La presentación del proyecto de Ley Orgánica de Hidrocarburos, sometido al escrutinio público, ha logrado interesantes resultados. Algunos críticos legítimos del gobierno, se han dejado llevar por su antipatía a Chávez para ‘encontrar’ cosas que criticar, pero sin presentar fundamentos serios, motivados únicamente por la pasión y sus ideologías. En otros críticos se han despertado elucubraciones creativas e inventivas con propuestas alternativas de palabras y términos, frases y párrafos, artículos y secciones, y hasta de la ley completa. En fin, tenemos frente a nosotros un teatro shakespeareno digno de elogio y respeto por estar en el ámbito de las mejores presentaciones nacionales como lo han sido ‘La Reconstituyente’ y más recientemente ‘El Pantaletazo’.

Sin embargo, no obstante lo anterior, debemos reconocer que no hay apuro ni debe haber apuro en aprobar esta ley. No debe precipitarse su aprobación. Un debate público, con audiencias y encuentros, en la Asamblea Nacional, por televisión, en las universidades, además de ser cónsono con el sentido de la democracia participativa que tanto reclama el Presidente Chávez, es lo lógico y razonable por la importancia del tema. Los defensores del proyecto de ley no tienen por qué sentirse amedrentados por los detractores, que parece son muchos, ya que en casos como este siempre triunfa la calidad del argumento, no el volumen de críticas. Basta recordar cómo triunfó Juan Pablo Pérez Alfonzo, prácticamente sólo en los debates que él mismo promovió para explicar su política petrolera y la creación de la OPEP. Y en esta ocasión, deberían tener lugar en el debate, tanto los actuales funcionarios y trabajadores petroleros, como ex-funcionarios y ex-trabajadores, incluyendo ex-ministros de Energía, por más desacreditados que estén. Serían debates, no para atender el reclamo de los críticos vociferantes, sino debido al reclamo silente del soberano que quiere ver en funcionamiento concreto su anhelada democracia participativa, para así lograr el también anhelado mejoramiento de vida que se merece, mediante el adecuado y correcto manejo de su propio y único activo y riqueza colectiva – el petróleo.

Contenido y proceso son igualmente importantes. Es decir, el contenido de la ley es tan importante como el proceso de su preparación y aprobación. Es necesario oír y debatir todos los temas. Especialmente relevante es oír y debatir las razones de los autores. El soberano se merece eso y mucho más, en atención a quienes creen que van a beneficiarse con esta nueva ley – el venezolano común, que poco entiende de la materia y mucho confía en su presidente. Son estos venezolanos que llevaron a Chávez al poder y ahí lo mantienen todavía, quienes merecen un tratamiento digno de una verdadera democracia participativa. La comisión redactora del Proyecto y el Ministro de Energía tienen la obligación y responsabilidad ciudadana y democrática de ir ante las cámaras de televisión y la radio, para explicarle al país por qué piensan que su proyecto de ley es el correcto para Venezuela y contestar las críticas más relevantes e importantes debatiendo sus puntos de vista con los de otros. Tenemos una larga y aleccionadora historia petrolera que debería ser reconocida por todos, porque tiene mucho que enseñarnos y mucho que contribuir al contenido de la nueva ley de hidrocarburos. Esto lo sabe muy bien el Ministro y también los miembros de la comisión redactora. Añado de paso, que también considero que la Exposición de Motivos parece haber sido escrita a la carrera y que puede (y debe) ser mejorada significativamente, tanto en cuanto a contenido, como en cuanto a su forma.

Yo he sido uno de los pocos críticos (independiente y desinteresado) del gobierno de Chávez y de su proyecto político, que ha apoyado su política petrolera abiertamente, incluso desde antes de él llegar al poder y desde antes de él ponerla en ejecución. Desde cuando criticaba la política petrolera de Caldera y Giusti. Hasta escribí un artículo señalándole cuál debería ser su política petrolera (antes de que conociera la suya.) Muchos de los puntos que insistía debía tener la política petrolera venezolana, ésta los tiene, (pero no todos, debilidades para comentar en otra ocasión.) Una falla importante – la ausencia pública del Ministro. Falta el contacto continuo y permanente del Ministro con los medios de comunicación escrita y audiovisual, para mantener informados a los venezolanos – pueblo soberano, sociedad civil, críticos, enemigos de la política petrolera venezolana y de la OPEP, y también quienes apoyan esta política petrolera, como el suscrito.

