La situación colombiana al final del actual gobierno es dramática y requiere rectificaciones importantes. Tenemos una economía en postración, con costos sociales crecientes en desempleo y carencia de futuro; unas instituciones arrinconadas y desprestigiadas, una sociedad desesperanzada que sólo piensa en la huida, física o simbólica.
La mayoría de los colombianos tiene escepticismo sobre la salida negociada al conflicto armado. Por ello es prioritario plantear racionalmente alternativas. Y no porque estemos al borde de la guerra civil - eso son afirmaciones un poco exageradas - sino porque es la forma racional que tienen los seres humanos de resolver sus diferencias y de aprender a convivir con ellas. Lo cual no significa que todas las personas o grupos actúen con racionalidad, con frecuencia es más la emoción y sus deseos lo que los mueve.
A pesar de la incredibilidad a que nos ha llevado el proceso mal diseñado con las FARC, es necesario persistir en buscar alternativas para reconducirlo hacia un horizonte claro. No simplemente para que la guerrilla entregue las armas. La negociación debe estar unida a reformas políticas, económicas y sociales que le permitan a Colombia su ingreso real a la modernidad y eso lo deben tener claro las elites dirigentes quienes deben saber que la paz tiene costos. Pero tampoco la guerrilla debe pretender auto-designarse como representante de las mayorías nacionales y justificar así el uso de la violencia, de la cual están fatigados los colombianos, así como lo están de los Œjusticieros de la derecha¹, las autodefensas o paramilitares, los cuales justifican sus barbaridades supuestamente para defenderlos de la guerrilla.
En el caso del ELN, los acercamientos durante este gobierno han estado marcados por las opiniones de algunos asesores y funcionarios del gobierno, y de sectores importantes de las Fuerzas Armadas. Piensan que el ELN es una guerrilla disminuida militarmente y que, por consiguiente, es posible esperar un mayor debilitamiento militar y político de tal manera que se la pueda llevar a un proceso de desmovilización-reinserción, similar a los de finales de los años 80.
Encarar los problemas de Colombia no requiere un Presidente que sea del gusto de los grupos armados de la izquierda o de la derecha. Ni es el momento de ensayos o divertimentos democráticos. Se necesita un dirigente político en la conducción del país con un liderazgo democrático claro que le permita influir al Congreso, capaz de dirigir su equipo de gobierno, liderar al conjunto de las instituciones del Estado y conducir y legitimar las Fuerzas Armadas. Todo ello para encarar el necesario replanteamiento del proceso de conversaciones y su evolución hacia unas negociaciones serias para concluir la guerra. Colombia necesita un dirigente que pueda conducir una estrategia política de reformas, para que la guerrilla sepa que las reformas van con o sin su participación, ojalá como parte de un proceso acordado; que lidere una política contra las autodefensas o paramilitares para que ellos sepan que no van a sustituir la institucionalidad; un liderazgo social que interprete a las mayorías nacionales y una adecuada estrategia de disuasión en lo militar, todo ello para hacer posible un proceso de solución negociada, no para la rendición de la insurgencia, pero tampoco para que ella le imponga al resto de la sociedad su estrecha concepción de las salidas a los problemas nacionales. Una salida concertada, que signifique en un horizonte razonable el fin de la guerra y la consolidación de la democracia colombiana.
Alejo Vargas Velásquez es Profesor de la Universidad Nacional de Colombia
