AIPE- Imagine una guerra en la que se daña sólo a inocentes, mientras que el enemigo escapa. Esa es la guerra que estamos librando en contra del lavado de dinero. Las leyes en contra de este delito suenan atractivas pues, al fin y al cabo, ¿quién no quiere quitarle a los terroristas su apoyo financiero? Pero las leyes deben ser efectivas y apuntadas hacia los terroristas y no a gente inocente.
La legislación antilavado de dinero de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, aprobada con 412 votos, no avanzará la guerra contra el terrorismo, sino la agenda de quienes favorecen impuestos altos y quieren castigar a países con impuestos bajos. Los bajos impuestos, no el terrorismo, es el verdadero objetivo de este proyecto de ley.
El secreto bancario se ataca como un obstáculo a la implementación de la ley, pero las agencias que velan por el cumplimiento de la ley ya tienen el poder para obtener registros financieros cuando hay razón suficiente para sospechar que alguien es responsable de un delito. No fue la falta de poderes legales lo que hizo imprevisible los ataques terroristas del 11 de septiembre; fue una falta de inteligencia en los cuerpos policiales. De haberse sospechado que Mohammed Atta y sus cómplices eran terroristas, la policía hubiese tenido acceso a sus datos financieros.
La sección 301 del proyecto antiterrorista ha recibido mucha atención porque es una versión desempolvada del intento de la era de Clinton de castigar a las jurisdicciones con impuestos bajos, o los llamados “paraísos fiscales”. En esta sección se describen los criterios que el Departamento del Tesoro debe usar para identificar jurisdicciones que pueden ser áreas de lavado de dinero. Algunos de esos criterios lucen apropiados, pero otros no tienen nada que ver con el lavado de dinero y todo que ver con el castigo a los países que benefician a la gente con tasas fiscales bajas.
Por ejemplo, la propuesta busca imponer sanciones a las jurisdicciones que ofrecen “ventajas fiscales o reguladoras especiales a no-residentes”, y a países “caracterizados como paraísos fiscales o de banca offshore”. Pero en ningún momento se explica cómo la ausencia de un impuesto al ingreso o a las ganancias de capital facilita el lavado ilegal de dinero. Ello sólo ayudará a los estados benefactores europeos que impiden el crecimiento económico de su gente a través de altísimas tasas impositivas, tratando de eliminar la competencia de jurisdicciones con bajos impuestos.
Se acusa a las jurisdicciones offshore de proteger a narcotraficantes y a terroristas con sus leyes de secreto bancario, pero casi todos los “paraísos fiscales” tienen acuerdos de suspender las leyes de privacidad cuando se investigan crímenes como el asesinato, el terrorismo y el tráfico de drogas. También debemos destacar que el imperio financiero de Osama Bin Laden opera desde lugares como Sudán, Kenia, Malasia y naciones del Medio Oriente, y que sus agentes usaron el sistema bancario inglés, donde recientemente se le congelaron 88,4 millones de dólares. Ninguna de esas naciones es un paraíso fiscal.
La triste realidad es que las leyes de lavado de dinero no funcionan. Las transacciones financieras en Estados Unidos son controladas, pero no se detectaron las nueve cuentas usadas en Florida por los terroristas involucrados en el ataque al World Trade Center. Otro ejemplo son las leyes francesas que han sido incapaces de prevenir que terroristas argelinos viviendo en Francia coloquen bombas en el metro.
Parte del problema es que las leyes de lavado de dinero obligan a los bancos a espiar a todos, lo cual genera más de diez millones de reportes al año. Eso significa que los agentes tienen que buscar una aguja en un pajar. El resultado es un sistema que cuesta 10 mil millones de dólares al año, según la Asociación Americana de Banqueros, pero que produjo apenas 932 condenas por lavado de dinero en 1998. Los legisladores votaron para hacer aún más grande el pajar, con requisitos más estrictos para la banca.
Es un error apresurarse a aprobar leyes con nombres severos que no aportan herramientas adicionales para combatir el terrorismo. Utilizar el terrorismo para encubrir los verdaderos blancos —las jurisdicciones con impuestos bajos— empeora el error. En lugar legislar mal e inútilmente, el Congreso debe quitarle a los bancos, al FBI y al Departamento de Tesoro la carga impuesta por el Acta de Secreto Bancario actual, que ha sido inútil y costosa. Y el presupuesto que actualmente se gasta en violar los derechos de gente inocente, debe reasignarse para mejorar las operaciones de inteligencia.
Está claro que el fracaso en prevenir los ataques del 11 septiembre no fue por falta de regulaciones a los bancos sino por falta de inteligencia antiterrorista. ©
* Analista del Cato Institute.
