Los períodos de inicio de clases deberían ser, en el mundo entero, motivo de alegría y de celebración, mucho más en una sociedad que, como la venezolana, se enorgullece de su espíritu activo de democracia, de libertad y de la fuerza emocional de la familia como concepto de vida.

Pero el empeño en imponer leyes en contra de la voluntad de un importante grupo de padres y docentes, es un acto que se contrapone al derecho fundamental de orientar la formación de sus hijos que tienen los padres, como un elemento integrador de la familia que es, a su vez, la base de la sociedad.

Se está confundiendo en Venezuela el concepto de Estado Docente, como responsable de que todos los venezolanos, sin excepción, tengan las mejores oportunidades para recibir educación, y de que esa educación les sea realmente útil para la selección y realización de sus vidas , con el de un Estado Controlador que decide, por su cuenta y con intereses ideológicos, qué se debe enseñar y estudiar. Una posición que se contrapone no sólo a la Constitución de 1999, sino a los principios fundamentales de toda sociedad.

Ese cambio de papeles, que no es casual sino deliberado, amarga la fiesta de la educación en Venezuela. Esta Ley Orgánica de Educación se inmiscuye en lo más íntimo y precioso de la relación entre padres e hijos, establece caminos únicos y bloquea opciones y decisiones que corresponden a un fluido ambiente de intercambio de opiniones y de decisiones entre educadores –los padres y los docentes- y los educandos. La primera demostración de que esto es así, está en el encendido debate que se ha producido desde hace meses, y que permanece vivo y candente y que no ha nacido de intereses partidistas, sino de los grupos esenciales de la sociedad civil.

El gobierno debería preocuparse más del cumplimiento de derechos de los estudiantes en los cuales hay grandes incumplimientos año tras año, como los de instalaciones adecuadas, cómodas y en perfectas condiciones, maestros altamente preparados, motivados y bien pagados, equipamiento óptimo de los institutos, seguridad plena para los estudiantes y los docentes, entre otros.

El gobierno socialista está perdiendo otra oportunidad de interrelacionarse democráticamente con sus ciudadanos, y asumiendo el peligroso riesgo de que la educación de los venezolanos, en vez de ser un hermoso campo de formación, sea un injusto campo de batalla.