Venezuela, la banca en tiempos de revolución Francisco J. Faraco
Miércoles, 6 de octubre de 2004
Caracas (AIPE)- Durante el largo período de crecimiento económico venezolano (1935 a 1980), el mercado financiero total más que se triplicó, pasando de 17% a 60% del PIB no petrolero, observándose que el componente usualmente más importante del mismo, la proporción de crédito bancario, se septuplicó al ascender de 7% a 50% del PIB no petrolero. En los siguientes 17 años (1981-1998), el mercado financiero se hundió y hundido permanece. Las proporciones antes señaladas se desplomaron a 24% y 13% respectivamente, la crisis aflorada durante 1994-95 barrió con la mitad del sistema bancario y su profundidad y desordenado manejo generó un costo fiscal equivalente a 15% del PIB de 1994. El saneamiento posterior de los activos y capitalización de las instituciones quebrantadas y solventes fue financiado casi íntegramente con subsidios encubiertos repartidos por el Banco Central de Venezuela.
A partir de 1999 el Estado venezolano se convirtió tanto en el gran oferente como en el principal demandante de fondos en el mercado financiero nacional; se fijan tasas de interés para los títulos públicos que resultan fácilmente manipulables por los acreedores bancarios y como resultado de todo ello la banca privada alcanza un nivel de dependencia del Estado que nunca antes había ocurrido en la Venezuela moderna, a la vez que obtiene beneficios exorbitantes, en parte producto de la corrupción en las relaciones entre un grupo de operadores bancarios y algunos gestores financieros de los entes públicos.
Para el 30 de junio de 2004, el equivalente al 61% del activo total ampliado del sistema (activo contable más fondos de mercado monetario) estaba constituido por saldos deudores y acreedores con entes públicos incluido el Banco Central. Los seis bancos privados más grandes, que controlan el 64% del mercado, reportaron para esa misma fecha una proporción de dependencia estatal de 63%. Las posiciones deudora y acreedora del Estado con la banca al 30 de junio de 2004 totalizaron 26.035 y 13.988 millardos de bolívares respectivamente, o sea que el 54% de los títulos valores que componen la posición deudora son fondos depositados por el gobierno en la banca.
La elevadísima proporción de “reciclaje” de los fondos oficiales, producto de la anarquía en el manejo de las tesorerías de grandes corporaciones estatales y de importantes gobiernos regionales y municipales, constituye evidencia clara de prácticas corruptas. Prácticas que se traducen en que el gobierno se endeuda teniendo en los bancos fondos ociosos, sin importarle el daño que causan a la población más necesitada de empleo y servicios públicos y a quienes no han nacido y tendrán que pagar un pasivo redundante que se contrató para enriquecer a unos asaltantes de la cosa pública. Como prueba del carácter insólito de esta situación basta citar que la relación promedio entre depósitos oficiales en la banca y el gasto del gobierno central durante el lapso 1977-1997 fue de 3% mientras que en la actualidad supera el 30%.
Hasta ahora, a los bancos privados del sistema venezolano no les ha ido mal con la “revolución bolivariana”. Su patrimonio agregado para fines de 1998 alcanzaba 1.559 millardos de bolívares, las ganancias netas obtenidas en los once semestres siguientes totalizaron 5.486 millardos de bolívares y el patrimonio al cierre de junio de 2004 sumó Bs. 5.980 millardos de bolívares. Estos resultados indican que en este tiempo la banca ha recuperado su patrimonio cada siete semestres, que todo el incremento de recursos propios provino de la capitalización de utilidades y que aun sobró para repartir, en efectivo, el 20% de los beneficios.
Si tales logros fuesen producto del trabajo duro y el talento agudo de los banqueros habría que aplaudirlos, pero tratándose más bien de la cosecha proveniente del reciclaje de fondos públicos, la manipulación de las tasas de interés, la compra de títulos de deuda pública en el mercado secundario a precios viles, el aprovechamiento de información confidencial y la participación descarada en operaciones lesivas al interés general, no podemos menos que cuestionarlos y esperar que cuando llegue el día en que exploten los enormes riesgos que algunos han asumido para obtenerlos, tengamos autoridades capaces de permitir que actúe la disciplina del mercado y no el celestinazgo del Estado.
(*): Economista venezolano y analista de riesgo bancario, director de Francisco Faraco y Asociados.
