Caracas, Domingo, 20 de abril de 2014

Sección: Síntesis de Noticias - Economía

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Por la Ley de Timbre Fiscal

Desempleo, inflación y escasez se generarán en el estado Aragua

Nota de prensa

Jueves, 14 de junio de 2012

El presidente de Conindustria, Carlos Larrazábal González, expresó su preocupación ante la aplicación de esta nueva normativa que impone tasas hasta 30.000 veces por encima de las previstas en la anterior legislación, que ha generado fiscalizaciones y cierres de empresas por parte de la Gobernación







   Foto: Google

La aplicación de la nueva Ley de Timbres Fiscales en el estado Aragua está generando una gran preocupación entre los industriales y comerciantes de esa región, debido a la imposibilidad de soportar estos altos costos  y el consecuente cierre de empresas, lo que a su vez generará la pérdida de miles de empleos y el desabastecimiento de productos básicos.

 

Así lo señaló Carlos Larrazábal González, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales, Conindustria, durante una rueda de prensa en la cual estuvo acompañado por su homólogo del Consejo Nacional del Comercio  y  los Servicios (Consecomercio), Carlos Fernández; del presidente de la Cámara de Industriales del estado Aragua, Gonzalo Penagos; de la Cámara de Comercio e Industria de Aragua, Marisela Rojas, y del presidente ejecutivo de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), Juvenal Arveláez.

 

La reforma de la Ley de Timbres Fiscales exige pagos exorbitantes por la emisión de cualquier documento o trámite legal necesario para el normal funcionamiento de las empresas, tales como permiso de habitabilidad, uso conforme, licencia de actividades económicas y ficha catastral, otorgados por la alcaldía; conformidad sanitaria (expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Salud) y permiso de bomberos.

 

Es de destacar, además, que en los casos mencionados la gobernación de Aragua no presta la mayoría de estos servicios, sino que cobra por una estampilla o timbre que debe ser colocado en el documento a tramitar, por lo cual el valor de esta estampilla o timbre generalmente es de baja cuantía.

 

Por ejemplo resulta aun más injustificado que a una empresa pequeña o mediana se le pretenda cobrar hasta 758 salarios mínimos (Un millón trescientos cincuenta mil bolívares fuertes) por un permiso de bomberos, cuando en Carabobo se cancela el equivalente a la mitad de un salario mínimo (novecientos bolívares fuertes) y en el

 

 

 

 

 

 

 

estado Bolívar el equivalente a dos décimas de salarios mínimos (veintisiete bolívares fuertes), así como valores superiores en un 300.000% (un millón trescientos cincuenta mil bolívares fuertes) con respecto a los correspondientes por el permiso de uso conforme  en la Ley Nacional y otros estados como Bolívar, Carabobo y Miranda (cuatrocientos cincuenta bolívares fuertes), en todos los casos.

 

Para ser más específico, una pequeña empresa con un área de 5.000 metros cuadrados pagaba hasta el año 2009 Bs 45 por un permiso de bomberos y ahora con la reforma debe cancelar Bs. 225.000 (499.900% más); mientras que en el estado Miranda esa misma compañía paga Bs. 225  y en Carabobo llega a Bs. 900. Una empresa mediana con un área de 30.000 metros cuadrados pasó de  Bs. 45 en 2009 a Bs. 1.350.000 (3.000.000% más) por el mismo permiso de bomberos.

 

En el caso del permiso de conformidad sanitaria, el pago de una empresa pequeña se eleva de Bs. 900 en 2009 a Bs. 337.500 para este año (37.400% más), mientras que en estados como Carabobo la tarifa es de Bs. 900 y en Miranda es Bs. 270. Una compañía grande por ese mismo papel pagaba Bs. 900 en 2009 y ahora debe erogar Bs. 2.025.000 (225.000% más).

 

Igual sucede con otros trámites como la ficha catastral cuyo costo llega a incrementarse hasta 6.249.900% para una pequeña empresa y hasta en 37.500.000 para una grande; por el uso conforme se cancela hasta 49.900% más para una pequeña empresa y hasta 300.000% más para una grande y por la licencia de actividades económicas el incremento es hasta 63.900% más para la pequeña y de hasta 64.000% para una grande. Esto afecta también a los ciudadanos que vayan a gestionar una ficha catastral.

 

Larrazábal indicó que actualmente la gobernación se encuentra fiscalizando el cumplimiento de esta norma, ha cerrado empresas y amenaza con continuar esta práctica, incluso indefinidamente, contra las empresas que no han podido cumplir con los pagos respectivos, a pesar de que las organizaciones gremiales regionales han estado conversando desde hace  meses con los representantes de la Asamblea Legislativa y con el propio gobernador y se había acordado no proceder a aplicar sanciones hasta tanto las mesas de trabajo concluyeran su labor.

 

Acciones legales

 

La Cámara de Industriales de Aragua, y la Cámara de Comerciantes e Industriales ha estado participando en mesas de trabajo, junto con otros gremios empresariales y entes gubernamentales, a fin de analizar el impacto de los aranceles definidos por la reforma de la Ley de Timbres Fiscales del estado del mes de noviembre de 2011, donde –entre otras cosas- se vincula el cálculo de dicho tributo a los metros cuadrados de construcción o de terreno. En la primera semana de mayo, los gremios

 

 

 

 

 

 

se reunieron con el Ejecutivo Regional para revisar esto pero lamentablemente la propuesta de reforma no estaba acorde con el informe técnico planteado por las cámaras empresariales en marzo. A partir de allí, las cámaras siguen esperando una nueva convocatoria para buscar soluciones a este problema.

 

En los primeros días de junio, las empresas han recibido la visita de los fiscales del Servicio de Administración Tributaria del estado Aragua (Satar), en algunos casos por segunda vez, y esto ha generado multas. En marzo, ya se habían aplicado cierres temporales de algunas plantas, generando así retrasos considerables en la producción e incremento de los costos operativos de las compañías.

 

Esta situación, aunada a la cantidad de contribuciones fiscales y parafiscales que deben honrar las empresas tanto a nivel nacional, regional, como municipal, podría generar el cierre de muchas de estas unidades productivas, bien porque preferirán desplazarse hacia otros estados con menor carga impositiva o porque simplemente quedarán descapitalizadas y sin capacidad de seguir produciendo.

 

Asimismo traerá como consecuencia la pérdida de empleos y desabastecimiento de bienes y servicios, con un impacto significativo sobre los precios de dichos productos y sobre la inflación en el estado Aragua, que según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), es el tercer estado industrial del país, en el cual se encuentran 1.234 empresas manufactureras que generan 63.200 empleos directos.

 

Larrazábal puntualizó que el sector empresarial está analizando tomar acciones legales que permitan proteger a las empresas de los efectos de tan injusta medida que, por lo demás, va en contra de las intenciones manifestadas por el ministro Jorge Giordani y el presidente del BCV, Nelson Merentes, en cuanto a trabajar para derrotar la inflación e incrementar el empleo.

 

Por otra parte, de continuar estas medidas, dado que son tributos, afectarán las metas de recaudación del Seniat en el estado Aragua.

 

Finalmente, el máximo representante de Conindustria, junto con los representantes de Consecomercio, Cavidea, la Cámara de Industriales del estado Aragua y la Cámara de Comercio e Industria de Aragua, hizo un llamado a las autoridades de la gobernación de esa entidad para que reactiven las mesas de diálogo y suspendan la aplicación de la ley y los procedimientos de cierre, mientras se encuentra una solución para esta problemática que afecta la producción y comercialización de bienes y servicios en el país.


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