En Colombia, la gran falacia del llamado “proceso de paz” en medio de la guerra irregular reside en que al otorgarle una inmensa zona de protección y de impunidad (42.000kms2) en el suroriente del país a lo más selecto de las fuerzas subversivas totalitarias y a su estado mayor, que además son el sostén básico del narcotráfico, se le está negando el derecho a las Fuerzas Armadas democráticas de combatir y derrotar la cabeza de esa subversión terrorista, única forma de acabar con la guerra, restaurar la libertad y salvar la democracia.
Por otro lado, el pueblo colombiano, que no posee ninguna zona de protección, se encuentra completamente inerme ante las embestidas del terrorismo subversivo porque las acciones militares de la democracia, por más eficientes que sean, al no poder golpear la cabeza del enemigo, se convierten en un ejercicio inútil de heroísmo, que sólo produce desangre y un gran desgaste material y psicológico en las propias filas.
El verdugo ha pasado a ser la figura central de la vida en dicha zona de impunidad, cuyo centro principal es San Vicente del Caguán. Este territorio militarizado por las FARC se ha convertido en el gulag o campo de concentración colombiano, en el embrión de un Estado totalitario. Esta inmensa zona se constituye además en una enorme ventaja militar otorgada a la subversión, ya que uno de los principios fundamentales de la guerra afirma que para poder librar una guerra prolongada el subversivo requiere esencialmente de al menos una base territorial desde la cual pueda operar y abastecerse, a la cual pueda regresar para eludir a sus perseguidores y, algo de importancia decisiva, que sea desconocida para el adversario, o inaccesible por razones militares o políticas.
De 1966, año de su fundación, a 1982 las FARC “fueron consideradas por el Partido Comunista colombiano entre el X y el XIII Congreso como una ‘simple reserva estratégica’”(1), manteniendo el énfasis de la táctica subversiva en la lucha parlamentaria. Es sólo en mayo de 1982 en la VII Conferencia de las FARC y siguiendo la orientación leninista de la combinación de todas las formas de lucha, que el Partido Comunista decide darle prioridad a la lucha armada, incrementando la presencia de la subversión a través de las FARC por toda la geografía nacional y desatando una guerra de agresión terrorista. Sobre este tema Gilberto Vieira, jefe histórico del Partido Comunista, le dijo a Marta Harnecker: “Miramos la lucha armada en la forma que consideramos adecuada y en el momento preciso, sin abandonar ninguna otra forma de lucha y comprendemos que en el desarrollo estratégico de la revolución, la lucha armada va a ser finalmente la más importante y decisiva”(2).
Durante este proceso subversivo, las FARC habían logrado consolidar una base estratégica o “santuario” en Uribe, Meta, la cual fue bombardeada por las Fuerzas Militares en diciembre de 1991, hecho que convirtió de nuevo a la comandancia de las FARC en una banda errante, lo que les impedía pasar de la guerra de guerrillas a una fase superior de la guerra, la guerra de movimientos, para lo cual es fundamental una base territorial de relativa gran magnitud para poder concentrar las fuerzas y crear un ejército regular. Pero “se les apareció la Virgen”, como se dice popularmente, y ahora cuentan con 42.000 kms.2 –que incluyen el municipio de Uribe- inaccesibles para las Fuerzas Armadas democráticas por razones políticas. Territorio que han ido extendiendo a sangre y fuego hacia 24 municipios periféricos con el propósito de consolidar una retaguardia estratégica en el suroriente, que abarcaría 138.307 Kms2, además de la vital zona en el sur de Bolívar, al norte del país, que se ha pretendido entregar formalmente -y en contra de la población- al
diezmado ELN, pero que en realidad es para su aliado las FARC que son la fuerza subversiva dominante y que también tiene sentados sus reales en esa zona. Es decir, la subversión continúa milimétricamente su proyecto político cuyo objetivo es la toma del poder por la vía terrorista para imponer un Estado totalitario. Como lo reafirmó Alfonso Cano, ideólogo de las FARC, en una de las últimas entrevistas dadas: ”Nosotros creemos en el socialismo... Somos marxistas... Nuestro objetivo es el poder político en Colombia”(3).
