El proceso de democratización protagonizado por la sociedad, pero permitido y aupado por la voluntad política del mismo presidente Ernesto Zedillo, para acabar con la septuagenaria hegemonía del PRI atraviesa con un último y paradójico obstáculo: la única solución coherente con dicho proceso de democratización es la derrota electoral del PRI en las elecciones presidenciales, un aspecto en que la experimentada estructura del oficialismo institucional no parece querer ceder.
Parafraseando a Peter H. Smith, el régimen mexicano llegó a convertirse, luego de más de siete décadas de hegemonía monopartidista, en un sistema evidentemente autoritario, pero moderado y pragmático; incluyente de los sectores organizados y movilizados, “dado a la cooptación y a la incorporación en vez de a la exclusión o el aniquilamiento”[1], fuertemente institucionalizado, no personalista, alrededor de una estructura corporativa civil de burócratas, tecnócratas y hombres de aparato: el Partido Revolucionario Institucional.
La cabeza del sistema político mexicano, e igualmente la cabeza del PRI, es el Presidente de la República, quien se convierte, prácticamente hasta 1997, en un emperador durante el sexenio de su gestión. El peso de la magistratura presidencial en el proceso de selección del nuevo candidato, seguramente nuevo presidente, se demuestra en el mote popular con que se conoce la selección: “el Dedazo”. Antes de que la Opinión Pública conozca al designado, a este último se le nombra “El Tapado”. Por una particular tradición, el poder imperial del Presidente no es extensivo más allá de su sexenio, generalmente, el nuevo designado tiende a “romper drásticamente” con su predecesor, desde Ávila Camacho con Cárdenas en 1940, hasta Zedillo con Salinas de Gortari en 1994.
PRI, el peso de demasiada historia
No se puede negar que, desde el gran fraude electoral de 1988, hasta nuestros días el PRI ha sufrido importantes transformaciones, evidentemente no las suficientes. Para llegar a las elecciones primarias para la selección de Labastida como candidato presidencial, hay una historia mucho más larga de lo que la prensa hace suponer.
El Partido que ha ejercido el poder, en la práctica desde 1917, concretamente desde su fundación como Partido Nacional Revolucionario en 1929, ha tenido diversas transformaciones. Apareció, en principio, bajo la égida de Plutarco Elías Calles, luego del asesinato de Álvaro Obregón (1928), para cubrir bajo un manto corporativo a, prácticamente, toda la sociedad organizada mexicana y a una coalición de caudillos regionales. De esta manera, desde el CROM, luego la CTM, la confederación obrera, hasta las organizaciones campesinas, la poderosa CNC, encontraron dentro del PRI laico y revolucionario un manto estatal de protección y cooptación.
Con la llegada de Lázaro Cárdenas (1934 - 1940), padre de uno de los candidatos actuales Cuauhtémoc Cárdenas, los postulados sociales de la Revolución Mexicana y de la Constitución de 1917, consiguen finalmente su consecución práctica. La Revolución radicaliza sus políticas y la izquierda dentro del partido vive su única, y última, época dorada: nacionalización de los ferrocarriles y de las compañías petroleras, expropiaciones y Reforma Agraria efectiva, una de las pocas en Latinoamérica, a través de las tierras ejidales. Pero el sexenio cardenista, que marcaría como icono la historia latinoamericana, tendría un final conservador. Después de 1938 las reformas tienden a moderarse. Y con la llegada de Ávila Camacho en 1940, se inicia un proceso conservador de aislamiento de la izquierda, dentro y fuera del PRI, a través de la masiva cooptación y los “charrazos” de los líderes sindicales y campesinos, además de una creciente represión de los sectores más radicales, fortaleciendo el control férreo sobre el movimiento obrero y campesino. Este proceso se hará evidente en la matanza de Tlatelolco de 1968 y en la dura represión posterior contra los grupos disidentes más radicalizados.
Esta dinámica de cooptación / represión solo se verá transformada en una dinámica de desmovilización / represión con el desmontaje, modernización, apertura, del fuerte Estado clientelar mexicano a partir del sexenio de Miguel De La Madrid (1982 - 1988), de Carlos Salinas de Gortari (1988 ? 1994) y de Ernesto Zedillo (1994 ? 2000).
