El pensamiento totalitario colectivista es una demencia ideológica que llevado a la práctica tiene resultados sociales letales.

Si a aquel le agregamos la ignorancia y la mediocridad de sus ejecutores, cuando éstos son gobierno, obtendremos, con seguridad, sistemas políticos y económicos desastrosos para los ciudadanos, las empresas y las instituciones de un país.

La experiencia histórica lo enseña con su reiteración dramática.

Basta revisar los resultados demoledores de los distintos modelos de estatismo y colectivismo que en el mundo han sido implantados, tanto los inspirados en ideologías totalitarias como los moderados, para no querer repetirlos.

Sin embargo, y a pesar de aquella experiencia concluyente, estamos presenciando en Venezuela uno de los procesos más regresivos en materia económica y política de que se tenga noticia, todo dentro de un marco de altos ingresos petroleros.

Pareciera que todos los avances logrados por la reflexión de la ciencia económica internacional y nacional sobre los distintos experimentos estatizantes vividos no tuvieran importancia alguna para el gobierno venezolano a la hora de diseñar políticas y normas jurídicas.

Los gobernantes venezolanos lucen como zombis surgidos de las catacumbas de un marxismo anacrónico y fracasado, que probó ser una gran estafa política y un infierno social. Definitivamente, y lo repetimos una vez más, estos dirigentes viven un mundo que ya no es, y no alcanzan a comprender al que tienen enfrente.

El paquete de leyes que acaba de ser aprobado entre gallos y media noche, sin consultar a los distintos sectores afectados, como lo manda la Constitución Nacional, es el mejor ejemplo del desvarío ideológico que cometamos.

Un examen somero de las que regulan ciertas actividades económicas, más las que ya están vigentes, conduce a una funesta conclusión: la economía privada va hacia un desastre a corto y/o mediano plazo. Y, de paso, las instituciones estatales a cuya cabeza está la flor y la nata de la mediocridad y la estulticia, también.

El proceso perverso que han desencadenado persigue establecer un control absolutista por arriba y una anarquía por debajo. Centraliza todo en el gobierno central, despojando a las instancias estadales y municipales de la administración de los servicios de mayor relevancia, y por debajo confiere a entelequias, como los consejos comunales, competencias para las cuales no están capacitadas, ni deberían estarlo, renunciando el Estado al rol que le corresponde como institución administradora de gobierno.

Estamos conscientes de que en el ámbito económico se está en mora con algunas regulaciones, pero éstas no son las que estamos viendo concretarse. Los cambios que se requieren deben apuntar a la modernización, al estímulo de la actividad productiva privada, la promoción de las inversiones nacionales y extranjeras, la creación de nuevos fuentes de empleo y la protección de la competencia y de los consumidores.

Las erradas políticas económicas, las estatizaciones, el colectivismo y gran parte de las leyes recientemente aprobadas generarán distorsiones económicas serias, desincentivarán y expulsarán las inversiones nuevas y viejas, fomentarán la corrupción, aumentarán el desabastecimiento de productos y dispararán la inflación, lo que traerá una alta conflictividad social, que ya está en ascenso.

Estoy convencido de que la estructura estatal quebrantada y caótica que tenemos no podrá lidiar con los desafíos que las circunstancias demandan. Los funcionarios que la dirigen ni siquiera serán capaces de aplicar las leyes disparatadas que producen. El proceso de des-institucionalización y deterioro de la calidad de la gerencia pública que ha propiciado el gobierno nacional será cuchillo para su propio pescuezo, y eso no se solucionará con soluciones de populismo demagógico como los Consejos comunales.

No obstante, el daño económico que la chapuza gubernamental causará a los ciudadanos, sobre todo los más pobres, y a las empresas, será irreparable.

A los demócratas no nos queda otra que luchar sin pausa por lograr espacios de poder en la sociedad y las instituciones políticas. Sólo triunfos sostenidos en estos campos nos permitirán ir haciendo contrapeso al autoritarismo militarista que pretende acorralarnos en una economía dependiente del Estado, sin libertades y en una sociedad en que los venezolanos seamos anulados en nuestra individualidad. El totalitarismo de nuevo cuño debe ser frenado.

Es imperativo político y moral derrotar, con la movilización ciudadana y el voto, estas pretensiones siniestras de imponer por medio de artificios legales ilegítimos y tramposos unas propuestas políticas y económicas que fueron repudiadas por la mayoría del país en diciembre pasado.

EMILIO NOUEL V.

emilio.nouel@gmail.com