El más grave problema que padece hoy nuestra economía es la inflación, la mayor de la América Latina y una de las más altas del mundo. Varios factores, tanto internos como externos, están generando la agudización de este flagelo que tanto afecta a la población, particularmente a los más desposeídos, quienes con impotencia ven cómo merma su capacidad de compra y se hacen cada vez más pobres. El primero de esos factores es el desbocado gasto público, a través del cual se inyectan a la economía los abultados ingresos petroleros, expandiendo la oferta monetaria y estimulando el consumo. Al crecer la demanda más intensamente que la oferta interna se produce un fenómeno de alza de precios, a pesar del incremento notable de las importaciones, con las que se pretende complementar la insuficiente oferta local. Esa dependencia creciente de lo importado se ha traducido en presiones inflacionarias adicionales, ya que la sobredemanda internacional de productos básicos, combinada con el desvío de productos agrícolas para la producción de biocombustibles, ha generado una escasez creciente de alimentos, con su consecuente encarecimiento, en algunos casos desproporcionado.

El problema se agudiza por los crónicos desabastecimientos de productos básicos en Venezuela, causados por la absurda política de controles y congelaciones de precios, cuya aplicación ha condenado a múltiples productores y distribuidores a trabajar a pérdida. La situación se hizo particularmente crítica en el caso de múltiples alimentos que desaparecieron de los anaqueles, forzando a los consumidores a pagar precios muy altos para adquirirlos en puntos de venta no convencionales. Ello llevó al gobierno a revisar los precios regulados de esos productos con el fin de estimular su producción, haciendo que la búsqueda de solución a un problema generador de inflación, como es el desabastecimiento, esté engendrando otro factor que presiona los precios al alza, como es la materialización de la inflación represada producida por los prolongados controles de precios.

Si bien el gobierno ha hecho importantes esfuerzos para atacar el desabastecimiento a través de importaciones masivas de alimentos, se ha encontrado con problemas para conseguir esos productos, teniéndolos que pagar a altísimos precios, a pesar de que está realizando esas compras foráneas con dólares artificialmente baratos. Esto ha forzado a las autoridades a subsidiar masivamente esos productos para evitar transferir sus altos costos al consumidor final. Pero, ¿por cuánto tiempo se puede seguir esa práctica? Paralelamente, se ha implantado una política monetaria restrictiva de corte más o menos ortodoxo, buscando con ella limitar la capacidad de la banca para otorgar créditos para el consumo y estimular el ahorro con tasas de interés pasivas más altas, pero aún muy inferiores a la inflación esperada. No obstante, se elevó el encaje requerido y se han puesto techos a las tasas de interés activas, forzando a las instituciones financieras a otorgar casi la mitad de sus créditos con tasas subsidiadas y muy bajas. Además de que esta política puede poner en situación difícil a algunos bancos, su efectividad antiinflacionaria se neutralizará por la política expansiva de gasto público, que se espera tome más cuerpo en la medida que nos acerquemos a las elecciones de noviembre.

Mientras no se tome conciencia de que la inflación sólo se podrá vencer a través de una verdadera disciplina monetaria y fiscal, combinada con un sostenido y efectivo estímulo a la inversión y al desarrollo del aparato productivo, que busque consolidar su competitividad a través de una política cambiaria racional y dinámica, una mayor eficiencia y una creciente productividad, poco éxito se tendrá en la lucha contra la inflación. Hay que aprender de los otros países latinoamericanos que han conseguido la vía para abatir ese cáncer que tanta desgracia y pobreza les acarreó en el pasado.

palma.pa1@gmail.com

Todo sobre nuestro columnista: Pedro A. Palma