Entre la Reforma y la conservación
Hubo varios intentos de reforma de los sistemas electorales federales y de las estructuras priístas. Se inicia un primer proceso importante en 1945, en búsqueda de un sistema centralizado, con el que se pretendía debilitar la fuerza de los caudillos regionales, a esta reforma la Confederación de Trabajadores Mexicanos se opuso fuertemente. Pero contó con un consenso general entre los líderes del PRM / PRI en cuanto al respeto al derecho de las mayoría dentro de cada sector del Partido y en cuanto a las primarias para la selección de candidatos. La centralización del sistema electoral se adelanto hasta 1950.
En 1963 se adelantó otro proceso de Reforma Electoral, para contraponerse a la dura represión política del período 1958 ? 1959, por medio del cual se le garantiza un mínimo de cinco escaños a cualquier partido que obtuviera más de 2,5% de los votos, logrando de esta manera cooptar a los adversarios, PPS, PARM y, sobre todo, al PAN para convertirlos en una leal oposición dentro del sistema.
Un año después llega a la Presidencia del PRI el primer civil, Carlos Madrazo, iniciando un nuevo intento de democratización en el seno del partido, a través del impulso de las elecciones primarias locales. Los fuertes sectores conservadores, incluyendo al Presidente de la República Gustavo Díaz Ordáz, se oponen a dicha apertura, expulsando a Madrazo de la Presidencia del PRI en 1966. Madrazo morirá en un extraño accidente de aviación tres años después.
En 1977 se inicia otro importante proceso de reforma del sistema electoral mexicano, al aprobarse la Ley Federal de Organizaciones Políticas (LFOPPE) se liberalizan los procedimientos para la inscripción de los partidos políticos, se amplía el número de diputados a 400, trescientos uninominales y un centenar por representación proporcional, lo cual significó cien diputados para la oposición; además se amplió el acceso de los partidos políticos de oposición a los medios de comunicación. Esta ley será modificada en 1982.
La reforma política institucional se estanca, y en algunos aspectos retrocede, durante el período de Miguel De la Madrid (1982 ? 1988), a pesar que la LFOPPE se modifica nuevamente en 1986 y 1988. Durante el sexenio el gobierno parece jugar al fortalecimiento estratégico del PAN, entregándole entre 1982 y 1983 las alcaldías de Ciudad Juárez, Hermosillo, Durango y Chihuahua. De idéntica manera, el mismo gobierno detiene cualquier posible avance de la izquierda, expulsando en agosto de 1983 al alcalde de Juchitlán al sur del país. Además, varias acusaciones de fraude en gobernaciones del norte, Sonora y Nuevo León en 1985, manchan la ya pobre gestión de un tecnócrata.
Dentro del Partido Revolucionario Institucional ocurren cambios trascendentales para las elecciones presidenciales de 1988, el peso de Miguel de La Madrid y de la institución presidencial se debilita frente a las pesadas estructuras del partido. Aparece en el seno del oficialismo una corriente democrática que propugna una mayor apertura en la selección del candidato, dentro de esta corriente se encuentran Cuahtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo.
Pero todo pareció resolverse por los cauces de siempre. Muñoz Ledo y Cárdenas fueron castigados. Nuevamente la izquierda dentro del PRI fue anulada y aislada. Se impone un hombre de confianza del Presidente, otro joven tecnócrata, con estudios en Harvard, Carlos Salinas de Gortari de 39 años de edad. Las elecciones son observadas con atención por toda la prensa internacional, Cuahtémoc Cárdenas se postula por una amplia coalición de centro izquierda. La campaña electoral arrecia y, en un último momento los sistemas automatizados de conteo “fallan por causas ambientales”. Las estructuras oficiales dan como ganador a Carlos Salinas de Gortari, y las sospechas de fraude electoral se extienden. Este error de origen marcará con huella indeleble todo el sexenio salinista (1988 ? 1994).
