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Crisis como arroz

Lunes, 9 de marzo de 2009

El problema no es el arroz saborizado que produce la Polar. El asunto es que no hay arroz, consecuencia de una política de control de precios que ha causado desabastecimiento. Algunos industriales están pagando por encima del precio regulado, y no sólo para darle un estímulo al sector primario, sino por una razón muy sencilla: de no hacerlo, no tendría materia prima con que trabajar ¿Cómo hace la industria para compensar ese pago adicional?: destinan una parte del arroz húmedo que sale de nuestros campos a la elaboración de un producto con precio regulado y compensan su flujo de caja ofreciendo al mercado variedades saborizadas, que requieren de otro tratamiento y pueden venderse un poco más caras. Las ganancias en un producto compensan las pérdidas en otro.

La única pregunta importante es por qué Chávez intervino las empresas Arroz Mary en Portuguesa y Primor en Calabozo, si tan sólo representan el 24% y el 8% respectivamente del mercado, y no tienen mayor incidencia en el abastecimiento de este componente fundamental de la dieta venezolana. El Gobierno sabe que la Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas (CASA) lidera el segmento arrocero, comercializando el 46% del consumo nacional, por medio de las redes de Mercal. Pero lo hace gracias a que sus ejecutivos, agricultores de maletín, importan grandes cantidades con dólares preferenciales. Hace menos de una década Venezuela exportaba anualmente 50.000 toneladas de arroz a Colombia; CASA importó el año pasado 228.306 toneladas, y sólo le compró 156.000 a los productores venezolanos.

Hay dos posibles respuestas a esta interrogante. Una, que los técnicos de los Ministerios del Poder Popular para la Alimentación, Agricultura y Tierra e Industria Ligeras y Comercio, no saben calcular los costos de producción de arroz y parecen no estar enterados que ningún agricultor va a sembrar, muchas veces hipotecando sus propiedades para acceder a los créditos, con un horizonte de pérdidas económicas claramente definido en el futuro. Esa es la respuesta más cómoda, la que menos preocupa: estamos en manos de burócratas incompetentes, que nunca han sido capaces de producir una sola lenteja y que se limitan a comprar en el exterior con la ayuda de CADIVI y a vender a buen precio en Mercal, con una buena comisión de por medio. Esa es la versión light. Pero hay otra explicación, más delicada: que nuestros burócratas lo hacen a propósito, que planificaron con lujo de detalle una estrategia diseñada para quebrar a los productores del campo; y saben perfectamente, gracias a la asistencia cubana y de marxistas criollos, que el control de precios es una forma eficiente de destruir al sector privado.

Los gremios sostienen que la producción de arroz es de 1.050.000 toneladas, pero el Gobierno insiste en que la cosecha llega a las 1.400.000. Si la versión oficial fuera cierta, no tendríamos entonces razón para importar. La diferencia podría tener otra explicación: un pequeño subsidio que da el gobierno, pagado a cientos de miles de toneladas que no existen. La única manera de garantizar la seguridad agroalimentaria de nuestro país pasa por la vía del diálogo. Los productores siempre han estado dispuestos a sentarse con el Gobierno a fin de analizar los costos de producción en todos los eslabones de la cadena alimentaria, de abajo hacia arriba. Sin ese diálogo, sin ese acercamiento franco, honesto, duro quizás, pero productivo, no tendremos arroz a largo plazo en los anaqueles de los mercados. Pero si las amenazas de expropiación están motivadas por la ideología, nos enfrentamos a un Gobierno determinado a acabar con la empresa privada, en franca violación de la Constitución.

aracal@gmail.com