Muchos comentarios, opiniones e hipótesis han surgido para explicar los atrasos registrados en los parlamentos de Brasil y Paraguay para la aprobación del Protocolo de Adhesión de Venezuela al Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el cual fuese suscrito en Caracas, el 4 de julio de 2006. El no perfeccionamiento de la incorporación venezolana a ese proceso subregional de integración, nos motivan a reflexionar entorno a las causas que efectivamente justifican esos atrasos y las consecuencias que el mismo está acarreando sobre el proceso de integración regional, en general, y del suramericano, en particular.

Desde el mismo momento de la suscripción del Protocolo de Adhesión se conocían las dificultades que se enfrentarían en los Congresos brasilero y paraguayo para alcanzar una sanción favorable del citado instrumento. En el caso de Brasil, el Gobierno de Luis Inacio Lula da Silva solo ha contado con mayorías circunstanciales en función de las alianzas concretadas por su partido (de los trabajadores, PT) con los bloques constituidos, separadamente, por los partidos PSDB, liderado por el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, y el PMDB, encabezado por el también ex presidente José Sarney, quien en la actualidad ejerce la Presidencia de la Cámara de Senadores, opositores ambos al ingreso de Venezuela. En virtud de las alianzas hechas a lo largo del año pasado es que se concretó la aprobación tanto en las comisiones como en la plenaria de la Cámara de Diputados quedando pendiente, entonces, la sanción en las distintas instancias senatoriales. Al asumir la Presidencia del Senado, Sarney manifestó que actuaría conforme a la disposición de la mayoría, en tanto que Cardoso anunció recientemente su disposición de apoyar la incorporación venezolana.

A las dificultades derivadas de la precariedad de esas alianzas, deben tenerse en cuenta, en primer término, las necesidades emergentes de la propia dinámica de la política que condicionan las agendas legislativas, en la mayoría de los casos, a solicitud del Ejecutivo. En ese marco se inscribió, por ejemplo, la necesidad de someter a consideración del Congreso algunas modificaciones tributarias que planteara el Gobierno Nacional hacia fines de 2007 cuyo tratamiento insumió buena parte del primer semestre de 2008 atrasando, entre otros temas, el relativo a la adhesión de Venezuela al MERCOSUR. En segundo lugar, no debemos olvidar los problemas que surgieron a raíz de algunos comentarios hechos por el Presidente Chávez respecto a la dilación del Congreso de Brasil en el análisis de esa materia. Sería ingenuo pensar que esos comentarios no afectaron los lapsos para el tratamiento del tema.

En el Congreso paraguayo, el tránsito ha sido más lento. Durante su Gobierno, el ex presidente Nicanor Duarte Frutos no solo que nunca logró agrupar mayoría entorno a sus iniciativas, sino que por razones relacionadas con los problemas internos que vivió su partido (Colorado), la correlación de fuerzas en el legislativo le fue totalmente adversa los dos últimos años de su mandato. Por su parte, el Presidente Fernando Lugo, tampoco ha podido alcanzar una mayoría estable en el Congreso, a lo cual se añade la omisión en que incurriera el Ejecutivo de no remitir para conocimiento del parlamento una serie de memoranda de entendimiento suscritos, justamente, con el Gobierno de Venezuela en ocasión de su toma de posesión en agosto del año pasado. No obstante que esos memoranda no requieren de sanción aprobatoria, motivaron severas críticas al Ejecutivo, por cuanto los compromisos contemplados en los mismos, aparentemente, debieron ser adquiridos bajo la modalidad jurídica que caracteriza a los acuerdos bilaterales, cuya vigencia exige aprobación parlamentaria.

A estos problemas se han agregado las opiniones emitidas por actores políticos –extranjeros y venezolanos- respecto a una supuesta violación por parte del Gobierno venezolano del compromiso por la democracia en el MERCOSUR, Bolivia y Chile contenido en el Protocolo de Ushuaia. Obviamente, que nada más lejano de la realidad que ese argumento, por cuanto en el país no se ha producido una ruptura del orden democrático. Por lo demás, a lo largo de la última década, el único quiebre institucional se produjo en abril de 2002 como consecuencia, precisamente, de las acciones desplegadas por actores políticos venezolanos que son los mismos que ahora invocan la aplicación de este Protocolo. Lo más paradójico de esta situación es que nunca pudieron esgrimir algún argumento político o técnico que justificara su oposición al ingreso del país al MERCOSUR, sino que su actitud solo les ha sido útil para poner al descubierto su apuesta a un fracaso de la política exterior del Presidente Chávez, es decir, de Venezuela echando mano a un instrumento que desconocen o tergiversando su texto para manipular la opinión pública nacional e internacional, con el fin de justificar más que el diferimiento, propiciar una eventual negativa para la incorporación venezolana al bloque subregional.

