Argentina: Controles para evitar la fuga de divisas Dafne Sabanes Plou
Miércoles, 5 de diciembre de 2001
El viernes 30 de noviembre la salida de depósitos del sistema bancario argentino llegó a 700 millones de dólares. Si la situación continuaba, Argentina corría el riesgo de quedarse sin reservas. La convertibilidad que en 1991 dictaminó que un peso equivalía a un dólar y que tanto el gobierno de Carlos Menem como el actual de Fernando De la Rúa han defendido contra todos los embates se esfumaría, creando un terrible caos. Buena parte de los fondos que retiraron los ahorristas ya se fugaron del país a plazas consideradas más seguras. Otro porcentaje habrá quedado en cajas de seguridad o "dentro de los colchones", como suele señalarse popularmente. La intención del ministro Cavallo con las nuevas medidas económicas es recuperar ese dinero, obligando a los argentinos a blanquear una economía cuya franja informal ha crecido mucho en los últimos años. También las nuevas medidas encierran la intención de apuntalar el sistema bancario y financiero, que veía tambalear su situación en las últimas semanas.
Las nuevas disposiciones del gobierno impiden que los particulares retiren más de 1000 pesos o dólares por mes en efectivo de sus cuentas bancarias, debiendo hacerlo en 4 extracciones de un monto máximo de 250 pesos o dólares por semana. El resto de sus gastos podrán realizarlos utilizando tarjetas de débito o de crédito, o con pagos por débito automático de las facturas de servicio público e impuestos, o con cheques en pesos o en dólares. Los viajeros al exterior podrán llevar hasta mil dólares en efectivo, si tienen más de 10 años. Si en el momento de partir se les encuentra una suma mayor a la declarada, serán acusados de contrabando, delito que tiene una pena de seis a ocho años de prisión. Pueden llevar un monto mayor en cheques de viajero, pero nunca en efectivo.
Gran parte de las transacciones monetarias en Argentina ocurren fuera del sistema bancario. Si bien en los últimos años la mayoría de las empresas y aún el propio Estado pagan a sus empleados a través de cuentas de caja de ahorro, la costumbre de los usuarios es retirar todo el dinero de una sola vez y administrarlo sin utilizar cheques y recurriendo a la tarjeta de crédito sólo para compras financiadas. El pago al contado, sin la presentación de facturas, es común a lo largo y a lo ancho del país, lo que permite que decenas de miles de personas se desempeñen en la economía informal o en "negro", sin pagar impuestos y sin estar registrados oficialmente.
Se calcula que en la actualidad, un 39% de los asalariados, o sea unas 4.600.000 personas integran este mercado de producción informal. Según la consultora Equis, el 60% está en la informalidad porque el empleador no está en condiciones de pagar las cargas sociales, mientras que el 40% restante está en empresas que evaden sus obligaciones, aunque podrían afrontar el costo de la formalidad. Para cumplir con la Ley de Déficit Cero, aprobada hace pocos meses y que exige al Estado gastar sólo lo que entra en su caja, sin recurrir a préstamos externos ni internos, el gobierno necesita recaudar lo más posible. Obligar a los que operan en la economía informal a blanquear su situación es una medida audaz para lograr este cometido. En el primer día de operaciones luego de lanzadas las nuevas medidas económicas, miles de pequeños comerciantes y trabajadores independientes abarrotaron los bancos con el fin de abrir cajas de ahorro o cuentas corrientes para poder acceder a las chequeras y a las tarjetas de débito o de crédito sin las cuales les será muy difícil operar comercialmente.
Pero no es la existencia de un mercado interno informal el que ha puesto en jaque a la economía argentina. La salida de divisas del país pasa por las grandes transacciones en manos de capitales especulativos y las abultadas remesas de dinero que envían al exterior, a sus casas matrices, tanto los bancos extranjeros, que en la última década pasaron a dominar la plaza argentina, como las empresas de servicios públicos privatizadas en los años 90. También se lleva divisas la compra
indiscriminada de artículos importandos que comenzaron a ingresar al país gracias a la apertura del mercado diseñada por Cavallo durante el primer gobierno de Carlos Menem. Además, los ahorristas particulares de todo nivel hacen su aporte a
esta situación llevándose su dinero porque temen que ante la crisis económica y la gran necesidad de fondos, el gobierno incaute sus inversiones.