Paso ahora a comentar los dos aspectos más comentados y criticados por los adversarios de la política petrolera del gobierno. Son estos, el tema de la regalía y el tema de la participación del sector privado.

En cuanto a la regalía, no comparto la posición anti-rentista de quienes quieren ver eliminada la regalía, pero tampoco tengo razones para aceptar lo propuesto prima facie, especialmente el salto a 30%. ¿Por qué no doblar la actual, a 34% por ejemplo? Como no conozco las razones para justificar el incremento propuesto, pareciera que se le quiere dar un carácter instrumental fiscal innecesariamente, teniendo otros más eficaces para corregir fallas del pasado (algunas mencionadas por mí en otros artículos.)

Las vagabunderías manipuladoras de la PDVSA anterior, para reducir su carga impositiva total, entre otras cosas, tuvieron éxito porque lograron el contubernio de los legisladores y del mismo Presidente, que aprobaron lo que la empresa exigía. Pretender corregir estas debilidades del pasado con una regalía mucho más alta, no asegura nada y tampoco impide que se repita una escena parecida en un futuro no muy lejano. Esto me hace pensar que deben haber otras razones de mayor peso y considero que como venezolano, preocupado por el futuro del país, junto con otros miembros del pueblo soberano, merezco un mínimo de consideración con una explicación clara y concisa de las razones concretas que tienen los que proponen el incremento, los objetivos que persiguen y las alternativas que estudiaron antes de llegar a la que proponen.

Se conocen las razones de quienes quieren eliminar la regalía y en otras ocasiones he indicado que no las comparto, explicando mis argumentos. Pero no se conocen las razones del Ministro Silva Calderón, en quien todos confiamos. Así como el tradicional impuesto del 16,7% tiene sentido histórico, operativo y práctico, el aumento al 30% tiene varios peligros que merecen atención y esclarecimiento. El brinco es muy grande para que no se den explicaciones de peso que lo justifiquen e indiquen cómo sería utilizado (si en todos los casos y al mismo nivel, o si en forma escalonada y diferenciada según el tipo de petróleo, etc.)

Como es un hecho cierto que nuestro futuro petrolero descansa sobre el petróleo bituminoso de la faja del Orinoco, cuyo costo de producción es alto (aunque ha bajado) mientras su precio de venta es bajo (aunque podría mejorar), considero razonable que algunos críticos piensen que el aumento de la regalía al 30% podría hacer inviables proyectos que serían rentables con una regalía menor, aun cuando no hay que plantear que todos los proyectos deben hacerse rentables reduciendo o eliminando la regalía. Tampoco hay razón para considerar explotable todo el petróleo de la faja, tarea inconveniente además de imposible, pero los venezolanos merecen la oportunidad de debatir sus puntos de vista y tienen derecho a exigirle al gobierno mayores explicaciones y justificaciones. Lo que no considero válido, es argumentar que también merecen consideración los estudios que pudieran haber hecho economistas y expertos del gobierno anterior y su PDVSA, ambos suficientemente desacreditados en materia petrolera y otros temas.

No ayuda en el debate las alusiones a una supuesta eliminación de la regalía en el resto del mundo, que a mi entender no es cierto ni está en proceso de ser cierto, para aseverar que la propuesta reduciría nuestra capacidad competitiva. Fue una bandera del llamado ‘capitalismo salvaje’ que no ha tenido éxito. La regalía e impuestos parecidos se mantienen en los países miembros de la OPEP, como también en Estados Unidos, el ejemplo a seguir de todos para todo. Que yo sepa, todavía se cobran impuestos equivalentes a la regalía en estados como Alaska y Louisiana, a niveles cercanos a 32% y 28%, respectivamente. Tampoco ayudan alusiones a Ricardo, Marx y una supuesta voracidad fiscal venezolana o chavista.

