(AIPE)- El desastre económico argentino suscita inquietantes interrogantes entre los defensores del libre mercado. A principios de los años 90, Argentina lanzó un programa impresionante de reformas: estabilizó la moneda, redujo algunas barreras comerciales y privatizó las industrias estatales. Pero luego de unos pocos años de progreso, la economía argentina se estancó y luego colapsó.
¿Qué sucedió? ¿Cómo Argentina, la que fuera símbolo de reformas de libre mercado se convirtió en el ejemplo de sus enemigos?
En retrospectiva, está claro que aquellos que declararon a Argentina como un caso exitoso de libre mercado se precipitaron. Y aquí me incluyo entre los equivocados. Ahora vemos que luego de una década de agitación política y malos manejos económicos, las reformas de la primera administración Menem sólo avanzaron unos escasos pasos en la reconstrucción y la renovación. Si la "mano invisible" del mercado empezaba a abrirse camino, la "mano muerta" del pasado colectivista argentino continuó oprimiendo.
Luego, a mediados de los 90, la reforma se paró en seco. Ya había pasado la emergencia de la hiperinflación de fines de los años 80 y se regresó a la normalidad. Ese relajamiento de la lucha contra la mano muerta gubernamental resultó ser desastroso para la Argentina.
Las perspectivas brillantes de Argentina fueron hechas cenizas por el tradicional populismo latinoamericano: el rotundo fracaso del Estado en sobrevivir por sus propios medios. El gasto estatal combinado (federal y provincial) aumentó del 27% del PIB en 1991 al 35% en el 2000, a pesar que las privatizaciones aliviaron al gobierno de pesadas cargas fiscales. Los ingresos tributarios no mantuvieron el ritmo del festín del gasto público, por lo que se disparó el déficit fiscal. Y como la ley de convertibilidad impedía la manera tradicional de financiar el déficit con inflación, se disparó también la deuda externa, la cual a la larga resultó insostenible, provocando la suspensión de pagos y la devaluación, lo cual hizo que se desplomara la economía.
La indisciplina fiscal argentina no puede ser entendida como un error político aislado, sino que fue el resultado de un profundo desorden institucional: el legado de décadas de malos manejos colectivistas. Mientras no sean reformadas las bases políticas fundamentales, hay pocas esperanzas de que Argentina pueda progresar.
Luego de tantos años de pillaje legal y extralegal, la cultura política argentina es profundamente anti-mercado. Esto implica que existe una fuerte tendencia a buscar ganancias a través del proceso político, en lugar de en el mercado. Si se quiere triunfar, el juego suma-cero de conexiones explotadoras, la búsqueda de favores políticos y las tramas para sacarle algo al pueblo resultan mucho más atractivas y rentables que la iniciativa privada y la inversión. La cultura del saqueo se manifiesta en niveles de corrupción devastadores. En el índice 2001 de Transparencia Internacional, la corrupción en Argentina logró el sitio 57 entre 91 países, peor que Botswana, Namibia, Perú, Brasil, Bulgaria y Colombia.
Asimismo, el Reporte de Competitividad Global del año 2000 de Harvard University y el Foro Económico Mundial sondeó a líderes empresariales de 4.022 firmas en 59 países sobre sus percepciones sobre las condiciones comerciales, situando a Argentina al fondo: número 40 en la frecuencia de pagos irregulares a autoridades gubernamentales; 54 en la independencia de los tribunales; 55 en costos de litigios; 45 en la corrupción del sistema legal y 54 en la confiabilidad de la protección policial.
Esa corrupción sirve para enriquecer a los políticos. Por ejemplo, en la provincia de Tucumán, con una fuerza laboral formal de unos 400.000, hay 80.000 empleados gubernamentales, entre provinciales y municipales, más otros 10.000 empleados federales, y el salario anual de los legisladores era de casi 300.000 dólares en el año 2001. Tucumán no es un caso excepcional. Otro ejemplo es la provincia de Formosa, donde la mitad de la gente trabaja para el gobierno y muchos se aparecen una vez al mes, para recoger su cheque.
a experiencia argentina nos demuestra que una economía de mercado saludable requiere de algo más que la ausencia de controles y regulaciones estatistas. Se requieren instituciones sólidas y aunque las reformas del primer período de Menem fueron pasos positivos, la reforma institucional no se hizo. Mientras no se corrijan las desastrosas instituciones políticas argentinas, no hay esperanza que ese país prospere y emerja de la ruina.©
* Director del Centro de Estudios de Política Comercial del Cato Institute. Este artículo fue adaptado de su intervención en la reciente Conferencia Monetaria Anual del Cato Institute en Nueva York.
