Todos los servicios de red requieren de gastos y costos de mantenimiento y de servicios, así como de inversiones en infraestructura. Si se pretende brindar la posibilidad de acceso a servicios públicos de red, dado un crecimiento vegetativo de la población, así como un eventual crecimiento en la demanda o requerimientos de los servicios públicos de red, se requiere de la realización de inversiones en infraestructura, expandiendo la capacidad en la prestación de los servicios públicos de red, permitiendo la incorporación de nueva demanda.

Así las cosas, la inversión en infraestructura, para expandir la capacidad instalada y de oferta de los servicios de red, constituye la solución y política atinada, una vez que se prevé crecimiento en la demanda de cualquier servicio público de red.

En el caso venezolano, según las propias palabras del Ejecutivo Nacional, las labores de mantenimiento y de inversión en infraestructura no fueron acometidas. Es así como una infraestructura no solo en estancamiento, sino incluso en merma dada la ausencia de mantenimiento, luce y resulta insuficiente para una demanda creciente de energía en el país, a pesar que el crecimiento de la demanda industrial debió estar muy por debajo de su potencial, dado el estancamiento, ralentización e incluso decrecimiento de la actividad económica, manufacturera e industrial en el país a lo largo de los últimos dos años.

De esta manera, nos encontramos con una infraestructura saturada o insuficiente para los requerimientos de la población venezolana. El Ejecutivo ha anunciado un cambio tarifario para ajustar la demanda de energía a la oferta dada de infraestructura y a la capacidad generadora y distributiva del sistema eléctrico nacional. Aun cuando una vez que la infraestructura se encuentra saturada resulta de último recurso los ajustas tarifarios que consideren e imputen costos de congestión, obviamente constituye un último recurso que no tuvo porque ser utilizado si las acometidas de inversión y mantenimiento se hubieran realizado. El problema al que se enfrenta una política como la anterior, en el caso actual venezolano, es que ya la actividad económica se encuentra deprimida y en pleno descenso, por lo que aumentos de tarifas sobre aquellos desarrollan actividades económicas, productivas, de servicios y comerciales, pudiera profundizar la recesión de la economía venezolana.

Tal esquema tarifario aumentado no parece ponderar el hecho denunciado por los propios trabajadores del sector, sobre la toma informal e ilegal de energía eléctrica y su eventual peso relativo significativo sobre la demanda total de energía eléctrica en Venezuela. Visiones cortoplacistas basadas exclusivamente en el resguardo de objetivos redistribución y de subsidios cruzados, poseen efectos limitados y en ocasiones resultados ineficientes. El sacrificio de objetivos de eficiencia en los mercados por objetivos de redistribución constituye un enorme error, toda vez que ambos objetivos regulatorios no son excluyentes entre sí. Sin embargo, dado a escoger entre ambos objetivos, el Ejecutivo siempre se ha inclinado por el segundo, sacrificando la eficiencia dinámica de las actividades económicas sobre las cuales actúa, condenando en el mediano plazo al país a una merma en el nivel de actividad económica y por tanto en la capacidad generadora de riqueza y de bienestar de la economía.

Finalmente, todos los esfuerzos que se anuncian sobre nuevas inversiones en ampliación de la infraestructura de generación de energía eléctrica surtirán efectos en el mediano y largo plazo. El ciclo político del gasto corriente versus la inversión necesaria y productiva ha jugado en esta ocasión en contra de una gestión de Gobierno que se enfrenta a un año preelectoral para el Legislativo y unas presidenciales dentro de tres años. La escusa de achacar a los Gobiernos anteriores no solo resulta pobre, sino que podría revertirse. Gracias a los Gobiernos anteriores tenemos obras como el Gurí, en su momento ícono de la ingeniería civil mundial, incluso hoy sigue siendo una referencia internacional.

Economista UCV. Master en Regulación Económica, BGSE. Master en Economía Industrial, Universidad Carlos III de Madrid. Especialización en Economía del Sector Energía, Universidad Carlos III de Madrid.

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