Generalmente la gente piensa que la mala praxis sólo involucra a los profesionales de la medicina. Los principios que se aplican para el reclamo de responsabilidad pueden extenderse a cualquier otro medio, ya que son los que configuran el hecho ilícito; esto es, que todo individuo que cause un daño —por acción, omisión, impericia, negligencia— está obligado a indemnizar a la víctima del mismo.

Los bancos de inversión son institutos que, a cambio de la remuneración que reciben, ofrecen su pericia en colocar —en la forma más segura y productiva— los fondos que les confían sus clientes. Debe, por tanto, suponerse en ellos suficientes conocimientos, experiencia y prudencia para el mejor cumplimiento de su cometido. No podría pretenderse que respondan de pérdidas causadas por las fluctuaciones normales de las bolsas, ni de las originadas por la quiebra imprevisible de alguna empresa. Pero existen casos que por su naturaleza exigen consideraciones diferentes.

Tal el escandaloso fraude del banquero Bernard Madoff, que ha sido develado y que es hoy conocido por todo el mundo, tanto en lo que se refiere a su concepción como a su forma de ejecución. Un delito que ha ocasionado pérdidas inconmensurables a los más prestigiosos bancos del planeta y que ha llevado a la ruina total y a la desesperación a muchas de las personas cuyos fondos habían sido invertidos por aquéllos. ¿A quiénes culpar de semejante desgracia?

Los bancos de inversión no pueden eludir su responsabilidad por mala praxis. Su proclamada pericia y conocimientos históricos acerca del comportamiento de los mercados, les ha debido advertir que algo extraño estaba ocurriendo para que un solo banquero pudiera ofrecer permanentemente tasas de interés tan elevadas y en completa discrepancia con las corrientes en el campo financiero.

Asimismo existe una responsabilidad administrativa del Estado. No es posible admitir que una de sus agencias más especializada y que siempre había sido reconocida por su severidad y competencia, haya podido dejar de percibir las particularidades de una situación cuyos síntomas de anormalidad le debían parecer evidentes. No hay duda que hubo omisión o negligencia de parte de la Securities and Exchange Commission (SEC).

¿Cuál ha sido la respuesta de los responsables? Sólo el banco Santander ha ofrecido una compensación a sus clientes que perdieron su dinero en la inversión que aquél les había aconsejado. Ningún otro —que yo sepa— ha asumido su indiscutible responsabilidad.

¿Cómo ha procedido el gobierno de los Estados Unidos? Ha presupuestado la enorme suma de 787.000 millones de dólares para salvar de la quiebra a sus principales bancos de inversión. No es criticable esta medida, porque la desaparición de cualquier empresa mercantil no solo constituye un grave daño para la economía en general, sino que también perjudica directamente a quienes son sus acreedores, clientes, proveedores y demás relacionados con sus actividades. Pero por qué no se ha pensado que con agregar unos 250.000 millones más, se atendería el justo reclamo de las víctimas, entre las cuales se encuentran muchos de los integrantes de las capas económicamente más débiles de la población. Si así se procediere —y ojalá esta exhortación sea oída— se mantendría el prestigio de la nación americana y se realizaría un acto de justicia elemental.