Durante los últimos meses, ha habido ataques muy severos contra la propiedad privada en Venezuela. Estas agresiones tienen diversas modalidades: La que pasa más desapercibida, por ser aparentemente legal, es el control de precios, que obliga a los empresarios a vender sus productos por debajo de costo de producción. Aunque las empresas grandes pueden palear la medida, compensando las pérdidas con la venta de bienes no controlados, los pequeños empresarios se ven obligados a cerrar. De hecho, durante los diez años que lleva Chávez gobernando, han cerrado el 45 por ciento de las industrias.

El segundo ataque contra la propiedad proviene del crimen organizado, entre los que se destaca la guerrilla colombiana, que opera impunemente en las zonas fronterizas de Apure, Barinas, Táchira y Zulia. Como es sabido, Chávez mantiene una cercanía ideológica con las FARC, e incluso guardó públicamente un minuto de silencio luego de la muerte de Raúl Reyes, por lo que muchos venezolanos aseguran que existe complicidad entre gobierno y guerrilla.

La tercera modalidad es la invasión de tierras productivas e, incluso, de edificios de apartamentos, auspiciadas y amparadas por sectores oficialistas. Los propietarios acuden a la Ley, pero aunque los jueces dictaminen a su favor, los cuerpos de seguridad del Estado no se atreven a desalojar a los invasores. Chávez se ha manifestado públicamente -sobre todo durante las últimas semanas- en contra de la propiedad privada.

El cuarto esquema de agresión consiste en no pagar a las contratistas del Estado, llevándolos a la quiebra. Existe una crisis de pago en el sector petrolero, eléctrico, infraestructura, alimenticio, y en general todas las empresas que requieran de divisas extranjeras para operar. Es vox populi que, con la baja del precio del petróleo y los compromisos políticos internacionales, el gobierno venezolano carece de dólares para enfrentar sus obligaciones.

La quinta forma de atentar contra la propiedad consiste en las expropiaciones y confiscaciones. La diferencia entre una y otra está en que las primeras se pagan y las segundas no. Pero en Venezuela no está clara la diferencia, porque en muchas de las expropiaciones, el pago es tardío, dudoso y, aún en caso positivo, se cancela con papeles estatales devaluados.

El gobierno de Chávez ha confiscado empresas del sector cementero, alimenticio, metalúrgico, comunicacional, por mencionar unos cuantos; pero en las últimas semanas el gobierno se ha ensañado contra las contratistas petroleras, particularmente 76 de ellas, ubicadas en la Zona Oriental del lago de Maracaibo (Cabimas, Ciudad Ojeda, Bachaquero y Mene Grande).

Aunque el gobierno dice que son expropiaciones, la forma militar y agresiva como se tomaron las instalaciones, así como las promesas de pago poco claras, indica que, de hecho, se trata de confiscaciones. Todo lo cual, al momento de escribir estas líneas, está generando una crisis social en la zona, debido que la medida ha producido alrededor de 20 mil nuevos desempleados.

La industria petrolera venezolana sufre una pérdida incalculable con las confiscaciones en el Zulia, porque se trata de empresas que durante 60 años desarrollaron una gran capacidad tecnológica, convirtiéndose en realidad en compañías de ingeniería de punta, capaces de diseñar estaciones petroleras y construir refinerías. El valor principal de estas empresas no son los multimillonarios activos materiales incautados, sino el conocimiento y la experiencia, que ahora ha quedado irremediablemente perdidos.

El ataque a la propiedad privada tiene un móvil político. El gobierno de Chávez sabe bien que el desplome del precio del petróleo le origina en el corto plazo una crisis presupuestaria y, como consecuencia, una crisis de gobernabilidad. El oficialismo cree -equivocadamente- que controlando los medios de producción podrá salir adelante, sin percatarse que está echándole leña al fuego, porque las empresas confiscadas no aumentan su producción sino que, por el contrario, se vienen abajo. Este es un claro ejemplo de cómo el socialismo marxista actúa como venda en los ojos, que impide ver los aspectos más simples de la realidad.

Las agresiones contra el empresariado venezolano coinciden con la feroz persecución hacia los adversarios políticos del gobierno. Chávez quiere acabar con toda forma de disidencia para así poder reprimir con mano de hierro -y sin oposición política- las protestas de orden social y económico que se avecinan.