Dos de los ámbitos en que puede observarse en toda su magnitud la hecatombe que significa el gobierno bolivariano es el de los servicios públicos en general y el de las empresas estatales.

El servicio público en nuestro país, como se sabe, va desde el otorgamiento de cédulas de identidad o pasaportes hasta la asistencia hospitalaria, los registros, la educación, el metro de Caracas y la telefonía en manos del Estado. Y en éstos y los demás, es lastimoso comprobar hoy que son prácticamente un desastre, una calamidad.

No hay oficina pública o taquilla que funcione medianamente bien. Se ha instalado en ellas un caos surrealista, que los males de anteriores administraciones se vuelven apenas insignificancias al lado del tormento que los ciudadanos estamos viviendo ahora.

Oficinas que mal que bien operaban satisfactoriamente, por obra y gracia de los caprichos de un ignorante improvisado o el establecimiento de criterios, reglamentos e instructivos a cual más irracional y absurdo, han devenido infiernos burocráticos que generan enormes costos adicionales a las personas naturales y empresas que deben realizar allí necesariamente trámites.

Desde las notarías y registros, pasando por Cadivi o una alcaldía, hasta el suministro de la luz eléctrica y el agua, todo es un fracaso y pérdida de tiempo precioso. No es casual que según los estándares internacionales nuestro país se ubique hoy entre los últimos de la lista en materia de permisería y competitividad.

No tienen los que gobiernan ni la más mínima idea de cómo resolver estos problemas. Los profesionales y técnicos con experiencia y que sabían su oficio han sido desplazados para colocar en sus puestos a funcionarios poco calificados o bisoños.

Es conocido el caso de una notaría, dirigida por la esposa de un alto magistrado, en la que se detectaron supuestos delitos. A los genios del ministerio respectivo no se les ocurrió otra cosa para solucionar el problema que cerrar la Notaría. No les pasó por la cabeza el perjuicio que podrían causarle a los ciudadanos que han autenticado documentos allí. En lugar de cambiar a los funcionarios y mantener la oficina abierta, sin más, la cierran, como si la oficina es la causa y no quienes la dirigen. Y el mismo proceder se ha observado en otras áreas de los servicios públicos, verbigracia, la de salud pública, la cual se pretende arreglar abandonando la infraestructura hospitalaria existente, y acometer otra, la de Barrio adentro, la que según el mismo gobierno está también en el suelo.

Cuando no es ésa la reacción, creen que con cambiarle la denominación al Ministerio o la oficina, hacer una nueva ley o crear una institución paralela con el adjetivo de socialista, van a corregir el problema mágicamente.

La otra salida que las mentes brillantes de estos sabios han parido es o estatizar o tomar posesión de los bienes privados que están cumpliendo cabalmente con su cometido. En tanto que extraordinarios destructores, son, obviamente, incapaces de construir nada bien, de allí que lo más fácil para ellos sea tomarse a la fuerza lo que los privados han logrado levantar durante años de trabajo e inversiones. Pero lo peor de todo es que al apropiarse de estos bienes, el destino seguro es su deterioro y consecuente destrucción. (textileras, papeleras, centrales azucareros, acereras, etc) Por otro lado, las empresas de producción en manos del Estado revolucionario han sido conducidas todas a la quiebra o están funcionando con pérdidas incalculables. PDVSA, Sidor, ALCASA, los bancos Industrial, del Pueblo y de la Mujer, y el Metro de Caracas, están en situaciones financieras y operativas deplorables. No se trata sólo del harakiri que nos estamos haciendo con cerrar el comercio con Colombia, es también el manejo gerencial funesto que padecen en estas empresas. Y ya todo el mundo hace apuestas acerca de cuándo quebrará el Banco de Venezuela o el Hilton de Margarita en manos de los incapaces que nos gobiernan.

El caso de las empresas de suministro de servicios de electricidad y agua son emblemáticos en este proceso de 11 años de demolición de las instituciones. Allí el desorden, la indolencia, la ausencia de gerencia y planificación, la falta de inversiones, el despilfarro y la corrupción son las notas más resaltantes de este mundo kafkiano.

Pero ante las fallas crecientes y advertidas hasta la saciedad ¿cual ha sido la respuesta del gobierno? Que nos medio bañemos o que no consumamos electricidad, todo lo contrario a lo que debería ser el desideratum de estas empresas, En lugar de poner a funcionar bien las empresas existentes, se crea un nuevo ministerio, y para remate, coloca al frente a alguien que no tiene ni una sola credencial profesional ni experiencia en el ramo, un improvisado más, lo que garantiza desde ahora el descalabro.

Este enorme desastre institucional y económico es atribuible exclusivamente a una demencia ideológica, que pretende hacernos creer que todo es culpa del imperialismo, el capitalismo, el fenómeno del El Niño o de nosotros los consumidores, y que ellos, con 11 años en el poder, por supuesto, nada tienen que ver.

Esta demencia fundamental les impide ver la realidad. A ello se suma una monumental ignorancia sobre los problemas, sus causas y correctivos. Sin conocimientos adecuados de cómo se administra, gerencia o planifica, la solución nunca vendrá de estos incompetentes.

Más temprano que tarde saldremos de este marasmo.

emilio.nouel@gmail.com

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