Caracas, Lunes, 21 de abril de 2014

Sección: Síntesis de Noticias - Economía

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Ley de costos, precios y protección del salario (I)

Rafael González

Jueves, 12 de mayo de 2011







   Foto: Google

A pesar del fracaso de los controles de precios sobre la economía nacional a lo largo de la presente gestión de Gobierno, se quiere aprobar una Ley que pretende “normar” sobre los efectos de la inflación, queriendo decretar inflación cero, sin solucionar las causas de la inflación en Venezuela.

La carga ideológica alrededor del tema inflacionario, cuando este constituye un tema de solución técnica, avizora un rotundo fracaso y una profunda frustración futura, como ha ocurrido con la Ley contra la Especulación, el Boicot y el Acaparamiento, luego la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios que sustituyó la anterior, así como respecto a los controles de precios, y ahora, la Ley de Costos, Precios y Protección del Salario.

Esta simple sustitución y derogatoria de normativas, empezando por la de protección al consumidor que databa de 1995 –aun cuando Venezuela constituía uno de los países de Latinoamérica con la más longeva experiencia y tradición en materia de protección al consumidor- ha perfeccionado una situación de inflación regulatoria.

Se ha ido aprobando sucesivas normas y políticas públicas que pretenden tutelar la misma materia, lo que implica crear innecesariamente instrumentos nuevos, reduciendo predictibilidad sobre el entramado legal y su administración. Adicionalmente, se le ha otorgado a los instrumentos de protección al consumidor (desde la Ley contra la Especulación, el Boicot y el Acaparamiento hasta la Ley para el Acceso de las personas a los Bienes y Servicios) objetivos regulatorios no propios a su naturaleza normativa.

La protección al consumidor no tiene que ver con la eventual preocupación de acceso a los bienes y servicios, sino con el resguardo de la buena fe comercial y las condiciones claras, así como información suficiente, para que los consumidores tomen sus decisiones de forma más eficiente. Incluir en la normativa de protección al consumidor, ilícitos económicos como la especulación, el boicot y el acaparamiento, constituye -como se hizo en el caso de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios- un conflicto de intereses regulatorios. Los conceptos de ilícitos económicos del tipo especulación, boicot y acaparamiento constituyen materia de la regulación de competencia. De igual manera la garantía de acceso a los bienes y servicios, siendo efectivamente materia de interés público, difícilmente es susceptible de decreto –queremos decir que la simple redacción y publicación de una norma no lo garantiza-. Esta materia es responsabilidad del Ejecutivo Nacional en lo concerniente a:

  • Políticas anti-inflacionarias, que se encuentren precedidas de, una política fiscal responsable, creíble, controles sobre el gasto público corriente no productivo, ausencia de financiamiento inorgánico –esto resguarda el poder de compra de los ingresos y no hace catastróficos los precios de los bienes y servicios-.
  • Política cambiaria menos restrictiva, que evite que el dólar sea uno de los recursos más escasos, toda vez que constituye referencia para la adquisición de bienes, en una economía, que la actual gestión de Gobierno, ha transformado fundamentalmente de puerto.
  • Protección del modelo y de los principios económicos, constitucionalmente consagrados, como la economía de mercado, la libertad económica, la libre iniciativa y la propiedad privada; permitiendo un entorno institucional proclive a la generación de empresas, de emprendedores y la creación de fuentes de empleos sostenibles para fortalecer la oferta de bienes y servicios.
  • Política y Regulación de Competencia apegada a su materia normativa.

Es así como la estrategia oficialista, a las vísperas de unas elecciones definitorias, resulta continuar desentendiéndose de sus responsabilidades, achacando sus culpas, omisiones, desconocimiento y errores al individuo común, al consumidor porque consume irresponsablemente mucha energía, a los dueños de empresas porque son especuladores, etc.

Sin embargo, la inflación como fenómeno especulativo constituye la escusa más falaz y fútil que se le haya endilgado al fenómeno de incremento inter-temporal del nivel de los precios; con el simple propósito de continuar cercando las acciones económicas individuales y continuar estableciendo regulaciones y barreras a la actividad económica en Venezuela.

La inflación como fenómeno especulativo e inercial no cuenta con micro-fundamentos sólidos. Los empresarios no cuentan con incentivos para incrementar irrestrictamente los niveles de precios inter-temporalmente. Lo anterior se debe a la propia regla de optimización de costo marginal igual a ingreso marginal. Un incremento de precios más allá de esta regla implicaría una pérdida de ingresos supra-marginales superior al descreme de mercado infra-marginal producto del incremento de precios. Luego, como lo planteara Ronald Coase, en mercados de productos duraderos, los incentivos podrían ser a disminuir los precios para atender a la demanda residual inter-temporalmente. Adicionalmente, un precio óptimo es fijado en un único periodo y no sucesivamente, por lo que el incremento de precios a lo largo del tiempo –salvo por impactos inflacionarios sobre la estructura de costos- no cuenta con asidero lógico. Lo anterior significa que el precio de optimización, por más poder de mercado que pueda ostentar una empresa es un equilibrio de Nash tomado en un único periodo del tiempo y no sucesivamente.

Países vecinos, en cuya economía se encuentran presentes fundamentalmente el mismo tipo de empresas, marcas, transnacionales y productos, muestran niveles inflacionarios sustancialmente menores a los nuestros. La diferencia fundamental entre estos países no son la existencia de empresarios capitalistas, sino el Gobierno venezolano que ha realizado un manejo tremendamente irresponsable de las finanzas públicas, de las políticas públicas, las regulaciones y la política económica en general.

Una economía en la cual la relación de oferta de bienes y servicios es cada vez menor con respecto al creciente volumen de dinero, no puede sino hacer del dinero de curso legal un “bien” abundante en términos relativos a lo escaso de los bienes y servicios. Las comillas obedecen al hecho de que mientras esta relación se continúe deteriorando, el dinero de curso legal se transforma en un mal toda vez que pierde su función de resguardo de valor.

Master en Competencia y Regulación de Mercados. Master in Industrial Organization and Markets. Professor Universitario en Regulación Económica y Regulación de Competencia.

enriquergp@yahoo.es


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