Las recientes decisiones de estatalizar empresas, de confiscar fundos, de captar y utilizar fondos públicos por vías amañadas sin ningún tipo de regulación y control, y muchas otras sólo acarrearán altos costos, ineficiencia, restricción productiva, escasez, atropello de derechos fundamentales, inflación, menor inversión y otras consecuencias negativas. Con estas iniciativas se está ratificando el empeño gubernamental de imponernos un sistema socialista caduco y fracasado, del que todos los países que lo han implantado se han apartado o lo están haciendo, y que fue rechazado en el referéndum del dos de diciembre pasado.

La decisión de estatalizar las empresas cementeras se basó en una serie de premisas falsas y engañosas. Se adujo que, además de razones estratégicas (?), éstas tenían que pasar a manos del Estado porque estaban causando desabastecimiento en el mercado interno, ya que exportaban gran parte de su producción en vez de canalizarla a la satisfacción de la creciente demanda local. Eso no es cierto. Dos de las tres empresas afectadas destinan desde hace un buen tiempo la totalidad de su producción al mercado doméstico, y las exportaciones realizadas por la tercera representaban un porcentaje marginal de sus ventas. Igualmente, la capacidad de producción de estas tres organizaciones excede a las necesidades del mercado interno, y las situaciones de escasez al detal que se presentaron no fueron responsabilidad de las empresas productoras, sino que se debieron a problemas de transporte y de distribución. Tampoco es cierto que esas corporaciones formaron un cartel con el fin de abultar sus precios. De hecho, el cemento ha estado regulado por mucho tiempo, y en más de una ocasión en el pasado se han producido guerras de precios debido a la alta competencia que entre ellas existe. Finalmente, carece de sentido el argumento de que con esa estatalización se pretende enmendar el daño que se le hizo a la nación al ser privatizadas éstas a unos precios irrisorios, ya que ninguna de estas tres empresas ha pertenecido al Estado y, en consecuencia, nunca han sido privatizadas.

Continúan los ataques contra los fundos privados en plena producción, aduciéndose razones sin fundamento, como la ociosidad de la tierra o su uso para el desarrollo de cultivos que, según el Estado, no son los apropiados. También se alega que la legitimidad de la propiedad tiene que ser probada, cuestionándose en algunos casos la veracidad de la documentación presentada, o desconociéndose el derecho de propiedad por usucapión por haber sido poseídas y desarrolladas esas tierras durante varias décadas por quienes hoy las ocupan. A cambio, el gobierno anuncia que esos terrenos pasarán a ser explotados por agrupaciones socialistas como cooperativas o fundos zamoranos, que hasta ahora han fracasado en su gestión. En otras palabras, se substituyen entidades productivas eficientes por otras que no han probado su funcionalidad y viabilidad.

Después de anunciarse la creación de un impuesto a las ganancias súbitas para asegurar que el grueso de las utilidades adicionales percibidas por las compañías petroleras debido a aumentos abruptos de los precios le queden al fisco, lo cual es lógico y defendible, se distorsionó la idea. El tributo fue convertido en una contribución especial con el fin de asegurar la canalización de esos recursos hacia el Fonden, el cual es administrado directamente por el Ejecutivo, sin controles ni rendición de cuentas, con el fin de financiar gasto corriente, en vez de ser ahorrados para cuando se vivan situaciones menos favorables. De hecho, el presidente Chávez anuncio que esos fondos serán utilizados en la formación de las organizaciones comunales, que fueron planteadas como parte de la nueva geometría del poder incluida en la rechazada reforma constitucional de 2007.

Parece que la voluntad popular no tiene que respetarse cuando la misma no es favorable a los planteamientos gubernamentales. ¿Será que el pueblo soberano tan sólo está formado por los venezolanos que apoyan al gobierno?

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