A partir de esa inmensa base territorial centrada en el Caguán, la subversión está construyendo un Estado terrorista, un Estado totalitario, siguiendo al pie de la letra el guión de la ortodoxia marxista-leninista. Cuenta el historiador Jean-Louis Margolin que cuando en China se creó en 1928 la primera de las “bases rojas” en los montes Jinggang, en los confines de la provincia de Hunan, durante la guerra irregular dirigida por Mao Tsé Tung, “fue en el este de esa provincia donde, el 7 de noviembre de 1931, la consolidación y la extensión de la base principal autorizaron la proclamación de una República China de los soviets, cuyo consejo de comisarios del pueblo presidía Mao... El modelo está trazado: concentrar la dinámica revolucionaria en la construcción de un Estado, y concentrar ese Estado, guerrero por naturaleza, en la construcción de un ejército capaz, in fine, de acabar con el ‘ejército y el Estado títeres fantoches enemigos’, en su caso el Gobierno central de Nankín, que preside Shiang Kai-shek”(4). En el caso colombiano, acabar con las Fuerzas Militares y con el Estado libre y democrático que hoy preside Andrés Pastrana.
Pero, por otra parte, como la realidad es paradójica, las atrocidades llevadas a cabo por la subversión en el Caguán, con el fin de crear el embrión del Estado totalitario, como las expropiaciones, los cientos de asesinatos, los secuestrados concentrados allí –incluidos bebés y niños-, el reclutamiento forzoso, el manejo intimidatorio y brutal de la vida cotidiana, etc., han servido para que la nación colombiana haga conciencia fehaciente de la naturaleza totalitaria del enemigo subversivo y reclame su derecho natural a la legítima defensa, es decir, su derecho a librar una guerra justa. Porque, de lo contrario, como dijera Erich Fromm: “Si veo a alguien que corre hacia mí empuñando un arma con malas intenciones, y creo que es el mensajero de la paz con una paloma en la mano, moriré”. El pueblo colombiano ya tiene claro que la subversión encarna al agresor de lesa humanidad, al responsable de la guerra, al liberticida, del cual hay que defenderse y al cual hay que derrotar.
Este rechazo absoluto a la subversión lo manifiestan los colombianos a través de las encuestas, como la realizada por Gallup entre el 5 y el 8 de abril de 1999, donde el 68% dice que el gobierno no debe aceptar las exigencias de las FARC; donde un 66% desaprueba el manejo pacifista que el gobierno le está dando a la guerrilla; donde un 55% expresa su acuerdo con la presencia en Colombia de tropas extranjeras, derrotando así el supuesto nacionalismo antinorteamericano, que de hecho es prosubversivo; donde el 68% consideró que el despeje se debía acabar
el 7 de mayo de 1999. Toda esta apabullante mayoría en contra de los subversivos se ratificó en la última encuesta, llevada acabo por el Centro Nacional de Consultoría entre el 4 y 5 de junio de 2000, cuando un 68% de los colombianos desaprueban el manejo pacifista dado a las FARC y un 70% consideran que el llamado “proceso de paz” va por mal camino; así mismo, el 73% estimó que el ELN no tiene voluntad de paz; y el 56% de los colombianos consideró positiva la aprobación del Plan Colombia por parte del Congreso de Estados Unidos (5).
