Si lo que el gobierno pretende es lograr algún nivel aceptable de gobernabilidad en el país una amnistía chucuta como la que pretende aplicar no es ciertamente el mejor camino para alcanzarla.

Mantener un proceso judicial viciado en contra de los comisarios Forero, Vivas y Simonovis es una prueba fehaciente de la intolerancia del régimen o más bien de la necesidad de darles a los hechos del 11 de abril una explicación maniquea como la que construyeron y difundieron urbi et orbe a través de todos los medios de comunicación. Solamente con el juicio eterno a los comisarios se puede justificar la liberación y santificación de los pistoleros de puente Llaguno. Es tan frágil la argumentación de la fiscalía que hasta ahora no ha logrado presentar elementos probatorios en contra de los detenidos a diferencia de los pistoleros que si fueron vistos disparando en contra de la multitud inerme que marchaba por la avenida Baralt. Además, el ministerio público nunca acusó a los comisarios de haber cometido delitos de lesa humanidad porque, entre otras razones el delito de lesa humanidad no está tipificado en la legislación penal venezolana.

Es evidente que mucho de lo que sucedió ese día no está claro y que había ciertamente distintas manos tratando de capitalizar los hechos para su propio provecho, salvo claro está los centenares de miles de personas que marcharon creyendo que, en un régimen democrático, esa era la mejor manera de expresar su disconformidad con la manera como se estaba conduciendo al país.

Si de verdad se quiere lograr un clima de distensión que haga posible una gobernabilidad que permita al Presidente Chávez concluir sin tropiezos su mandato es indispensable pasar por encima de las interpretaciones maniqueas del 11 de abril y creer que en el país hay un futuro que no está necesariamente atado a fecha alguna.