La Ley de Propiedad Social que actualmente se discute en la Asamblea Nacional es otro atentado contra la propiedad privada de todos los venezolanos, ricos y pobres por igual, a la vez que un eslabón más de la larga cadena de eventos a través de los cuales se intenta imponer por la fuerza la reforma constitucional rechazada en el referéndum del 2 de diciembre de 2007.

En el anteproyecto de esa ley se establece que la propiedad privada de personas naturales y jurídicas sólo se reconocerá sobre bienes de uso y consumo y sobre medios de producción legítimamente adquiridos, tal cual como lo planteaba la propuesta de reforma constitucional repudiada. Analicemos esto con cuidado. Los bienes de uso y consumo son aquellos que se utilizan o consumen para satisfacer las necesidades de las personas, por lo que no entran en esa categoría los inmuebles distintos a la vivienda principal (terrenos, viviendas para alquilar, etc.), o bienes para ser explotados por terceros. Eso significa que el segundo piso construido sobre la platabanda de la humilde vivienda con el fin de alquilársela a un tercero, o el segundo taxi comprado para que otra persona distinta al propietario lo explote, no pueden considerarse como bienes de uso y consumo, por lo que podrían ser objeto de expropiación. Si bien oímos una y otra vez que el gobierno no tiene intensiones de afectar la propiedad de los más pobres, nos preguntamos entonces, por qué la insistencia de limitar la propiedad privada de los individuos a los bienes de uso y consumo. ¿No será que aquí se intentan imponer las severas limitaciones a la propiedad de todos los ciudadanos, como sucede en Cuba? Creo más que justificada la suspicacia que muchos tenemos sobre este tema, aun cuando se intente maquillar la norma, como ha sucedido en días recientes, con el fin de acallar las críticas.

Con respecto a los medios de producción legítimamente adquiridos, no sería de extrañar que esa legitimidad sólo se reconociera si, a juicio de las autoridades, los medios de producción son utilizados para la consecución del modelo económico socialista. En caso contrario se decretaría su “adquisición forzosa, mediante justa indemnización y pago oportuno” (artículo 5). Válido es que nos preguntemos, ¿justa indemnización y pago oportuno, como ha sucedido hasta ahora con las empresas recientemente estatizadas? En ese anteproyecto de ley también se establece que el Ejecutivo Nacional podrá declarar de propiedad social cualquier bien que crea necesario para el desarrollo de la economía socialista. Dado que el Presidente de la República declaró recientemente que, a su juicio, la tierra no era propiedad privada sino social, bajo el amparo de esta ley se podría determinar que cualquier edificación construida sobre un terreno ubicado en el territorio nacional es también propiedad social, quedando a juicio de las autoridades determinar si el goce o disfrute de un inmueble puede seguir siendo ejercido por sus legítimos y tradicionales dueños o por terceras personas designadas por ellos.

La aprobación de esa ley sería un paso más al establecimiento de un sistema socialista cada vez más parecido al cubano, rechazado por la inmensa mayoría de los venezolanos, incluyendo a muchos que se definen como chavistas. Esto, además de ser una flagrante violación a la constitución, atenta contra el derecho de propiedad privada, tan celosamente defendido por todos los venezolanos, incluyendo a los que menos tienen, quienes justamente son los que de forma más vehemente defiende lo poco que poseen.

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Todo sobre nuestro columnista: Pedro A. Palma