El otro tema que voy a comentar se refiere al sector privado y su manera de participar en el sector petrolero. Comienzo, sin embargo, con el sector público y el Estado. Una vez asegurada la propiedad colectiva del recurso, en donde la República no es sino el administrador en nombre de los venezolanos, dueños del recurso, y que las actividades primarias estarán bajo control del Estado, es necesario que la ley también nos diga quién controlará al Estado y cómo lo hará para evitar los errores y problemas del pasado que tanto ha criticado el mismo Presidente Chávez (junto con tantos otros venezolanos, incluyéndome a mi.) La Exposición de Motivos sería el lugar para tratar este tema, pero no lo hace.

No hay nada en el proyecto político de Chávez, tampoco en su proyecto económico, que garantice un mínimo de eficiencia, honestidad y claridad de propósitos de quienes estén encargados de manejar ‘la sangre vital de la economía’, operativa y políticamente, simplemente porque es imposible garantizar esto. Nada ni nadie puede garantizar el comportamiento del ser humano. No lo hace Dios, el Todopoderoso. No lo pueden hacer Chávez y Miquilena (ni Fidel C.), que quisieran ser todopoderosos.

La Exposición de Motivos, por no decir la misma ley, debería aclarar que la propiedad del petróleo la tiene el pueblo soberano, no el Estado, para evitar las confusiones del pasado en esta materia. Debería estar muy claro que el Estado actúa en nombre del soberano y debería también indicarse los mecanismos para asegurarle al soberano dueño del recurso, el debido comportamiento del Estado. Como alguna vez me dijo el ex ministro y padre de la OPEP, Juan Pablo Pérez Alfonzo, el Estado debe comportarse con el buen juicio y el buen sentido que se debe esperar y exigir de cualquier gerente o padre de familia en el cuidado de sus propios bienes, pero con claro rendimiento de cuentas ( "accountability") ante los dueños del recurso.

Un primer paso hacia un rendimiento de cuentas aceptable sería establecer la presencia de la Asamblea Nacional en la determinación de ciertas decisiones críticas, lo cual no he visto en el proyecto presentado. No se menciona para nada la Asamblea Nacional en el Capitulo III, Sección II--De las Empresas del Estado.

La primera mención de la Asamblea Nacional se hace con relación a la participación de empresas mixtas en actividades primarias, en donde se establece una duración máxima de 25 años, prorrogable, que me parece poco. Pero más importante todavía es la ausencia de criterios para la constitución de empresas mixtas. A mi juicio, existe un vacío inadmisible que esta Ley debería llenar estableciendo los criterios y las normas generales para considerar la constitución de empresas mixtas. No es razonable dejar este tema en el aire, sin contenido, sin orientación, sin reglas ni límites.

Quizás más controversial para los adversarios de la ley es el tema de las actividades secundarias o industriales, incluyendo comercialización, que reglamenta la participación del sector privado venezolano. Este es otro tema que merece mayor consideración pública, mayor explicación y aclaración, concretando con mas detalles. No se entiende, por ejemplo, por qué no puede haber una área totalmente libre para la actividad privada venezolana, sin que sea necesario el permiso previo del Ejecutivo Nacional por Decreto o Resolución. Entiendo muy bien que hay áreas sensibles y complejas que requieren de reglamentación y dirección directa del Ejecutivo Nacional, o que es conveniente que así sea. ¿Por qué no señalarlas?

Pero también entiendo que hay áreas que para nada se necesita la acción previa y directa del Ejecutivo Nacional. Nuevamente, se presenta otro tema que obliga al Ministro y a los redactores del proyecto aclarar ante los venezolanos.

Finalizo con una invitación al Ministro de Energía, Alvaro Silva Calderón y sus asesores, a discutir el proyecto abiertamente, públicamente, por la televisión y la radio, en foros universitarios, en el auditorio del Banco Central. Los invito a que demuestren tener la razón y los mejores intereses de los venezolanos. Que hagan lo que hizo Juan Pablo Pérez Alfonzo cuando lanzó su política petrolera, cuando presentó la creación de la OPEP. Justificó sus planteamientos públicamente. Justifiquen ustedes los suyos, públicamente.

E-mail: yampalin@aol.com