Utilicemos un palabra menos agresiva que la expropiación y supongamos que la confiscación de predios obedece a la determinación de mejorar nuestra calidad de vida. La lógica detrás de un proceso de intervención de fincas debería estar regida por criterios de productividad y supondría tomar en cuenta el contexto social de la finca, estemos hablando de un cultivo hidropónico o de arroz. Expropiar tierras que están siendo exitosamente cultivadas, sustituir sus cultivos y desplazar a sus trabajadores natos, sean dueños o técnicos, por empleados públicos sin experiencia, conduce al espectáculo de mayores tierras ociosas.

La lógica gubernamental no toma en cuenta la experiencia acumulada de los productores. Muchas fincas del centro del país, por ejemplo, sustituyeron hace mucho tiempo la siembra de maíz por caña de azúcar, debido a la cercanía de centros urbanos y el creciente hurto de las cosechas. Rescatar fincas para entregarlas a funcionarios públicos, supondría un estudio de las zonas con mayor potencial, pero el mecanismo utilizado ha sido disparar primero y averiguar después, dándole a funcionarios chavistas la responsabilidad de llevar adelante unidades de producción, una tarea para la cual nunca se prepararon. El proceso evolutivo del uso de la tierra ha estado marcado por la presión urbana y la demanda de alimentos de la población. Nada puede sustituir la transición natural que la historia económica impone a nuestros suelos.

Sin embargo, han sido intervenidas 42 fincas en Aragua y Carabobo, un total de 3.600 has, sin tomar en cuenta la calidad de sus suelos. Apenas el 42 % tienen tierras tipo I y II, óptimos para sembrar y el 58% son tierras de muy mala calidad. ¿Por qué no se tomaron el trabajo de evaluar la economía agrícola en la zona, escuchando informes calificados? Una de las razones del caos podría ser el desmembramiento del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, institución adscrita hasta hace poco al Ministerio para la Ciencia y Tecnología, hoy ubicada en el de Agricultura y Tierras. El MPPAT negó el presupuesto requerido para los proyectos de investigación y derogó el requisito de maestría para el ingreso como investigador, al punto que han nombrado a técnicos medios comprometidos con la Revolución como responsables de laboratorios pasando por encima a profesionales con maestría y doctorado. Los editores de las revistas científicas fueron sustituidos por directivos identificados no con la ciencia, sino con la ideología gubernamental. Los investigadores ya no cuentan con la posibilidad de continuar su capacitación al perderse la operatividad de la Comisión de Educación del INIA y técnicos con muchísimos años de experiencia han sido reasignados a áreas en las cuales no tienen competencia, perdiéndose la continuidad de sus actividades de investigación.

Jesse Chacón, hay que reconocerlo, respetó al personal responsable de la investigación científica y tecnológica, pero el MPPAT hace lo imposible por desarticular el proceso productivo. Un solo ejemplo puede darnos idea de las consecuencias catastróficas de la politización del instituto científico. Actualmente se producen cerca de 4,5 millones de plantas cítricas al año en el Estado Aragua y casi todas han sido destinadas a siembras en Los Andes. Reportes técnicos nos hablan de las enfermedades y muertes masivas en naranjales al no existir organismo alguno que vele por la calidad genética y fitosanitaria de los viveros. Una inversión considerable se perdió y los productores del Occidente pagarán las consecuencias, así como las amas de casa, cuando no encuentren frutas en los anaqueles de los mercados.

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Todo sobre nuestro columnista: Ricardo Bello