Caracas, Jueves, 24 de abril de 2014

Sección: Enfoque Económico

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La Academia Nacional de Ciencias Económicas fija posición a las:

Reforma de la Ley del Banco Central de Venezuela

La Academia Nacional de Ciencias Económicas

Domingo, 23 de mayo de 2010

La doctrina económica que hoy prevalece universalmente sostiene que la autonomía de los bancos centrales es una condición fundamental para alcanzar la estabilidad de los precios, ajustar la economía ante los movimientos cíclicos y minimizar los riesgos vinculados a la volatilidad del sistema financiero, factores que, a su vez, contribuyen positivamente al crecimiento económico y al bienestar social.

Igualmente, existe un amplio consenso acerca de una serie de principios relacionados con el diseño y la gestión de los bancos centrales, entre los que destacan:

* Deben tener claramente definidos sus objetivos, poseer suficiente autoridad para alcanzarlos y ser autónomos en sus decisiones.

* Una de sus principales responsabilidades es lograr la estabilidad de los precios, para lo cual es necesario establecer fuertes restricciones que impidan los préstamos directos de los bancos centrales a los gobiernos.

* Es necesario asegurar que los gobiernos no se involucren en la definición y aprobación de la política monetaria.

Algunos de estos principios fueron recogidos en el texto de la Constitución venezolana vigente, donde se le da rango constitucional a la autonomía del Banco Central de Venezuela para alcanzar su objetivo fundamental: estabilizar el nivel de precios para preservar el valor de la moneda. Además, se le define como un ente independiente del Gobierno, prohibiéndosele explicita y taxativamente financiar o convalidar políticas fiscales deficitarias y emitir dinero sin respaldo.

Sin embargo, desde el año 2005, la Ley del Banco Central de Venezuela ha sido sometida a una serie de profundas y extendidas reformas, modificando sustancialmente la naturaleza de ese ente como institución encargada de la emisión monetaria y de la definición y gestión de la política monetaria, así como de la ejecución de la política cambiaria. En julio de ese año, se creó la figura del “nivel adecuado de reservas internacionales” con el objeto de permitir la transferencia de recursos supuestamente “excedentarios” en divisas, sin contrapartida alguna, a entes del Gobierno para el financiamiento de gasto público. Esto, además de descapitalizar al BCV, debilita la gestión de la política monetaria y cambiaria al reducir el control del instituto emisor sobre las reservas internacionales del país, y genera un mecanismo que permite el financiamiento al Gobierno mediante la emisión monetaria sin respaldo.

La segunda reforma se promulgó en noviembre de 2009, autorizándose al Banco Central a otorgar créditos, sin límite de plazo, respaldados con títulos emitidos por la República o por empresas e institutos del Estado, y a dar financiamiento a los sectores que el Gobierno considere estratégicos. Además, el BCV puede ahora descontar y redescontar sin límites títulos emitidos por el Gobierno que estén en poder de la banca, y se le conmina a adquirir directamente papeles emitidos por otros entes públicos.

La tercera reforma a la Ley que rige al instituto emisor se promulgó en abril de 2010, redefiniéndose sus objetivos y diluyéndose sus responsabilidades, con lo cual se debilita y dificulta la gestión de la política monetaria. Se eliminó la restricción que impedía al ministro que maneja las finanzas públicas intervenir en las decisiones del BCV, y se amplió aún más la capacidad del ente emisor para otorgar créditos al sistema financiero. Adicionalmente, se hizo aún más laxo el criterio para la determinación de las reservas internacionales excedentes, se permitió la emisión de nuevas especies monetarias que circularán paralelamente al dinero emitido por el BCV, y se le asignaron nuevas responsabilidades en materia de control de los sistemas de pagos.

En opinión de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, este conjunto de reformas apunta en una dirección opuesta a la trazada por los principios universalmente aceptados en materia de banca central, e incluso a la establecida en el texto constitucional. La multiplicidad de objetivos que se le están asignando al ente emisor, muchos de ellos incompatibles entre sí, inciden negativamente sobre la eficiencia de su gestión, desviando su atención de la consecución de lo que se supone debería ser el centro de sus acciones: la estabilización de los precios internos y del valor externo de la moneda.

Alertamos que, de no corregirse estas distorsiones en el marco legal e institucional, los desequilibrios monetarios de carácter estructural que afectan a la economía venezolana se profundizarán inevitablemente, arriesgando en forma considerable la calidad de vida de todos los venezolanos, al crear las condiciones propicias para la materialización de fenómenos inflacionarios galopantes, similares a los sufridos en décadas pasadas por varios países hermanos, que tanta penuria y desgracia ocasionaron a sus ciudadanos.

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