Las evidentes sospechas de fraude parecieron comprometer al gobierno de Salinas con una mayor apertura democrática a los partidos de oposición. El PRI comienza a entregar diversas gobernaciones y alcaldías a candidatos del PAN y del recién formado PRD, de Cuauhtémoc Cárdenas. Pero la “modernización” económica y del aparato del Estado, proceso iniciado durante el sexenio de Miguel de la Madrid, asume un nuevo impulso con las discusiones, y firma, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN ? NAFTA) dándole a la reforma económica un peso mucho más importante dentro de la retórica y de las acciones del gobierno. La reforma política, la democratización, es convenientemente pospuesta, a pesar de que se promulga en 1990, y se modifica en 1993 y 1994, el vigente Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), creándose el Instituto Federal Electoral (IFE).
Con el desastre de 1994, la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, el asesinato, probablemente por personas del mismo partido oficial, del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, se da inicio a la masiva fuga de capitales que provocó una fuerte explosión de la crisis económica. El año electoral de 1994 fue particularmente duro para los mexicanos, pero el entramado institucional del PRI, y la onda democratizadora que el discurso de Colosio había impulsado, llevó con relativa facilidad a su jefe de campaña, Ernesto Zedillo, a la primera magistratura azteca.
Bajo el gobierno de Zedillo la crisis económica fue parcialmente controlada, en gran parte gracias a la ayuda de los EEUU, la economía se estabilizó y comenzó a crecer nuevamente. La ruptura del nuevo presidente con su predecesor llevó al “destape” de la corrupción del sexenio salinista, la implicación del entorno de Salinas en narcotráfico y en el asesinato del Secretario General del PRI, Ruiz Massieu, manchó definitivamente el presitigio de la, ya mancillada, elite dirigente del oficialismo.
El presidente Zedillo ha estimulado de igual manera un importante proceso de modernización de las instituciones electorales y del proceso electoral. Gracias el Acuerdo Nacional entre los líderes del PRI, del PRD y del PAN en 1995 se pudo avanzar a pasos agigantados en la transparencia de las elecciones. En 1996 se realizó la más importante reforma del COFIPE. De esta manera, ya el Ejecutivo no tiene representación en el Instituto Federal Electoral, se le otorgó preeminencia al financiamiento público de las campañas y se facilitó el acceso al Tribunal Electoral Federal, incorporado este último en e Poder Judicial, a los Partidos Políticos. Por medio de esta reforma se estableció la elección directa y popular del Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Luego de la reforma. En las legislativas de 1997 el PRI pierde, por primera vez en su historia, la mayoría absoluta del Poder Legislativo. El conservador Partido Acción Nacional, y la centroizquierda Partido de la Revolución Democrática superan el 50 por ciento de la Asamblea. Se conforma rápidamente un “Bloque Opositor”, formado por el PAN y el PRD, el cual se mantiene, con importantes dificultades [2].
La campaña del año 2000 en México fue absolutamente inédita. El PRI decidió abandonar el “dedazo” directo y seleccionar a su candidato por medio de unas elecciones primarias directas y abiertas. Aunque finalmente se impuso el candidato “oficial” de Zedillo la competencia estuvo increíblemente competitiva, el precandidato Roberto Madrazo amenazó duramente, pero no alcanzó a desplazar a Francisco Labastida.
En la oposición la posibilidad de proyectar la colaboración del “Bloque Opositor” del Legislativo a la candidatura presidencial se vio imposibilitado por dos obstáculos muy fuertes, por un lado, el enfrentamiento personal entre Cuauhtémoc Cárdenas (PRD) y Vicente Fox (PAN) y por el otro la incapacidad de ambas formaciones para acordar un criterio unificado para seleccionar la candidatura única, el PAN defendía a las encuestas como criterio de selección, y el PRD postulaba la realización de unas elecciones primarias abiertas entre los precandidatos. La incapacidad para llegar a consensos no solo sobre la candidatura única sino también sobre la plataforma común marcó la división de la oposición en estas elecciones.
