"La reestructura del Estado viene sí o sí, con o sin inversiones", declaró el Presidente Batlle. En una reunión que mantuvo con senadores de la coalición de gobierno, el primer mandatario sostuvo que ahora que llegó a la Presidencia sería imperdonable que no hiciera lo que pregonó durante tantos años, y que el año próximo a iniciarse es la ocasión propicia para hincarle el diente a: la desregulación de los entes autónomos, la disminución de los costos de funcionamiento de los bancos estatales, la reforma de las cajas paraestatales y la modificación de la ley orgánica militar, entre otras reformas de corte liberal que prometió durante la campaña electoral.
En la ocasión, Batlle dijo que si perdió cuatro elecciones por decir lo que pensaba, ahora que llegó al gobierno no va a renunciar a impulsar las ideas en las que cree.
El diario "El Observador" afirma que allegados al presidente indicaron que éste se planteó que durante el primer año de gestión iba a "tomarle el pulso" al gobierno y que en el segundo se lanzaría con reformas de fondo. Para tal fin, en los últimos días se encargó de ir abonando el terreno y de prevenir a la ciudadanía de lo que puede ocurrir el año próximo, entre otras cosas, una avalancha de plebiscitos derogatorios impulsada por la oposición.
Según la publicación, las reformas liberalizantes se plasmarán en distintas leyes, ya que "una ley que contenga todas las desregulaciones acelerará los tiempos de las reformas, pero se presenta como un blanco endeble para la oposición, que con un solo plebiscito puede poner en riesgo todas las desregulaciones.
La otra alternativa, presentar varias normas, es más lenta, pero someterá a la oposición a un desgastante ejercicio plebiscitario." Algunos dirigentes oficialistas esperan que esa posible reiteración de plebiscitos, a la larga genere desinterés en la población.
Por lo pronto, el discurso de asunción del nuevo presidente de la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP), Jorge Sanguinetti, ya dejó claro que habrá una pronta desregulación del mercado de combustibles, se liberalizará su importación, se bajará su precio y hasta se podrá enajenar o cerrar la refinería estatal en La Teja (por otro lado, la única en el país).
En lo referente a la energía eléctrica, ya está en curso la reforma que permite a privados la generación de la misma y su transmisión por las líneas estatales de UTE (Usinas y Transmisiones Eléctricas).
En lo referente a la telefónica estatal (ANTEL, Administración Nacional de Telecomunicaciones), ya está en puerta una nueva ola de desregulaciones que permitirán la acción de agentes privados en distintas ramas relacionadas con la telefonía.
Los bancos estatales (República, Hipotecario, de Seguros, Central y de Previsión Social), "serán objeto de reformas que apunten a reducir los gastos de funcionamiento con miras a mejorar la prestación de servicios y bajar su peso en el costo del Estado y del cliente".
Del mismo modo, están previstas reformas para las "Cajas de Jubilaciones" paraestatales que han permanecido al margen de la privatización de la previsión social. Los proyectos de reformas de las cajas Bancaria, Profesional y Notarial deberán estar prontos en marzo, tal como lo prometió el gobierno en la correspondiente carta de intención al Fondo Monetario Internacional.
Lo mismo sucederá con las cajas Militar y Policial. La Ley Orgánica Militar es otra preocupación del presidente para el año próximo, y su redacción fue encargada a los comandantes en jefe de cada arma y al Ministerio de Defensa, bajo la idea madre de racionalizar la pirámide jerárquica de los mandos militares e ir suprimiendo cargos vacantes.
De concretarse finalmente todas estas iniciativas, los empresarios estarán de parabienes, desde el momento en que en noviembre pasado, el Consejo Superior Empresarial (COSUPEM) reclamó la derogación total de los monopolios estatales, la privatización parcial o total de las empresas públicas, la integración al régimen previsional general de las cajas paraestatales, la aprobación de una nueva normativa sobre concesiones públicas, la racionalización de los salarios estatales y la reducción de la planilla de funcionarios.
El director del Centro para el Estudio de la Realidad Económica y Social (CERES), Ernesto Talvi, afirmó el 6 de diciembre ante la plana mayor del empresariado nacional, que un estudio de su institución estima que sin monopolios públicos podrían ahorrase anualmente unos 800 millones de dólares que salen de empresas y contribuyentes. Con esos recursos, estimó que podrían producirse inversiones por 580 millones de dólares, crearse 45 mil empleos nuevos, mejorar 6% el salario real y elevar 7,6% el consumo. ¿En serio? Mirá como anda Argentina...
