La polémica sobre el ingreso de Venezuela a MERCOSUR sigue abierta, y la aprobación del Protocolo de Adhesión parece postergarse aún más, particularmente, en el caso del Congreso brasileño. Incluso, el punto ha sido levantado en la actual campaña electoral argentina, debido a las repercusiones que han tenido allá las estatizaciones del gobierno venezolano por razones claramente ideológicas y no de utilidad pública, de varias empresas de ese país.

Así las cosas, valdría la pena preguntarse cómo va a lidiar el gobierno de Chávez con las disposiciones legales que forman parte del ordenamiento jurídico mercosuriano, y que apuntan a proteger y promocionar las inversiones originarias del bloque, si es su intención mantener una anacrónica visión estatista-colectivista de la economía y su oposición a la economía de mercado y el libre comercio. La misma pregunta deberían hacérsela, igualmente, los que tienen la responsabilidad de aprobar la adhesión del gobierno de Venezuela en los parlamentos: ¿cuales garantías de seguridad jurídica y respeto a la propiedad privada y a las inversiones le van a exigir al gobierno venezolano? .

El Protocolo de Colonia sobre Protección y Promoción recíproca de inversiones de MERCOSUR data de 1994. Su artículo 2 dispone que cada Parte Contratante promoverá las inversiones de las otras Partes Contratantes y las admitirá en su territorio de manera no menos favorable que a las inversiones de sus propios inversores o que a las inversiones realizadas por inversores de terceros Estados, sin perjuicio del derecho de cada Parte a mantener transitoriamente ciertas excepciones limitadas que correspondan a algún sector.

En tal sentido, los mercosurianos aseguran en todo momento un tratamiento justo y equitativo a las inversiones procedentes del bloque y “no perjudicarán su gestión, mantenimiento, uso, goce o disposición a través de medidas injustificadas o discriminatorias”.

Los Estados, también, deberán conceder plena protección legal a tales inversiones y no establecerán, en principio, requisitos de desempeño como condición para el establecimiento y la expansión de las inversiones, como por ejemplo, los relativos a compromisos de exportación, de adquisición de productos nacionales u otros similares.

En cuanto a las expropiaciones, el artículo 4 del protocolo establece, como principio, que los países miembros no podrán tomar medidas de nacionalización o expropiación contra inversiones provenientes de otro país miembro, a menos que sean adoptadas por razones de utilidad pública, sobre una base no discriminatoria y bajo el debido proceso legal. Disponje, igualmente que tales medidas serán acompañadas del pago de una compensación “previa, adecuada y efectiva”, la cual corresponderá al valor real que tenía la inversión inmediatamente antes del momento en que la decisión de expropiar haya sido anunciada legalmente, y generará intereses o se actualizará su valor hasta la fecha de su pago.

Dada la locura estatizante y el clima de acoso a la actividad privada que se vive en Venezuela ¿podrían sentirse estimulados o seguros los actuales y potenciales inversionistas de MERCOSUR o de cualquier otro país para traer su dinero en tales condiciones? Obviamente que no. Y si a ello le sumamos las decisiones que ha tomado el Tribunal Supremo de Justicia sobre la base de un concepto anacrónico de soberanía absoluta y en el sentido de no reconocer la aplicabilidad de los fallos de tribunales internacionales o de otros países, el cuadro para la inversión y los negocios internacionales del país no puede ser más contraproducente y desastroso; de allí que los parlamentos de MERCOSUR deban estar conscientes de las implicaciones de su decisión y vean más allá de las oportunidades coyunturales de colocar sus productos.

La demencia ideológica está llevando progresivamente al país a la debacle económica y al estallido social, todo lo cual ahuyenta a los negocios. Los que manejan las palancas del poder –lo he dicho otras veces- viven un mundo que ya no es o nunca fue, y no se han dado cuenta. Sus ideas no tienen ninguna pertinencia con el mundo interconectado e interdependiente de hoy. Su ignorancia y el resentimiento histórico que cargan a cuestas les impiden comprender los signos de los tiempos. Están condenados a un estrepitoso fracaso, no me queda la menor duda.

La mayoría de los venezolanos de hoy deseamos abrirnos al mundo, y en el comercio queremos tener socios confiables, seguros y permanentes, en un marco de relaciones equitativas y respetuosas. Así como no nos oponemos a ser miembros de MERCOSUR, tampoco de la Comunidad Andina o de un eventual Tratado de Libre comercio hemisférico. Lo que exigimos es que en cualquiera de estas iniciativas los distintos sectores del país sean consultados y las negociaciones se hagan con equipos idóneos que sepan defender nuestros intereses nacionales.

Esto es lo que deberían valorar los parlamentos a la hora de negociar con el gobierno actual de Venezuela.

emilio.nouel@gmail.com

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