Cuando en 1991 se escribió y sancionó la Ley del Banco Central de Venezuela ya el camino recorrido por América Latina había sido lo suficientemente traumático en materia de inflación. Atrás quedaron en la memoria aquellos episodios de alta y desquiciante inflación que literalmente arruinaron a las economías de Argentina, Bolivia, Perú y Nicaragua durante finales de los setenta y mediados de los ochenta. En cada unos de esos eventos de elevada inflación había un elemento común: el financiamiento de los déficits fiscales y el gasto público con impresión de dinero por parte de los bancos centrales. Chile dio el primer paso en 1990 con una legislación que consagró la autonomía del banco central para el cumplimiento de sus potestades monetarias. De esta forma, al banco central se le comenzó a encomendar la delicada y sagrada misión de preservar el valor de la moneda, cuya traducción al lenguaje llano significa que los institutos emisores deben mantener a raya la inflación. Ese objetivo estabilizador de los precios no es un capricho. Cuando la inflación es alta e inestable las economías pierden competitividad, caen los salarios reales y se exacerba la incertidumbre y con ello disminuye la inversión.

Un paso importante se dio en Venezuela en 1999 cuando en la Constitución, se consagró la autonomía del Banco Central y además se le prohibió expresamente el financiamiento de los desequilibrios fiscales por las consecuencias nefastas derivadas de los traumas sufridos tanto en Europa como en el campo de experimentación en que se convirtió Latinoamérica en los años setenta, cuando los gobiernos, pensando que con expansiones monetarias resolverían los entuertos sociales, acabaron propiciando una escalda de precios que trastornó las monedas.

Todo el terreno ganado institucionalmente para fortalecer al Banco Central de Venezuela hasta el año 2000 se ha perdido y actualmente ese organismo es una caricatura deformada de los que es y debe ser el ente rector de la política antiinflacionaria. Han sido desfiguradas sus funciones hasta convertirlo en una especie de caja chica del gobierno. Comenzó la degradación del BCV en 2001 con el cambio en su metodología contable para el cálculo de utilidades cambiarias ante el empeño de algunos filibusteros de la economía que querían fabricar dinero de la nada con un esquema de valoración de las divisas que provocó la emisión de bolívares sin respaldo. A ello siguió el adefesio propiciado por dos personajes que van a quedar registrados en la historia de la irresponsabilidad monetaria de Venezuela: Armando León y Rodrigo Cabeza, el primero fungiendo como vocero del gobierno en el Directorio del BCV y el segundo como presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Esa sociedad de comandita de León y Cabeza hizo posible la reforma de la Ley del BCV de junio de 2005 donde se consagró la barbaridad financiera de hacer posible que el mismo dólar que entra como reservas internacionales se desdoble dos veces como bolívares, gracias a un mecanismo perverso que implicó la creación del Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden). Por su disciplinada consecuencia con el régimen, a León le fue renovado por siete años adicionales su período como directivo del BCV, que venía del gobierno de Caldera, sin que su primera nominación se le hubiere vencido, asegurando crematísticamente su futuro, al costo de la desestabilización monetaria de Venezuela. A Cabeza, su premio de consolación fue una pasantía fugaz y gris por el Ministerio de Finanzas. La alianza con Cabeza engendró la reconversión monetaria.

El 29 de octubre de 2009 se aprobó en la Asamblea Nacional otra reforma de la Ley del BCV, más peligrosa que las dos anteriores juntas. Ella consiste, fundamentalmente, en que el BCV puede financiar los déficits fiscales y el gasto público con el atuendo de la compra de bonos a PDVSA. El BCV emite dinero para adquirir peleles emitidos por la endeudada PDVSA y luego ésta traspasa esos fondos al gobierno. Es tan burdo el mecanismo que no puede pasar desapercibido. Con motivo de esta grosería financiera el presidente del BCV, Nelson Merentes, tuvo la osadía de decir que ello no tendría efectos sobre la inflación. Lo que en un país medianamente civilizado hubiese provocado una marejada de críticas acá pasó desapercibido, tal vez por que nos hemos acostumbrado a los disparates que dicen y hacen los altos funcionarios a cargo de los asuntos económicos de Venezuela. Pero nada de esto se hubiese podido hacer sin contar con el visado del jefe de los sepultureros de la autonomía del BCV: Hugo Chávez y su disciplinado ministro de Planificación, Jorge Giordani. Sobre ellos recaerá la mayor responsabilidad de lo que en materia de inflación pueda suceder en Venezuela.

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