta velocidad ferroviaria que tanto gusta al presidente norteamericano de estas horas. A su amparo está claro qué es lo que se nos viene encima: una forma de transporte que reclama salvajes agresiones contra el medio, propicia la desertización ferroviaria del grueso del territorio, es extremadamente onerosa en términos energéticos y se traduce en precios inalcanzables para la mayoría de los ciudadanos.

Otra de esas medidas la aporta la frenética construcción de nuevas autovías sin que nadie explique quién las va a poder utilizar en el futuro, cuando se disparen los precios de las materias primas energéticas que empleamos. Qué no decir de la decisión de subvencionar con recursos públicos la compra de automóviles. ¿No sería más razonable que, lejos de pensar en los intereses de las grandes empresas, nuestros gobernantes ayudasen a quienes han decidido prescindir del coche, que retrata cabalmente muchos de los elementos de insostenibilidad que atenazan a nuestras sociedades? Los desafueros transcienden el terreno de la sostenibilidad. Aunque nuestros gobernantes repiten que no van a aceptar rebajas en lo que atañe a las reglas del juego del mercado laboral, empiezan a introducir algunas de esas rebajas, permitiendo que se imponga la precariedad por doquier.

Para que nada falte, entre nosotros se ha optado por importar un modelo, el norteamericano, que defiende medidas de socorro tan generosas como urgentes cuando las entidades financieras están al borde de la quiebra, pero no actúa con la misma benevolencia y energía cuando son las economías de los trabajadores – recuérdese a las decenas de miles de inmigrantes que contrajeron hipotecas en condiciones próximas a la usura – las que se hallan con el agua al cuello. Los dirigentes defienden el bien común... siempre y cuando no choque con los intereses particulares de las grandes empresas. Que se lo digan, si no, a Microsoft, que se apresta a sacar tajada de ese ambicioso programa que, de hacerse realidad, pondrá en manos de nuestros niños un magnífico ordenador llamado a resolver mágicamente las carencias del sistema educativo que arrastramos.