La campaña ha evidenciado un crecimiento inusitado de la oposición al PRI, el grueso del voto opositor parece dirigirse hacia la Alianza por el Cambio y hacia su candidato Vicente Fox. El grueso de las simpatías de Fox se concentra en el electorado urbano, mientras que el PRI sigue siendo fuerte en las zonas rurales. Durante las últimas semanas Cuauhtémoc Cárdenas ha enfocado su retórica contra el candidato del PAN. La guerra de encuestas conmueve también el suelo azteca. El 2 de julio el electorado decidirá. Hay dos escenarios, altamente probables.
Escenario 1: Vicente Fox, presidente
La primera reacción será de alegría e incertidumbre. Para Vicente Fox el gobierno podría iniciarse con un entusiasmo por el cambio alrededor del cual podría crear un gran conjunto de consensos desde la derecha conservadora hasta la izquierda moderada. Pero el PRI conserva una poderosa cuota de poder, no sólo en la estructura federal del Estado Mexicano, sino además en la mayor parte de las gobernaciones y alcaldías, y en gran parte de la estructura sindical. El accionar del gobierno mexicano puede verse obstaculizado por la inercia de los poderes políticos, económicos y sociales ligados al oficialismo. El proceso de democratización y modernización no tiene el éxito asegurado bajo un sexenio con Vicente Fox pero el debate cambiaría cualitativamente.
Probablemente, el entusiasmo inicial alrededor de la candidatura de Vicente Fox ceda ante un replanteamiento de las fuerzas políticas y sociales. El modelo económico iniciado con De la Madrid, potenciado bajo Salinas, y continuado bajo Zedillo no parece ponerse en duda por la nueva coalición. Esto puede crearle una oposición distinta desde la izquierda. De igual manera el simplismo con el que maneja la delicada problemática de Chiapas requerirá un replanteamiento de los términos del diálogo, no sólo un cambio de actores.
Dentro del PRI probablemente se dará inicio a una dura lucha. Durante décadas la cabeza de Partido Revolucionario Institucional ha sido el Presidente de la República, perder la presidencia significará quedarse sin la tradicional cabeza “unánime”. La lucha entre aquellos que promovieron las elecciones primarias internas y la democratización del PRI, y quienes ven dicho proceso con desconfianza se agudizarán. Un PRI, como estructura corporativa, sin cabeza visible y con fuertes problemas internos puede ser presa del caos fácilmente. Ante esto dentro del PRI pueden ocurrir dos cosas: o una poderosa reacción conservadora da marcha atrás al proceso de apertura de las estructuras, por ende veríamos a un PRI en decadencia regresión conservadora y fuera del gobierno federal por más de una década; o los renovadores internos toman finalmente el control de las estructuras, e impulsan un proceso de mayor apertura.
Escenario 2: PRI invictus
Aunque se han creado las condiciones de independencia en el Instituto Federal Electoral una victoria electoral, aunque sea limpia, de Francisco Labastida y del PRI, mancharía su gobierno desde el inicio, casi tanto como manchó a Carlos Salinas de Gortari. Esto le restaría mucho apoyo a su gestión. Además, al contar con un Poder Legislativo con mayoría opositora, y una fuerte sospecha de fraude, su accionar político se verá obstaculizado.
En cuanto al modelo económico y a la estrategia “aperturista” de desarrollo no habrá cambios dignos de mención. Pero, y esto es lo trascendental, ante una nueva victoria del Partido Revolucionario Institucional existen grandes probabilidades de que el proceso de democratización de la sociedad y de la política mexicana se estanque. Dicho proceso avanzó todo lo que podía avanzar bajo un gobierno priísta. Sólo se puede adelantar más en la construcción de un régimen más democrático en México si el PRI sale del gobierno federal.
Notas
[1] Peter H. Smith, “México 1946 ? 1990”, en Historia de América Latina, Tomo 13: México y el Caribe desde 1930, Barcelona, Editorial Crítica / Cambridge University Press, 1998, p. 93.
[2] Por ejemplo, la discusión en torno al paquete de medidas económicas dividió a la oposición y el PAN lo votó con el rechazo del PRD.