Tal vez, la postergación podría encontrar explicación en el retraso registrado para la culminación de las tareas encomendadas al Grupo de Trabajo creado al amparo del Artículo 11 del Protocolo de Adhesión. A pesar de no disponer información precisa acerca de la evolución reciente de las acciones desplegadas por ese Grupo, el Gobierno de Venezuela procedió a conceder la liberación plena a un grupo de productos de significativa importancia para Uruguay y en el transcurso de la semana pasada, alcanzó un acuerdo similar con las autoridades competentes de Paraguay. Es presumible que debe haberse adelantado las negociaciones con Argentina y Brasil para atender el compromiso pautado en el Artículo 5 del instrumento mencionado relativo a la apertura plena de los mercados en los años 2010 a favor de Venezuela y 2012 a favor de las exportaciones argentinas y brasileñas. En la misma línea, también es esperable que se hayan determinado las condiciones de adhesión de Venezuela a los acuerdos suscritos por los Estados Parte del MERCOSUR con terceros países.

Ahora bien, independientemente del curso de acción de ese Grupo encargado de los aspectos técnicos, no puede perderse de vista que la incorporación de Venezuela es un hecho eminentemente político. Por supuesto que las dilaciones han abierto la posibilidad para que surja un sinfín de comentarios y especulaciones para explicar la actitud de los congresos de Brasil y de Paraguay. No cabría duda que una negativa por parte de alguno de ellos se constituiría en un fracaso para la política exterior venezolana, aunque lo sería más para esos poderes legislativos que pondrían en evidencia una gran miopía política que únicamente se explicaría por el afán de anteponer visiones y preferencias personales ante circunstancias históricas de gran envergadura política. Un resultado en ese sentido es interpretable, fundamentalmente, como un rechazo a la gestión del Presidente Hugo Chávez en detrimento de los intereses del estado venezolano y de los países miembros del MERCOSUR, lo cual pondría en entredicho no solo la actuación de uno o de los dos legislativos, especialmente, cuando el PARLASUR (Parlamento de MERCOSUR) bajo la Presidencia de un Senador paraguayo de oposición, que con su voto contribuyó a la abrumadora mayoría que acaba de apoyar el ingreso venezolano.

Desde el punto de vista de la integración regional, el MERCOSUR no solo perdería la oportunidad de acceder en condiciones muy favorables a un mercado económicamente muy atractivo, sino de incorporar a un país que actuaría como equilibrio entre los de mayor y de menor desarrollo económico relativo que lo fundaron, a la par que estaría desperdiciando la oportunidad contar con un balcón privilegiado en el Caribe que aporta condiciones invalorables para ingresar a los mercados de Norte y Centroamérica. De igual manera, se estaría colocando un obstáculo difícil de superar para conceder coherencia a la conformación de UNASUR, cuya expresión comercial es el MERCOSUR, al negársele la vinculación a un país que, en gran medida, ha estructurado su política exterior con base en la unidad suramericana.

Cabría, por último, considerar la actitud que asumiría el Gobierno venezolano en el caso que se continúe postergando la incorporación del país al proceso subregional. Si bien en el mundo diplomático las indefiniciones son interpretadas, generalmente, como una negativa, también es cierto que las autoridades venezolanas han demostrado poseer plena consciencia y mucha paciencia para enfrentar los efectos de la campaña mediática emprendida en la región para tergiversar su gestión que, sin duda alguna, está influyendo sobre la situación acá comentada. Estas razones, aunadas a las de carácter geopolítico que en su momento justificaron la solicitud de ingreso al MERCOSUR, nos llevan a pensar en las pocas posibilidades que tendría un retiro unilateral de la misma, la cual fuese expresada en alguna oportunidad por el Presidente Chávez. Si por el contrario, esa hipótesis se hiciese realidad, los esfuerzos integracionistas venezolanos se orientarían hacia la expansión y consolidación del ALBA y PETROCARIBE, así como hacia la profundización de los acuerdos bilaterales que tiene en vigencia con la casi totalidad de los países de América Latina y el Caribe.

Habrá que esperar la evolución de los acontecimientos, porque cualquier pronóstico únicamente tendría un carácter especulativo que, de seguro, no resistirá ningún test de consistencia. De lo que sí estamos seguros es que en cualquier escenario, el Gobierno de Venezuela seguirá desarrollando sus políticas en procura de la unidad de las grandes mayorías de las poblaciones de la región, bien sea desde algún esquema formal de integración o por fuera del mismo. Este es un principio rector de la Revolución Bolivariana que fundamenta un objetivo irrenunciable e innegociable, cual es el de la construcción de la Patria Grande.

jfrojas@rg-biz.com

Todo sobre nuestro columnista: Juan Francisco Rojas Penso