Según el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad de Centroamérica (UCA), en toda América Central podría haber más de tres millones de armas en manos de civiles. Armas de todo tipo. Legales e ilegales. En su mayoría pequeños revólveres y escopetas, pero también fusiles AK-47 (67.000 sólo en Honduras) y M16, cohetes RPG-7, explosivos militares c-4 y granadas de mano.
Inevitable resultado: en Honduras se registran entre 45 y 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, en El Salvador entre 80 y 90 y en Guatemala la cifra se sitúa en 101 homicidios por cada 100.000 habitantes. Según el Instituto de Medicina Legal, en 1999 cinco salvadoreños murieron, cada día, a causa de un arma de fuego.
Empieza entonces el círculo vicioso: la violencia no genera sino violencia, legal o ilegal. La violencia estructural genera exclusión, criminalidad y miedo. Ocurre en cada rincón de América Central.
El problema de la violencia y la existencia de armas en manos de civiles es fruto de años de guerra civil. Durante la década de los ochenta en El Salvador murieron 75.000 personas en los doce años de guerra civil. Estados Unidos envió decenas de miles de fusiles de asalto M-16 y lanza granadas a este país. No fue una excepción. Ocurrió también en Nicaragua como ocurre hoy en Colombia. La URSS lo hizo en Guatemala como lo hace hoy Rusia allí donde puede.
El final de la Guerra Fría no supuso el fin de la violencia en Centroamérica. Sólo su transformación. El proceso de paz se desarrolló en Nicaragua entre 1990 y 1993, en El Salvador se inició en 1992 y en Guatemala comenzó en 1996, con la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno y la guerrilla. Desde la firma de estos acuerdos se redujeron en un 40 por ciento los gastos militares de la zona. Sin embargo, en ningún momento ha ido acompañado de efectivas políticas de desarme. En El Salvador, un año después de la firma de los acuerdos de paz, se habían recogido, según Naciones Unidas, poco más de cien armas. Además, la propuesta de la ONU para convertir la desmilitarización de la zona en un motor de desarrollo a través de los "dividendos de paz" resultó un fracaso. No podía ser de otra forma. Hasta la última moneda recaudada se destinó a pagar los intereses de la deuda externa que ahoga a Centroamérica. No se invirtió, nada, en educación, en sanidad, en protección civil, en la educación contra la violencia, en proyectos para paliar la pobreza estructural. Se perdió una oportunidad, pero era necesario cumplir con los criterios marcados por la comunidad financiera internacional. Continúa el círculo vicioso: la violencia armada le cuesta a América Latina un 12 por ciento del Producto Interior Bruto. La pobreza genera violencia y ésta aumenta la pobreza. La debilidad de los gobiernos de la zona y la inestabilidad crean condiciones para otros negocios: En Honduras cerca de 80 empresas de seguridad privada ofrecen sus servicios a quienes pueden pagarlos. Constituyen un poder paralelo: 7.500 guardias por 8.000 de la policía del Ministerio de Seguridad. En Guatemala son 35.000 agentes (más que en el propio ejército); en El Salvador 17.000.
América Central necesita nuevas estructuras de gobierno. Estructuras para la paz y el desarrollo. Y un plan efectivo para el desarme supervisado por la ONU. Por ahora el contexto internacional no es muy favorable: Estados Unidos y Rusia bloquearon cualquier decisión que limitase el comercio de armas ligeras en la última Conferencia de Naciones Unidas sobre el Comercio Ilícito de Armas Pequeñas y Armas Ligeras celebrada en julio de 2001. El volumen de negocio de determinadas empresas así lo exige. Lógica pura de mercado: más civiles armados, más necesidad de armar a los civiles. Más beneficios. Y mientras, cinco salvadoreños mueren al día por arma de fuego.
