Entre Barquisimeto y Cabudare se encuentra una de la zonas agrícolas más hermosas del país, poblada según cuenta el Hermano Nectario María en su investigación La Fundación de Nueva Segovia, publicado en 1952, por grupos étnicos desde unos 6000 años antes de la llegada de los españoles y cultivada luego con orgullo y eficiencia por peninsulares y criollos al culminar la Guerra de Independencia. Hoy, más de 130 parcelas que dan trabajo directo a 500 personas, casi todos miembros de familias que llevan generaciones dedicadas al cultivo de la caña de azúcar, fueron sorprendidas al enterarse por un aviso publicado en el Diario Vea que existía un procedimiento de rescate contra sus propiedades, un mecanismo que no existe en la actual Constitución, pero sí en el proyecto desechado por la población venezolana el pasado mes de diciembre. Fuerzas militares intervinieron treinta predios, que suman alrededor de 2.400 hectáreas, todas en producción y cuando sus propietarios fueron al INTI, les explicaron que eran órdenes de Caracas. Introdujeron entonces un recurso de amparo ante el Tribunal Agrario en Barquisimeto, pues consideran que han sido violados derechos humanos fundamentales como el de la propiedad y el debido proceso.

La tradición de algunas de estas fincas se remonta al año 1830, pero el gobierno arguye que no conoce escrito alguno por medio del cual se desprende el Estado de esas tierras. Muy pocos registros conservan documentos capaces de mostrar una cadena titulativa tan extensa. Lo contaba el escritor barinés José León Tapia en su libro Por aquí pasó Zamora: la estrategia de los más radicales elementos de la Revolución Federal consistía en quemar los libros de los Registros a fin de eliminar cualquier huella, cualquier posible reclamo que impidiera el saqueo y la distribución de tierras entre los alzados. Diez mil hectáreas sembradas de caña en Yaracuy fueron destruidas por la misma insensatez política de crear conflictos, polarización y enfrentamientos, esa razón de ser, el alimento o fertilizante, nunca antes había sido tan exacta una metáfora agropecuaria, del proceso con miras a las elecciones del próximo noviembre.

La estatización de empresas eficientes y claves para el desarrollo nacional como la CANTV, Electricidad de Caracas, Lácteos Los Andes, fábricas de cemento y haciendas, le ha ocasionado al país un desembolso de más de siete mil millones de dólares sin crear un solo empleo. Si la razón para expropiar las cementeras era el desabastecimiento, hubiera sido más lógico fundar otras empresas, aún con ayuda iraní. Pero la estrategia no tiene racionalidad económica: forma parte de un proyecto político que ha llevado al país a alcanzar la escalofriante cifra de una deuda pública que supera los cien mil millones de dólares. Desafortunadamente, todo lo que tocan, se destruye, desaparece en las profundidades insondables del misterio fiscal, tal como ocurrió con el Central Azucarero Ezequiel Zamora o como el proyecto de otro Central en Cojedes, entregado a planificadores cubanos, que importaron chatarra y han gastado casi tres millardos en un relleno para el hueco donde decidieron construir, contra toda razón técnica, la propuesta industrial. Y para colmo, el financiamiento a los productores de caña se ha transformado en un instrumento de retaliación política. Tenemos venezolanos de primera, militares y chavistas sin experiencia agrícola y venezolanos de segunda, las generaciones de hombres del campo que han dedicado sus vidas y capital a un proyecto de país que se afinca alrededor del Río Turbio y que hoy peligra, ahogado por tristeza e impotencia, ante la demencia institucional.

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