Se sabe que la parte armada de la subversión cuenta con 20.000 efectivos entre las FARC, el ELN y el EPL. Además se conoce que la jerarquía paralela que la codirige desde la legalidad, es decir, la subversión totalitaria “legal” –con sus partidos o movimientos, sus sindicatos, sus ONG de “derechos humanos”, sus curas de la Teología de la Liberación, sus funcionarios, sus periodistas, sus intelectuales, sus
publicaciones-, no pudo elegir ni un parlamentario en las elecciones de 1998 tal como lo venía haciendo regularmente, cada vez con menor respaldo; y su principal partido, el Partido Comunista, perdió la personería jurídica al no alcanzar el mínimo de votos requeridos (50.000) para ser tenido en cuenta electoralmente(6). En las mencionadas elecciones el Partido Comunista obtuvo un poco más de 22.000 votos (7), lo que equivale al 0.1% del censo electoral que era aproximadamente de 22 millones de personas. Es decir, el 99.9% se negó a votar por el principal partido de la subversión. Es por esto y por su carácter totalitario que resulta inaudito que se pretenda negociar el presente y el futuro de toda una nación, su libertad y su democracia, con una minúscula organización terrorista.
En consecuencia, si nos atenemos a la definición de guerra civil como “una lucha armada que enfrenta, en el seno de un mismo Estado, importantes fracciones de la población”(8), podemos afirmar con certeza que el conflicto colombiano no es una guerra civil. Cuando se utiliza este término por los intelectuales y periodistas prosubversivos, se busca convencer, sobre todo a la opinión internacional, de que la
subversión cuenta con un importante respaldo dentro de la sociedad colombiana, lo cual es completamente falso. La guerra que padece Colombia es una guerra irregular terrorista desatada por un grupúsculo subversivo de tipo leninista- estalinista, apoyado por la mafia narcotraficante y sus testaferros políticos.
El camino de las concesiones al totalitarismo es el camino de los suicidas. El único camino, un principio perenne, que puede salvar a Colombia, fue el enseñado exitosamente por Margaret Thatcher, quien como primera ministra de Gran Bretaña, a raíz de la invasión de Irak a Kuwait, se lo mostró de manera tajante al presidente de Estados Unidos, George Bush: “jamás hay que hacer concesiones a los agresores”(9).
Lo que está en juego para cada uno de los colombianos demócratas es su libertad, las múltiples y diversas libertades que gozan cada día, consciente o inconscientemente, como la libertad de ser, la libertad de hacer, la libertad de tener, la libertad individual, la libertad económica, la libertad de pensamiento, la libertad de opinión, etc., es decir, la libertad de elegir para qué vivir, cómo vivir, con quién
vivir, dónde vivir, lo que incluye el derecho a la privacidad y a la intimidad. Muchas de estas libertades y otras más están consagradas en la Constitución Nacional y están amenazadas de muerte por el esclavismo terrorista que quiere imponer en Colombia una subversión totalitaria marxista-leninista.
Recordemos que la libertad es la condición sine qua non para el despliegue y el desarrollo de las potencialidades humanas; que el ser humano sin libertad no puede evolucionar y que sin libertad cualquier “paz” es una falsa paz y es un crimen de lesa humanidad porque es una “paz” esclavista. De lo que se deduce que la libertad es un bien superior a la vida misma, porque la vida sin libertad no tiene sentido, es la muerte en vida.
Notas
Gustavo Gallón Giraldo (Compilador), Entre movimientos y caudillos. Editores CINEP-CEREC, Bogotá, 1989, pág. 252;
Marta Harnecker, Combinación de todas las formas de lucha. Ediciones Sudamérica, Bogotá, 1988, pág.79;
Tiempos del Mundo, del 19 al 25 de febrero de 1998, Las FARC fijan su posición, págs. A2, A3 y A4;
Jean-Louis Margolin y otros, El libro negro del comunismo. Editorial Planeta-Espasa, Barcelona, 1998, pág.526;
El Espectador, 7 de julio de 2000, pág.10-A;
El Tiempo, 9 de julio de 1998, pág.7-A;
El Tiempo, 9 de marzo de 1998, pág.19-A;
Charles Debasch-Yves Daudet, Diccionario de términos políticos. Editorial Temis, Bogotá, 1985, pág.141;
Margaret Thatcher, Los años de Downing Street. El País-Aguilar, Madrid, 1993, pág. 700.