Debilidad política del gobierno de la Alianza
La situación económica y financiera del país se ha dificultado luego de tres años de recesión, que no logró revertir el gobierno de la Alianza que asumió en 1999. Con medidas muy conservadoras y monetaristas y mucha indecisión política, la administración de De la Rúa, que cuenta con Domingo Cavallo como ministro de Economía desde marzo de este año, no ha hecho más que aumentar la desconfianza de los inversionistas tanto internos como externos. Obediente a todas las recetas y exigencias de la banca internacional, este gobierno nunca incentivó la reactivación económica, sino que sólo apuntó a las soluciones fiscalistas y financieras. En manos de la banca acreedora, buena parte de ella operando en el propio país, ha sufrido todo tipo de agresiones, incluyendo movimientos propios de golpe económico, con tasas de interés internas siderales, incremento inaudito del riesgo país, que llegó a trepar a los 3500 puntos, y un lobby pesado y amenazador.
La debilidad política quedó signada con la renuncia del vicepresidente Carlos Alvarez, en octubre del 2000, con lo cual comenzó a quebrarse la Alianza. Sin vicepresidente, la sucesión de De la Rúa quedó vacante, dejando un vacío inquietante. Como era de suponer, la oposición no tardaría en unir fuerzas para llenar este vacío. El triunfo del Partido Justicialista en las elecciones legislativas de octubre pasado otorgó fuerza inesperada a un frente opositor que parecía desgastado. Con mayoría en la Cámara de Senadores y de Diputados, el justicialismo decidió ocupar la conducción de ambos cuerpos. Por tradición, la presidencia provisional del Senado quedaba en manos del partido gobernante aunque este no tuviera la mayoría en la Cámara, por tratarse de un puesto clave en la sucesión presidencial. Pero esta vez no fue así y el justicialismo decidió nombrar en ese cargo al senador Ramón Puerta, ex gobernador de la provincia de Misiones y cercano a Carlos Menem. Esto significa que la sucesión presidencial recae directamente en un miembro de la oposición. Cada vez que De la Rúa viaje al exterior, deberá dejar el mando supremo en manos del senador Puerta. Si bien éste no podrá tomar ninguna medida de gobierno porque para ello precisaría del aval de todos los ministros del Ejecutivo, la situación crea una cierta inseguridad política y debilita aún más la figura del actual presidente. Además, la oposición se asegura así el dominio de la Asamblea Legislativa que deberá reunirse en caso de acefalía presidencial.
Posibles consecuencias de las nuevas medidas económicas
Nuevamente las medidas que se toman son sólo monetarias. Los analistas consideran que podrá darse un blanqueo forzoso de capitales, pero esto no llevará a la ansiada reactivación económica que el país tanto necesita para salir del atolladero en que se encuentra. Muchos temen que aumente el desempleo, que ya ronda el 20%, y la recesión. Los empleadores que no tengan posibilidades de blanquear a sus trabajadores seguramente los despedirán y los pequeños comerciantes y trabajadores independientes que no puedan adherir a las nuevas reglas de juego, que son costosas para sus márgenes de ganancias, también quedarán en la calle.
Ante la falta de dinero en efectivo, mucha gente dejará de comprar en los negocios barriales, en los puestos callejeros o a los vendedores ambulantes e irá a los supermercados que aceptan tarjetas de débito o de crédito. Se fomentará la
concentración de las ventas, y, al mismo tiempo quedarán más personas fuera de toda posibilidad de ingresar al sistema económico, aunque sea informal.
También se teme que aumente el circulante de los bonos provinciales que han emitido varias provincias con el fin de solucionar sus problemas de pago. Son ya numerosos los empleados públicos, judiciales y docentes que cobran con estos bonos que, en principio, valen lo mismo que el peso. Hasta la provincia de Buenos Aires ha emitido su bono propio, el "Patacón", que es aceptado en los comercios con un valor de uno a uno con el peso. El propio gobernador Carlos Ruckauf, impulsor de la creación del patacón, se ha jactado que los que cobran en estos bonos no tendrán restricciones para retirar la cantidad que quieran de los bancos. Sus declaraciones radiales suenan a humorada cuando se comenta que en el mercado de divisas el patacón se cotizaría a 75 centavos de dólar. La depreciación de la moneda argentina ya es un hecho y la tan temida devaluación se pasea como fantasma por los pasillos del poder.
